De la dictadura al proceso de transición a la democracia en Nicaragua

Por Roberto Garnieri*

La libertad, mi querido Sancho, es uno de los dones más preciosos que han recibido los hombres: vale más que todos los tesoros de la tierra y el mar, y por ella conviene arriesgar la vida si es preciso, pues no hay pena mayor en el mundo que ser esclavo de otro o verse cautivo.

Miguel de Cervantes

El sistema nos vacía la memoria, o nos llena de basura la memoria, y así nos enseña a repetir la historia en lugar de hacerla.

Eduardo Galeano

Te diré lo que es la libertad para mí: es la ausencia del miedo.

Nina Simone

En un artículo reciente, empecé a escribir sobre este importante tema. El objetivo de este nuevo artículo es profundizar la reflexión, sobre todo, en el contexto de las recientes declaraciones del general en retiro Humberto Ortega Saavedra, hermano del presidente de Nicaragua, de los comentarios de varios otros actores políticos nicaragüenses en el exilio y de la descomposición cada vez más rápida de la pirámide gubernamental con sus purgas semanales. Ante todo, es necesario revisar unos aspectos de transiciones en otros países, con el objetivo de ejemplificar tipos de transiciones tanto fallidas como exitosas. No se trata de hacer una compilación de todas las transiciones que ocurrieron en el mundo; son más de quinientas dictaduras desde la segunda guerra mundial – un libro no sería suficiente -, sino escoger algunas en diferentes continentes para ilustrar nuestro propósito. A continuación, expongo los problemas y retos relacionados con los tipos de transición, e intentaré detallar lo que podría ser, esa transición en Nicaragua y cómo implementarla.

En África

Hace unas semanas, se supo que la junta militar, actualmente en el poder en Burkina Faso, encabezada por el capitán Ibrahim Traore, decidió prorrogar cinco años más el régimen militar a partir del 2 de julio 2024. El ejército gobierna al país desde 2022, después de dos golpes militares justificados “por la inseguridad persistente en el país”, causada por grupos islámicos. Esa inseguridad fue la causa de actos de violencia que han matado a miles de personas, ha creado 2 millones de desplazados, y empujado a decenas de miles al hambre. Se suponía que la junta iba a organizar elecciones libres ese mismo 2 de julio. Después de haber expulsado del país a las tropas francesas y pedido la asistencia militar de Rusia, los militares justifican la prórroga por la peligrosa y persistente inseguridad. 

Mali es vecino norteño de Burkina Faso. Se acaba de conformar un “gobierno en el exilio”, con personas tal vez honestas y sinceras, pero no electas. La razón principal de la creación de ese gobierno es que se oponen al gobierno de transición actual, que proviene también de dos golpes de estado militares, que se mantuvieron en el poder ya que ellos mismos habían fijado el final de la transición al 26 de marzo pasado. El 15 de agosto del 2022, el Gobierno francés informó que todas sus tropas culminaron su salida de Mali, tras haber combatido contra militantes islamistas desde 2013. En febrero 2022, París había anunciado el retiro de esas tropas debido al deterioro de las relaciones entre su Gobierno y la junta militar maliense que controla la nación africana. Igualmente, la junta militar en el poder ha fortalecido los lazos de su país con Moscú. Cabe mencionar que existen varios países africanos con el mismo tipo de proceder.

Hablando del continente africano, mencionaré el último ejemplo de la Republica de Suráfrica. Su constitución actual fue aprobada en 1996, dos años después del fin oficial del apartheid, subrayando el significado de la cicatrización de las heridas del pasado y estableciendo una sociedad construida sobre valores democráticos, justicia social, y derechos humanos fundamentales. En reconocimiento de las injusticias del pasado, el gobierno estableció en 1995, una Comisión de la Verdad y Reconciliación para poner a la luz, las brutalidades del régimen de apartheid y establecer la verdad sobre los crímenes de lesa humanidad. A pesar de todo, treinta años después del fin del sistema de apartheid, Suráfrica es uno de los países del mundo con más desigualdad, en donde los problemas sociales y el racismo, siguen prevaleciendo, en particular para el acceso al trabajo digno. 

