A pesar de que uno de los principales capitales estratégicos de Nicaragua reside en la riqueza de sus recursos naturales, ninguna administración pública —desde el somocismo hasta la actualidad— ha asumido la planificación territorial como una verdadera política de Estado. Esta histórica ausencia de una visión integral ha impedido que el potencial biofísico y geográfico del país se convierta en la base de un modelo sostenible de desarrollo nacional, lo que ha sumido al Estado en un prolongado letargo institucional en materia de planificación territorial.
Para comprender la gravedad de este vacío, es necesario entender que la formulación de políticas públicas orientadas al desarrollo territorial sostenible descansa sobre tres pilares fundamentales:
- Las investigaciones geográficas: Generan los estudios de base geológicos, hidrogeológicos, geomorfológicos, de uso del suelo y de carácter geoeconómico (población, actividades productivas, migraciones e infraestructura), que permiten conocer la estructura física y humana del territorio.
- El ordenamiento territorial: Constituye el instrumento normativo que regula los usos del territorio, define las aptitudes del suelo para distintos usos y condiciones de ocupación, armonizando el aprovechamiento económico del territorio con la protección de los recursos estratégicos.
- La planificación física: Convierte la información técnica en directrices públicas concretas, orientadas a la conservación de los ecosistemas, la localización racional de las inversiones y la prevención de riesgos socioambientales.
Nuestra historia reciente muestra cómo esa triada técnico-científica ha sido sistemáticamente relegada. Durante la década de 1979-1990 se realizaron los primeros esfuerzos sistemáticos en estudios territoriales; sin embargo, el contexto de la guerra civil desplazó estas iniciativas a un plano secundario, subordinando la acción estatal a prioridades militares y de seguridad.
Posteriormente, los gobiernos del período 1990-2006 concentraron su agenda en la estabilización macroeconómica y el ajuste estructural. Aunque en esta etapa se registraron avances significativos en descentralización y fortalecimiento de la autonomía municipal, continuó ausente una visión estratégica que articulara el desarrollo territorial a escala nacional.
Paradójicamente, el esfuerzo institucional más serio impulsado en esta materia en el siglo XXI sería posteriormente desmontado por el propio gobierno sandinista encabezado por Daniel Ortega.
Ante el vacío estructural del gobierno central, los gobiernos locales emergieron como actores alternativos de gestión. Uno de los hitos más relevantes de ordenamiento territorial en la historia reciente del país ocurrió durante la administración del alcalde Dionisio Marenco (2005-2009) en Managua.
Bajo su liderazgo se estructuró un convenio intermunicipal e interinstitucional inédito, destinado a proteger la Zona de Recarga Hídrica Sur de la capital. La iniciativa logró articular a los municipios de Managua, Ticuantepe, El Crucero y La Concepción, e integró a instituciones clave como la Empresa Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados (ENACAL) en calidad de ente rector del agua potable, el Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales (MARENA) como autoridad ambiental, y el Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales (INETER) como organismo técnico-científico especializado.
Este convenio sentó un precedente al establecer:
- Restricciones estrictas a las urbanizaciones en áreas críticas de infiltración acuífera.
- Controles rigurosos sobre el cambio de uso del suelo en zonas boscosas y agroforestales.
- Mecanismos de protección en las microcuencas que alimentan el acuífero metropolitano.
Los estudios generados por INETER y MARENA proporcionaron el sustento técnico indispensable para identificar los suelos volcánicos jóvenes de alta permeabilidad, los sectores vulnerables a procesos erosivos severos debido a sus pendientes y las zonas donde el incremento de la escorrentía superficial amenazaba con agudizar las inundaciones en las partes bajas de Managua. La experiencia de la Subcuenca Sur demostró que la viabilidad del desarrollo urbano depende estrictamente de la subordinación de la obra física a los determinantes ambientales del territorio.
Sin embargo, esta experiencia se convirtió en una lección política reveladora del estilo de conducción patrimonial del Estado por parte de Ortega. Desestimando la importancia de la gestión territorial propuesta por Marenco y respaldada por los gobiernos locales e instituciones estatales, la nueva administración sandinista fue desmontando progresivamente la institucionalidad técnico-científica, subordinándola a decisiones políticas centralizadas. El criterio técnico cedió paso a la discrecionalidad del poder.
La trayectoria posterior de Marenco confirmó otra constante del modelo Ortega-Murillo: la capacidad técnica, la experiencia administrativa e incluso la lealtad política dejan de constituir garantías de permanencia cuando entran en conflicto con la concentración patrimonial del poder. Marenco no solo fue un cuadro histórico del sandinismo; fue también un alcalde exitoso y el impulsor del proyecto de ordenamiento territorial más importante de las últimas décadas. Su marginación fue el síntoma de un mal mayor.
La experiencia de la Subcuenca Sur demostró que, bajo el régimen actual, ni siquiera las políticas públicas exitosas sobreviven cuando dejan de responder a los intereses del núcleo gobernante.
Las consecuencias de este giro autocrático en la gestión pública son hoy una realidad palpable:
- Erosión severa de las capacidades técnicas del Estado y centralización absoluta de decisiones.
- Subordinación política de instituciones técnicas, como INETER, y debilitamiento operativo de MARENA.
- Flexibilización de los controles ambientales y autorización indiscriminada de urbanizaciones en zonas vulnerables o de valor ecológico.
- Anulación práctica de la autonomía municipal y de los mecanismos de coordinación interinstitucional.
El resultado ambiental y espacial está a la vista: expansión urbana desordenada, ocupación de zonas de recarga hídrica vitales, presión creciente sobre los ecosistemas y la pérdida absoluta de criterios científicos en la toma de decisiones que deberían garantizar la sostenibilidad del territorio.
La destrucción de la planificación territorial no solo representa un fracaso administrativo; es uno de los mayores costos invisibles del modelo Ortega-Murillo. Al desmantelar la capacidad técnico-científica del Estado nicaragüense para privilegiar la lógica del control político inmediato, el régimen ha hipotecado no solo las condiciones socioambientales del país, sino también la calidad de vida de las futuras generaciones de nicaragüenses.
Ezequiel Molina
Junio 22, 2026