La linealidad positiva no es parte de la historia política de Nicaragua, más bien esta ha sido una espiral ascendente marcada por la negatividad que cada dictadura ha logrado imprimir, según las distintas etapas que la geopolítica y la geoeconomía de las superpotencias han impuesto en el escenario práctico del quehacer político a escala local. Así, asistimos a más de cuatro décadas de somocismo, sostenido por el beneplácito del hermano mayor del Norte; pero también caímos en una guerra civil enmarcada en el conflicto Este-Oeste -esta vez a manos del sandinismo y sus aliados soviéticos-, la cual solo pudo concluir con el derrumbe del fallido experimento del socialismo. Luego transitamos hacia el experimento unipolar de la globalización -hoy en franca agonía-, que la clase política no supo gestionar, abriendo espacio para que el sandinismo lograra reinventarse, retomara el poder y nos arrastrara a una multipolaridad que, en la práctica, no supera el papel de lacayo de China y Rusia.
Nicaragua ha vivido ciclos repetidos de autoritarismo, acomodamiento de élites y rupturas tardías. Cada dictadura reinventa viejas prácticas y las élites económicas se acomodan hasta que la arquitectura se derrumba. Los patrones son visibles, el somocismo se sostuvo en el militarismo y la represión selectiva, acompañados de un abyecto patrimonialismo y una eficaz alianza con las élites económicas. El sandinismo de los 80 diseñó la fusión Estado-partido para centralizar el poder, implantó un férreo control ideológico y estableció una economía dirigida. La dupla Ortega-Murillo instituyó un híbrido autoritario, se apropió de la institucionalidad, construyó una red clientelar para su defensa y desarrolló alianzas empresariales tácticas.
Este planteamiento nos conduce a un tema poco analizado, del cual se desprenden varios ángulos que no son los únicos, pero sí parte del continuismo histórico que aún nos afecta: más que ideologías, predomina un pragmatismo oportunista en el que la clase política y empresarial negocia con cualquier poder de turno; una cultura del pacto, que privilegia el statu quo de las élites sobre los derechos ciudadanos; una oposición política como “industria”, donde prevalecen el caudillismo, la fragmentación y el beneficio personal; y unas élites empresariales que actúan como bisagra, primero legitimando y validando, hasta convertirse en críticas cuando el costo reputacional o económico se vuelve insostenible.
Cuando el régimen entra en fase terminal, se confirma que el oportunismo no es un accidente, sino un mecanismo de supervivencia donde el botín es el Estado. Las voces críticas crecen exponencialmente, los colaboradores inician un proceso de distanciamiento, los justificadores pasan a denunciar y los beneficiarios del régimen se declaran víctimas.
Ante esa predecible coreografía política, resulta urgente diferenciar entre oportunismo y compromiso democrático real. Abundarán los “yo siempre estuve en contra”, como mecanismo de autopreservación, y los discursos de resistencia se multiplicarán en la medida que los costos disminuyan.
Romper esa espiral histórico-estructural exige eliminar las condiciones que han permitido la continuidad de esta deriva: débil institucionalidad, cultura política caudillista, falta de renovación generacional, dependencia económica e incentivos perversos para las élites.
En Nicaragua, las dictaduras no caen solo por sus excesos, sino porque quienes las sostuvieron deciden que ya no les sirven. El desafío está planteado: la libertad no puede depender de los intereses de las élites, sino de la fortaleza de las instituciones.
Ezequiel Molina
Febrero 4, 2026