La Alianza Progresista, una coalición internacional de partidos democráticos y progresistas, emitió una declaración en la que denuncia la consolidación de un “poder absoluto” en Nicaragua tras la reciente reforma constitucional impulsada por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
Según el comunicado, la reforma a la Constitución Política —que entró en vigor en febrero pasado— ha convertido los poderes del Estado en simples “órganos” subordinados a la pareja dictatorial, quienes ahora ejercen una “co-presidencia” de facto.
La organización calificó esta situación como una transformación del sistema político hacia una “monarquía absoluta”, en la que se han suprimido derechos fundamentales, legalizado la tortura y normalizado el despojo de la nacionalidad nicaragüense.
“La concentración del poder en una sola familia, comparable a una monarquía absoluta, no solo representa un grave retroceso constitucional para Nicaragua, sino que también plantea un serio riesgo para la estabilidad regional”, advirtió la Alianza, señalando además las crecientes alianzas del régimen con gobiernos autoritarios fuera de la región.
La declaración recuerda que la represión en Nicaragua no ha cesado desde las protestas sociales de abril de 2018, cuando miles de ciudadanos salieron a las calles a reclamar democracia, justicia y libertad.
Desde entonces, diversos informes —incluyendo los del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua de la ONU (GHREN)— han documentado violaciones graves como detenciones arbitrarias, torturas, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales.
Actualmente, al menos 52 personas permanecen presas por motivos políticos, de las cuales 13 están en condición de desaparecidas, señaló la Alianza.
Además, más del 12 % de la población nicaragüense ha emigrado del país, huyendo de la violencia estatal, la pobreza y la falta de oportunidades.
En este contexto, la Alianza Progresista hace un llamado urgente al cese inmediato de la represión y exige la liberación incondicional de todas las personas presas políticas.
También, solicita a los países receptores de migración nicaragüense que consideren la crisis política del país y adopten políticas específicas de acogida para esta población.
“Instamos a las fuerzas políticas democráticas progresistas, a los gobiernos del mundo, a la Organización de Estados Americanos (OEA), a las instituciones de la Unión Europea, a los movimientos de solidaridad y a la comunidad internacional a tomar las acciones necesarias para facilitar una transición democrática y pacífica en Nicaragua”, señala el documento.
La Alianza Progresista concluye reiterando su respaldo al partido opositor UNAMOS y a todas las fuerzas democráticas que luchan por restaurar la libertad y el Estado de derecho en Nicaragua.