“Es muy difícil empacar 25 años de tu vida en dos meses”. Así resume el politólogo nicaragüense Manuel Orozco el estado emocional de miles de compatriotas que, tras la cancelación del Estatus de Protección Temporal (TPS), enfrentan una orden de salida inminente de Estados Unidos.
La medida, anunciada por la administración del presidente Donald Trump, impacta directamente a cerca de 3,000 nicaragüenses amparados bajo ese régimen migratorio desde 1998.
Orozco, quien dirige el Programa de Migración, Remesas y Desarrollo en el centro de estudios Diálogo Interamericano, califica la situación como un “destierro”, especialmente doloroso para quienes han echado raíces profundas en EE.UU., con hijos en la universidad, hipotecas que pagar y más de dos décadas de vida construida.
“El impacto inmediato sobre los nicaragüenses, sobre los migrantes en particular es de un estado de ansiedad bastante grande, es una presión emocionalmente pesada cuando te dicen que tenés 60 días para irte. Es muy difícil empacar 25 años de tu vida en dos meses. Los dos meses no te dan para organizar tu vida aún en las mejores circunstancias”, declaró Orozco en entrevista con La Mesa Redonda.
Según el experto, la mayoría de los nicaragüenses con TPS emigraron en contextos de crisis en Nicaragua y volver a un país desgobernado por una dictadura, representa un riesgo real y directo para su seguridad.
“El temor frente a la condición de expulsión inminente es realmente demasiado dramática y de mucho trauma emocional, porque te hace pensar en todo. También hay un efecto sobre la ciudadanía americana en general que le está preocupando lo que ocurre con el proceso de deportación”, dijo.
Una carga emocional y económica insostenible
Orozco destaca que la media de edad entre los nicaragüenses bajo TPS ronda los 55 años. Muchos de ellos trabajan en sectores como la construcción, servicios domésticos o comercio, y tienen ingresos anuales promedio de 40,000 dólares.
Son personas que no solo contribuyen a la economía estadounidense, sino que también cumplen con obligaciones fiscales y mantienen activos como viviendas o vehículos.
“Son personas que tienen una edad promedio de 55 a 60 años, ese es el rango de edad, más o menos, porque llegaron a Estados Unidos en sus años 30. Entonces, conseguir trabajo (en Nicaragua) en esas circunstancias no es fácil en términos prácticos. Es decir, llegas a un estado policial, te van a registrar, te van dar la bienvenida al país al estilo de una dictadura”, afirmó.
Añadió: “La realidad es que, el que ha vivido en el exilio sabe lo qué es la vida. Esto es un es un destierro realmente, y luego va a tener que hacer de tripas corazón”.
La decisión también supone pérdidas para el propio gobierno de EE.UU., ya que cada deportación cuesta más de 5,000 dólares al erario, mientras que mantener a una persona regularizada representa un ingreso tributario promedio de 3,000 dólares anuales.
Contradicciones entre el discurso político y la política migratoria
El contraste entre el discurso político y las acciones ejecutivas ha generado confusión. Mientras el secretario de Estado Marco Rubio calificó a la dictadura nicaragüense como “enemiga de la humanidad”, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) impulsa medidas que podrían devolver a sus víctimas al control del régimen.
“La administración (Trump) sabe lo que es Nicaragua y quién está a cargo de Nicaragua, pero su prioridad es la expulsión migratoria al mayor número posible y el TPS es parte de esa situación. Entonces, políticamente realmente sí es contradictorio”, aseguró.
Orozco, mencionó que esta contradicción no es nueva pues ya había ocurrido lo mismo con el TPS para El Salvador en 2018.
“No es la primera vez que pasa, cuando se le quitó el TPS al Salvador en el 2018, el argumento fue sencillo, simplemente hubo una línea, una oración: ‘Las condiciones en El Salvador ya se han superado, por lo tanto, la gente tiene que volver’. Yo creo que políticamente el error que cometieron quienes escribieron eso es empezar a inventarse cosas que no coinciden con la realidad”, zanjó.
Aunque algunos litigios intentan frenar las cancelaciones, Orozco advierte que el terreno legal es limitado y que la solución real es política. Señala que se trata de un campo de batalla donde el Congreso y el Ejecutivo tienen la llave.
“Este es un campo predominantemente de una batalla política más que legal. Lamentablemente no hay un precedente legal robusto que haya protegido a los extranjeros amparados al TPS a quedarse”, indicó.
Sin embargo, mencionó iniciativas como la Ley de la Dignidad, propuesta por la congresista republicana Elvira Salazar, como una luz tenue en medio de un clima hostil.
¿Qué viene para los nicas?
Orozco no descarta que muchos nicaragüenses intenten quedarse en EE.UU. aún sin papeles, buscando el amparo de ciudades santuario o reconectando con sus redes comunitarias.
Otros podrían intentar un ajuste de estatus a través de hijos ciudadanos, patrocinio laboral o reunificación familiar. Pero advierte que el proceso legal es largo, costoso y cada vez más incierto.
“Realmente es un trato cruel e inusual, el devolverlos después de tantos años”, lamentó Orozco.
Los argumentos del DHS para cancelar el TPS a Nicaragua
El 7 de julio pasado, el DHS anunció la cancelación del TPS para Nicaragua bajo el argumento que Washington concedió el beneficio tras el golpe en octubre de 1998 del huracán Mitch, el segundo ciclón más mortífero en la historia del Atlántico porque dejó más de 11.300 muertos en Centroamérica, incluyendo cerca de 7.000 en Honduras y casi 4.000 en Nicaragua.
Pero aseguró que, desde entonces, “ha habido mejoras notables” en las condiciones de Nicaragua y Honduras que “permiten el adecuado retorno de sus ciudadanos”.
Por ejemplo, consideró que Nicaragua “es un creciente líder en turismo, ecoturismo, agricultura y energía renovable”.