La mañana de este miércoles, funcionarios de la Procuraduría General de la República (PGR) clausuraron la clínica previsional AMOCSA en Chinandega, en un nuevo acto de confiscación que apunta contra uno de los últimos centros médicos con cierta independencia del sistema estatal en el occidente del país.
Según reporta el periodista leonés Bismark Lebron, el cierre de la sede en León está programado para este jueves, y todo el personal ya ha sido notificado.
Se presume que también será confiscada y absorbida por el sistema oficialista SERMESA, la red de clínicas ligada al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) y controlada por allegados al régimen.
“Al pueblo de Chinandega le notificamos que AMOCSA ha sido CONFISCADA por la dictadura sandinista, confirmando una vez más que en Nicaragua nadie está seguro ni física ni legalmente. El régimen sandinista tomara posesión el día de mañana de la clínica”, denunció la Unión Universitaria de Chinandega a través de redes sociales.
Lebron afirmó que durante la rebelión cívica de 2018, AMOCSA fue una de las pocas clínicas en el occidente del país que se mostró dispuesta a atender a pacientes heridos en el contexto de las protestas, cuando los hospitales públicos de León y Chinandega cerraron sus puertas a manifestantes lesionados por la represión estatal.
Desalojos abruptos y personal afectado
A través de redes sociales, pacientes denunciaron que el cierre fue repentino y sin previo aviso.
Una ciudadana relató la situación que vivió esta mañana mientras se encontraba internada en dicha clínica: “AMOCSA cierra sus puertas y simplemente nos desalojaron sin ni siquiera poder dar una receta. Trabajadores que aprecio mucho impactados que espero que Dios me les conceda trabajo y fuerzas. Estaba internada y me tocó que me levantarán de la camilla y ni había quien descanalizara, lo tuvo que hacer una doctora y prohibieron dar recetas. Vi mucho personal a lágrimas y la verdad que no es justo”.
Trabajadores de la clínica se encuentran consternados por la pérdida de sus empleos y la forma en que se ejecutó la clausura, sin posibilidad de despedirse de sus pacientes ni de cerrar adecuadamente los casos clínicos en curso.
La toma de AMOCSA refuerza el patrón de confiscaciones que el régimen Ortega-Murillo ha ejecutado desde 2018 contra organizaciones de la sociedad civil, medios de comunicación, universidades, y ahora centros médicos.