Henry Briceño | 04 febrero 2026
La dictadura Ortega-Murillo no ha desistido en querer arrebatar las pensiones a los jubilados. El primer intento fue en abril del 2018 cuando, inconsultamente, ordenó que las cotizaciones laborales pasarían del 6.25% al 7% de los salarios y los empleadores pagarían al seguro social el 22.5% en vez del 19%. Además, en esa ocasión la pareja dictatorial ordenó que los jubilados tenían que “contribuir” con el 5% del monto que reciben como pensión de retiro laboral.
Es decir, que a las pírricas pensiones de los jubilados se les quitaría el 5% haciendo más vulnerable la economía de los y abuelas nicaragüenses. Los empresarios, también, reaccionaron y ésta fue la chispa que incendió al país dando como resultado la insurrección cívica del 19 de abril del 2018.
Insurrección aplastada por la dictadura con un saldo de víctimas mortales de 352 nicaragüenses, centenares de encarcelados, torturados y un éxodo sin comparación al exilio y destierro constituyendo el 12% del total de la población. Mas de 800 mil nicaragüenses luchan por regresar al terruño.
Siete días después de esta intentona, en virtud de las protestas cívicas, Ortega y Murillo desmontaron la disposición dictatorial pero ya organizaciones de derechos humanos daban cuenta de 52 nicaragüenses acribillados por disparos de la gendarmería al servicio dictatorial. La amenaza contra cotizantes, jubilados y patronal estaba suspendida por el momento, pero no descartada.
El primero de febrero del 2019 la Gaceta, diario oficial, indica que la cuota patronal de las empresas con menos de 50 trabajadores se elevó del 19% al 21.5% y para las empresas con más de 50 trabajadores del 19% al 22%, además, la tasa de los trabajadores aumentó del 6.25% al 7%. Ortega y Murillo habían logrado su macabro plan. No les importó el profundo dolor que habían provocado en la conciencia nacional. Menos observaron cómo el salario mínimo -en sector público y privado- sigue muy lejano de alcanzar la canasta básica.
La dictadura no oculta su desprecio hacia los ancianos. Para inicios de 2024 el seguro social había suspendido 18 productos medicinales a los jubilados. Gabapentina, leche, jeringas, dayperez y otros mitigantes de enfermedades crónicas. El sistema nómada en el área de médicos y enfermeras y el recetario de medicinas, carente de calidad, producidas en negocios de allegados al régimen convierte el servicio hacia nuestros abuelos en un hecho lamentable.
Por estas y otras causas es que la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), en unión con la OPS (Organización Panamericana para la Salud), UNICEF (Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia) y el PMS (Programa Mundial de los Alimentos) indican que “alrededor del 19% de la población nicaragüense padece hambre y desnutrición”. Los informes también destacan que Nicaragua tiene uno de los costos de alimentos más altos de la región.
Las acciones en detrimento de los más vulnerables continua con las medidas entre 2019 y 2020 cuando la dictadura bajó del 5% al 3%, y luego al 2% la tasa de deslizamiento del córdoba frente al dólar, en esta ocasión, Daniel Ortega y Rosario Murillo despojaron por el orden de 800 millones de córdobas a los 300 mil pensionados del Seguro Social en Nicaragua.
EL ROBO DE LAS COTIZACIONES
Miles de cotizaciones las han sustraído de los cotizantes más humildes. No todos los que cotizan al seguro social exigen estados de cuentas periódicamente y eso basta para que los delegados municipales y/o departamentales del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (Inss), procedan a restar cuotas a cotizantes activos o en suspenso y se las trasladen a los amigos, familiares o allegados políticos. Así se observa que muchos que jamás han sido cotizantes del seguro social aparezcan con pensiones “caídas del cielo”. Este es otro “rubro” que contribuye a ubicar al seguro social a poseer el mayor porcentaje de gasto corriente del aparato estatal. Esto tiene que examinarse al momento del cambio de gobierno.
ROBO DE PENSIONES A EXILIADOS, DESTERRADOS, DESNACIONALIZADOS Y OTROS
Las pensiones de los exiliados, desterrados y desnacionalizados que han cotizado toda su vida laboral al seguro social han sido canceladas por la dictadura Ortega-Murillo. Son millones pendientes por cuantificar. Este robo es de orden público. También a aquellos nicaragüenses jubilados que por razones antojadizas no se les permite ingresar a Nicaragua son despojados de sus pensiones. Aquí no funciona ningún poder legal o familiar más cercano capaz de retirar las pensiones de las cajas del seguro social.
En este último atropello no solo perjudican al jubilado y/o pensionado, sino que también a sus beneficiarios, en este caso esposas, esposos e hijos con derecho a pensiones parciales. De tal forma que por donde se observe, los abusos de la dictadura Ortega-Murillo inundan la geografía nacional de una u otra manera. La maldad está presente, muy vigente en nuestra Nicaragua.
Esta es otra asignatura para el nuevo gobierno, cancelar -retroactivamente-todas las pensiones que abusivamente han sido arrebatadas a los que dieron lo mejor de sí, laboralmente, en Nicaragua. La dictadura más cruel registrada en América Latina tendrá que pagar por todos sus delitos sin marginar aquellos por crímenes de lesa humanidad.