Este martes 11 de marzo de 2025 se cumplieron dos años de la brutal masacre perpetrada contra la comunidad Mayangna de Wilu, ubicada en el territorio Mayangna Sauni As, municipio de Bonanza, Nicaragua.
En ese trágico suceso ocurrido el 11 de marzo de 2023, un grupo de colonos armados irrumpió en la comunidad, dejando un saldo de al menos cinco personas asesinadas, varios heridos, y la destrucción de la mayoría de las viviendas.
El ataque sembró el terror entre los habitantes de una comunidad ancestralmente dueña de esas tierras, que también forman parte de la Reserva de Biósfera BOSAWAS, uno de los mayores pulmones de América Central.
La masacre de Wilu no es un hecho aislado. Según la organización indígena PRILAKA, esta violencia forma parte de un patrón sistemático que ha afectado a las comunidades indígenas y afrodescendientes de la Costa Caribe de Nicaragua durante los últimos años, como consecuencia de la invasión de colonos.
“Exigimos justicia para los hermanos asesinados el 11 de marzo y en todas las masacres que han ocurrido en las Costa Caribe en los territorios indígenas, el cese inmediato de la invasión de colonos en territorios indígenas, el saneamiento territorial que permite responsabilidad de la violencia y de las invasiones a quienes son los verdaderos responsables de tanto dolor y destrucción de las comunidades y de sus bosques, y garantice el respeto genuino de los derechos colectivos de los pueblos originarios”, demandó PRILAKA en un comunicado.
Además, hizo un llamado a la comunidad internacional, a las organizaciones de derechos humanos y a los pueblos indígenas del mundo a “mantenerse vigilantes y a alzar su voz en contra de la violencia y el despojo territorial en Nicaragua”.
“La lucha por la defensa de la vida y la dignidad de los pueblos indígenas es una causa que nos concierne a todos”, afirmó.
Estos ataques violentos han ido acompañados de despojos de tierras y desplazamientos forzados, situaciones que han afectado profundamente la estabilidad y la vida de las comunidades originarias.
A pesar de las numerosas denuncias a nivel nacional e internacional, el Estado de Nicaragua aún no ha implementado medidas efectivas para garantizar la vida, la seguridad y los derechos territoriales de los pueblos originarios.
La falta de justicia ha dejado a las comunidades en una situación de extrema vulnerabilidad, obligándolas a enfrentar el exilio forzado y la pobreza multidimensional.
Una comunidad marcada por el horror
El ataque del 11 de marzo de 2023 ocurrió en la madrugada, cuando un grupo de colonos fuertemente armados ingresó a la comunidad y, usando armas de fuego y armas blancas, asesinó a cinco personas, entre ellas Jesmin Jacobo Lázaro, Lenín Vilchez Patrón Flores, Alberto Castillo Palacio, Jorge Enor Palacio Samuel y Morgan Díaz Palacio, todos hombres jóvenes, menores de 30 años.
En el momento del ataque, la mayoría de los hombres de la comunidad se encontraban fuera, realizando labores agrícolas, por lo que en la comunidad sólo permanecían mujeres, niñas y niños.
Los colonos, además de asesinar a los miembros de la comunidad, incendiaron la mayoría de las viviendas, dejando a las y los habitantes con pocos recursos para sobrevivir. Los sobrevivientes huyeron hacia comunidades cercanas en busca de refugio y seguridad.