El nicaragüense y ciudadano estadounidense Wilmer Alfredo Chavarría González, superintendente del distrito escolar de Winooski, Vermont, denunció que fue detenido e interrogado por agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) cuando regresaba a Estados Unidos tras visitar a su familia en Nicaragua.
A pesar de ser ciudadano estadounidense desde 2018, Chavarría asegura que fue separado de su esposo, privado de asistencia legal y sometido a interrogatorios “abusivos y deshumanizantes” durante más de cinco horas en el aeropuerto de Houston, Texas.
El incidente, ocurrido el pasado lunes 21 de julio, ha generado una ola de indignación en Vermont. La Junta Escolar de Winooski calificó el trato recibido por Chavarría como “inhumano, injusto y profundamente perturbador”, mientras que líderes políticos y defensores de derechos civiles lo señalaron como parte de una política migratoria “intimidatoria y racista”.
Chavarría, de 36 años, nació en un campo de refugiados en Nicaragua y ha vivido en Estados Unidos desde que era adolescente. Tiene dos maestrías, una de ellas de la Universidad de Harvard, y dirige desde 2023 el distrito escolar más diverso del estado.
“Siempre les he dicho a mis estudiantes y a sus familias que tener ciudadanía estadounidense les garantiza derechos. Hoy, debo replantearme ese mensaje”, dijo tras su liberación.
Una experiencia “de terror psicológico”
Según su relato, Chavarría fue detenido tras pasar por la fila de Global Entry —un programa para viajeros preaprobados— y conducido a una sala sin ventanas, donde fue interrogado en al menos cuatro habitaciones diferentes.
Le confiscaron su teléfono y la computadora provista por la escuela, y le exigieron contraseñas para acceder a los archivos, incluyendo datos confidenciales de estudiantes. Cuando pidió contactar al asesor legal del distrito antes de proporcionar acceso, le fue negado.
“Me dijeron que aquí no tenía ningún derecho. Que estar en un puerto de entrada significa que la Constitución no me protege”, relató Chavarría. “Fue surrealista, la definición misma del terror psicológico”.
Su esposo, Cyrus Dudgeon, maestro en otra escuela secundaria de Vermont, fue obligado a esperar sin información. “Sentí que vivíamos un estado de terror impuesto”, declaró.
Condena estatal y llamado a investigar
La secretaria de Estado de Vermont, Sarah Copeland Hanzas, calificó el episodio de “inconcebible” y un “recordatorio aterrador de la agenda de esta administración de negar el debido proceso”.
Por su parte, la congresista Becca Balint, primera legisladora federal LGBTQ+ del estado, denunció en el Congreso que el trato a Chavarría fue “un ejemplo claro de cómo se usa el terror para intimidarnos”.
El senador Bernie Sanders también se pronunció: “Lo que le sucedió a Wilmer es inaceptable. Estamos presenciando una discriminación racial flagrante por parte de CBP. Debemos unirnos para detener estas políticas dañinas”.
Organizaciones como la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) y el Proyecto de Asistencia de Asilo de Vermont también condenaron la detención y recordaron que los ciudadanos estadounidenses no pierden sus derechos constitucionales en los puntos de entrada.
Un patrón preocupante
Chavarría no es el único miembro de su familia afectado por las políticas migratorias recientes. Su hermano, Dino Chavarría, fue uno de los cientos de miles de migrantes a quienes se les canceló un permiso temporal de permanencia en EE. UU. tras una orden del Departamento de Seguridad Nacional.
La familia decidió regresar a Nicaragua antes de ser deportada.
El superintendente, que ha sido un defensor abierto de las comunidades inmigrantes en Vermont, cree que su perfil público y su activismo pudieron haber influido en su detención.
“Me están enviando un mensaje. Dicen que más vale que tenga cuidado cada vez que vaya a ver a mi madre”, lamentó.
Su pase Global Entry fue revocado sin explicación apenas unas horas después de su liberación.
“Esto no es normal”
La Junta Escolar de Winooski pidió una investigación federal sobre el caso y llamó a los ciudadanos a no normalizar este tipo de abusos. “Aunque estos incidentes están ocurriendo con más frecuencia, debemos ser claros: esto no es normal. Es incorrecto. Es inhumano. Es injusto”, expresó el organismo en un comunicado.