Por R. Evan Ellis

El 30 de junio participé en una reunión de líderes de la oposición democrática nicaragüense organizada por el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales en Washington, D.C.

Las luchas del pueblo nicaragüense me tocan de cerca. Fui expulsado de Nicaragua en 2016 por la dictadura de Ortega y Murillo mientras realizaba un viaje de investigación en el país. También he colaborado con la oposición democrática venezolana en su lucha contra el régimen chavista. Esa experiencia me hace ser escéptico sobre las perspectivas a corto plazo de restaurar la democracia en ambos países.

Un historial de represión y riesgo estratégico

Los argumentos de la oposición son convincentes tanto desde el punto de vista moral como estratégico. Las Naciones Unidas, la Organización de los Estados Americanos y diversas organizaciones de derechos humanos han documentado las violaciones de los derechos humanos de los nicaragüenses y su derecho democrático a la autodeterminación por parte del régimen de Ortega-Murillo.

Entre estas atrocidades se incluyen el asesinato, el encarcelamiento y la tortura de cientos de personas tras las protestas de 2018, el secuestro de las elecciones de 2021, la criminalización de los partidos de oposición y de más de 1.500 organizaciones no gubernamentales, la expulsión de disidentes y la privación de su ciudadanía y sus propiedades.

El régimen también ha dado refugio a líderes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y ha concedido asilo a funcionarios de izquierda acusados ​​de corrupción, entre ellos los expresidentes salvadoreños Mauricio Funes y Salvador Sánchez Cerén.

Estratégicamente, Nicaragua se ha convertido en uno de los principales anfitriones de adversarios de Estados Unidos en la región. Ha acogido repetidamente a tropas rusas desde el regreso de Ortega al poder en 2007, junto con bombarderos rusos con capacidad nuclear e instalaciones de comunicaciones espaciales y entrenamiento policial.

Las empresas chinas han impulsado proyectos de construcción y minería poco transparentes, incluso en el puerto de Corinto y el aeropuerto de Punta Huete, emplazamientos que podrían servir al ejército chino en caso de guerra. La ocupación nicaragüense en 2010 de territorio en disputa a lo largo del río San Juan y la presencia de fuerzas rusas en su territorio han sido señaladas repetidamente como amenazas por países vecinos, entre ellos Costa Rica.

Estos riesgos coinciden en gran medida con las prioridades que la administración Trump ha establecido en su nueva Estrategia de Seguridad Nacional y Estrategia de Defensa Nacional, que sitúan a Nicaragua dentro del enfoque de la «Gran Norteamérica» ​​defendido por el Secretario de Guerra Pete Hegseth.

Los supuestos vínculos del régimen con el crimen organizado y su pasado como refugio de líderes terroristas lo convierten en un factor relevante para la lucha del gobierno contra el narcoterrorismo. Lo mismo ocurre con su papel en la facilitación del tránsito de más de 700.000 migrantes hacia Estados Unidos, incluyendo los ingresos que obtuvo de los vuelos de migrantes haitianos.

Por qué el momento no es propicio

A pesar de estos peligros, las condiciones en Nicaragua, al igual que en Venezuela, aún no son propicias para una transición democrática. Prácticamente toda la oposición organizada, desde la Iglesia Católica hasta la sociedad civil y los líderes políticos, ha sido criminalizada, torturada, expulsada o forzada al exilio.

Las fuerzas de seguridad y el ejército, junto con las élites empresariales que aún viven, están implicadas en la corrupción y los abusos contra los derechos humanos del régimen. Para muchos miembros del régimen, una transición democrática que podría exponerlos a un proceso judicial parece más peligrosa que la continuación de la dictadura. Las próximas elecciones en Nicaragua están previstas para 2027, pero la oposición aún no se ha unificado ni ha construido la base institucional necesaria para presentar una alternativa creíble.

Una abertura estrecha

La posibilidad de cambio más interesante es la transición generacional que se está produciendo entre Daniel Ortega y Rosario Murillo y sus hijos, en particular Laureano Ortega, a medida que la salud de ambos líderes ancianos se deteriora.

Algunas figuras de la oposición nicaragüense argumentan que los sandinistas marginados por esta sucesión podrían producir una escisión dentro del sandinismo, una escisión que la oposición podría aprovechar si logra generar unidad y cultivar vínculos con miembros descontentos del régimen.

Según argumentan, para ello sería necesario acordar un programa limitado de transición democrática, dialogar discretamente con los sandinistas descontentos y otras figuras del régimen, y ofrecer garantías de que los funcionarios que apoyen una transferencia pacífica del poder no recibirán el mismo trato que los responsables de graves violaciones de los derechos humanos.

Por qué la presión externa puede no ser suficiente

Es poco probable que se obtenga un apoyo externo decisivo a corto plazo. Europa ha emitido declaraciones y ha impuesto sanciones, pero no está en condiciones de actuar con decisión si se produce una apertura política tras las elecciones de 2027.

En Washington, otras prioridades, como Venezuela, Oriente Medio y Cuba, podrían retrasar la atención sostenida a Nicaragua, a pesar de que encaja perfectamente con las preocupaciones estratégicas declaradas por la administración. Estados Unidos podría ampliar las sanciones existentes, posiblemente dirigidas contra Ortega personalmente, o bien expulsar a Nicaragua del Tratado de Libre Comercio Centroamericano.

Un observador bien informado sugirió, hablando extraoficialmente, que Washington podría intentar cooptar a Laureano Ortega, tolerando su consolidación del poder y su enriquecimiento a cambio de cooperación y acceso a los negocios, una estrategia que sería paralela al enfoque estadounidense hacia Delcy Rodríguez en Venezuela.

Al igual que en Venezuela, un acuerdo tan pragmático probablemente dejaría sin resolver la ilegitimidad y la corrupción subyacentes del régimen, así como su capacidad para acoger a actores extranjeros hostiles.

Es improbable que Estados Unidos tome medidas más decisivas antes de resolver los desafíos más urgentes en Irán, Venezuela y Cuba. Las elecciones de mitad de mandato de noviembre añaden aún más incertidumbre: un Congreso más receptivo y el interés del gobierno por lograr una victoria política en el hemisferio podrían dar mayor visibilidad a Nicaragua, mientras que la reticencia a abrir un nuevo frente antes de las elecciones podría, con la misma facilidad, relegarla a un segundo plano.

El sufrimiento del pueblo nicaragüense es inmediato. La amenaza que representa el régimen de Ortega-Murillo para sus vecinos y los intereses estratégicos de Estados Unidos es real.

Pero por ahora, la mejor opción para la oposición es forjar la unidad con los desertores sandinistas actuales y futuros, profundizar las coaliciones internacionales y la conciencia pública, y prepararse para el momento en que las condiciones nacionales e internacionales se alineen para una acción decisiva y unida que restaure la democracia nicaragüense y ponga fin al papel del país como plataforma para los rivales de Estados Unidos en el hemisferio.

R. Evan Ellis es investigador asociado sénior no residente del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales. Su último libro, «China se relaciona con América Latina: Distorsionando el desarrollo y la democracia», ha sido publicado por Palgrave Macmillan. Las opiniones expresadas son exclusivamente las del autor.

Opinión publicada originalmente en UPI