Los diputados de facto en la Asamblea Nacional de Nicaragua aprobaron este martes en lo general, una polémica reforma al Código Militar, que consolida la subordinación total de las Fuerzas Armadas a los dictadores Daniel Ortega y Rosario Murillo.
La reforma al “Código de Organización, Jurisdicción y Previsión Social Militar, Ley 181”, aprobada por 90 votos del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) y sus aliados, introduce una serie de modificaciones que estrechan aún más el control del régimen sobre la institución militar, poniéndola bajo la dirección exclusiva de la “Presidencia de la República”.
Uno de los puntos más controvertidos de la reforma es la introducción de un nuevo apartado en el artículo 17, que establece la incorporación formal de las “Fuerzas Militares de la Reserva Patriótica” como parte integral del Ejército de Nicaragua.
Esta medida implica que aquellos oficiales y soldados retirados o licenciados del Ejército pueden ser llamados nuevamente a servicio y formar parte de un grupo armado bajo la supervisión directa de Ortega y Murillo, quienes comparten la “Presidencia”.
Subordinación total a los dictadores
La reforma modifica en profundidad la estructura del Ejército, incorporando en su marco legal la idea de que esta institución está completamente subordinada a la Presidencia, considerada como la “Jefatura Suprema”.
La exposición de motivos del régimen sostiene que estas reformas buscan “armonizar” el Código Militar con la nueva Constitución Chamuca aprobada en enero pasado.
Uno de los aspectos más preocupantes para los expertos en defensa es la modificación del artículo 2 del Código, que establece que el Ejército debe apoyar a la Policía en situaciones que afecten la “estabilidad de la República”, siempre bajo órdenes de los dictadores.
Esta disposición otorga al régimen un control absoluto para utilizar a las Fuerzas Armadas en operativos de represión contra cualquier tipo de protesta o disidencia que, según los dictadores, ponga en riesgo la “estabilidad” del país.
Según los términos de la reforma, el Ejército será considerado como una institución patriótica, no deliberante, indivisible y profesional, que debe subordinarse a la autoridad ejercida por “la Presidencia”.
Además, se destaca que el Comandante en Jefe será nombrado directamente por los dictadores, lo que elimina cualquier indicio de autonomía en la designación de la máxima autoridad militar.
Refuerzos al control del Ejército
La reforma también contempla la extensión del mandato del Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua de cinco a seis años, lo que garantiza que Ortega y Murillo puedan tener un control más prolongado sobre el máximo jefe militar.
Esta modificación asegura que la lealtad al poder presidencial prevalezca por encima de méritos profesionales o institucionales.
Además, el artículo 34 establece que los oficiales podrán permanecer en servicio activo hasta los 45 años, y en caso de “interés institucional” se les podrá mantener en sus cargos aún después de alcanzar la edad límite de 65 años.
Esta cláusula otorga al régimen la potestad de extender el tiempo de servicio militar activo según sus necesidades políticas.
Los analistas coinciden en que esta reforma constituye un paso más en el proceso de consolidación de la dictadura de Ortega y Murillo, al someter por completo a las Fuerzas Armadas a sus intereses políticos.