La organización ambientalista nicaragüense Fundación del Río denunció este martes la venta ilegal de tierras indígenas en Nicaragua, y criticó la inacción del Poder Judicial ante la comercialización de tierras nativas y afrodescendientes en el país centroamericano.
“La Fundación del Río envió a inicios de febrero una comunicación a la Dirección General de Registro y Control de Abogados y Notarios Públicos (Digercanp) y a la Dirección General del Consejo Carrera Judicial (CCJ), ambas del Poder Judicial, para denunciar a abogados y notarios que elaboran escrituras públicas facilitando la comercialización ilegal de tierras indígenas y afrodescendientes, en violación de la Ley 445 de Régimen de Propiedad Comunal y otras normativas. Tras un mes de espera y envío de comunicación (adjunta), ambas direcciones del Poder Judicial, responsables de supervisar la actuación de abogados y notarios públicos, siguen sin pronunciarse ni tomar medidas, pese a su mandato”, explicó la ONG.
Las investigaciones realizadas por Fundación del Río, y dos medios independiente identificaron 42 transacciones vinculadas a la venta ilegal de tierras comunales, donde participan al menos 23 abogados y notarios públicos, “facilitando la transferencia fraudulenta de aproximadamente 32,000 manzanas de territorios indígenas y dentro áreas protegidas”.
“Fundación del Río, sigue recopilando más escrituras públicas que los pueblos indígenas y afrodescendientes continúan enviando; algunas transacciones han alcanzado extensiones de hasta 10,000 manzanas, evidenciando la magnitud del despojo y la sistematización de este mecanismo ilegal”, señaló.
El presidente de Fundación del Río, Amaru Ruiz, afirmó que “continuará utilizando las vías oficiales de las quejas y denuncias para que se sancionen a estos abogados y notarios públicos”.
De no suceder nada, “eso implicaría que el Poder Judicial también es cómplice de estos abogados y notarios públicos al permitir que continúen elaborando escrituras públicas para establecer transacciones comerciales en propiedades comunales”.
Ruiz cuestionó el doble rasero del régimen Ortega-Murillo. “Sancionan a abogados y notarios por ser opositores, pero no sancionan a los abogados y notarios que realizan estas actuaciones ilegales”, dijo.