Son dos ejemplos actuales de transiciones fallidas, dirigidas por militares que quieren quedarse en el poder. El tercero ejemplo, muestra que la transición hacia una real democracia social, no ha terminado del todo, aunque tenga una democracia política. 

En el sur de Europa

No todas las transiciones realizadas por militares fracasan. Basta tomar el ejemplo de la “revolución de los claveles”, en Portugal, en 1974. Ejemplos de este tipo son muy escasos. En la misma época, ocurrieron dos transiciones más en Europa: en España y en Grecia, con características bastante diferentes, pero igualmente proveniente de dictaduras militares. Entre ellas, existen más elementos divergentes que comunes. Dentro de las diferencias: su procedencia, su duración y el contexto internacional. En las semejanzas: el proceso de descomposición de estos regímenes, las crisis coloniales o las aventuras exteriores. Las guerras africanas (Guinea-Bissau, Mozambique, Angola, Cabo Verde) en el caso de Portugal, la crisis del Sahara Occidental en el caso español y la aventura fallida de los coroneles griegos en la isla de Chipre.

Las dictaduras, portuguesa y española ocurrieron en el periodo entre las dos guerras mundiales: 1926 para Portugal y 1936 para España. La griega (1967) se sitúa en el contexto de la guerra fría, en el cual las fuerzas conservadoras y anticomunistas querían impedir, a cualquier precio, un régimen de izquierda en Grecia. Analizando la crisis de estas tres dictaduras, Nicos Poulantzas, señalaba que “los tres países tenían una posición subordinada respecto a las grandes potencias capitalistas, una estructura social comparable y un papel de suministrador de mano de obra, a los países europeos más industrializados. Además, la crisis entre sectores de la burguesía hizo que los sectores populares pudieron participar en la crisis, promoviendo cambios democratizadores.” 

Este último aspecto, fue muy marcado en Portugal, en dónde el Movimiento de las Fuerzas Armadas (MFA) que se formó después de abril 1974, jugó un papel importante. La formación del Estado democrático fue conflictiva y duró de abril 1974 a noviembre 1975 en el cual, el MFA jugó un papel clave ya que la movilización social lo apoyaba y lo empujaba. Finalmente, en las elecciones de la Asamblea Constituyente de abril 1975, triunfa el Partido Socialista y se adopta la nueva Constitución en abril 1976, que sigue vigente. En este caso, fue un golpe de estado de jóvenes oficiales, que después de año y medio devolvió el gobierno a civiles.

El caso español, es muy diferente. Antes de su muerte, el 20 de noviembre 1975, después de más de 36 años de dictadura, Franco había designado a Juan Carlos de Borbón como su sucesor y había también designado a quién sería el jefe del gobierno. Esta transición, que tardó siete años, fue muy convulsa y violenta. Pero, finalmente se consiguió esencialmente por la enorme presión política generada por los partidos de izquierda, el recelo del pueblo español más afectado por el régimen franquista, y la gigantesca incompatibilidad que acarrearía la instauración de un régimen autoritario; en una Europa Occidental plenamente democrática. No hubo discusiones previas con los partidos de izquierda, que seguían prohibidos, y fue el gobierno (encabezado por Adolfo Suarez) presionado por la situación, que elaboró la Ley para la Reforma Política que fue aprobada en noviembre 1976 por las Cortes franquistas, pero fue rechazada por la oposición, entre otras cosas, porque no aseguraba la celebración de elecciones libres. El gobierno de Suarez tuvo que aceptar buena parte de las condiciones de la oposición y adoptar decisiones que no había previsto. Después, se legalizaron los partidos de izquierda y se puede considerar una transición exitosa, a pesar de haberse negado el regreso a la República (condición impuesta a los partidos de izquierda para su legalización), que había sido aprobada por voto popular en 1931, y de haber promulgado una amnistía general que fue una de las condiciones de la reinstauración de la democracia, sin embargo quedan muchos aspectos pendientes con respecto a la rehabilitación de las víctimas del franquismo, y al derecho de memoria histórica. Hasta la fecha, la dictadura franquista queda ilesa.

La dictadura de los coroneles en Grecia duró de 1967 a 1974. Como lo menciona Balios: “Al igual que en España el régimen franquista no cayó por la presión de una revolución sino sólo tras la muerte de Francisco Franco, en Grecia el inicio de la transición tampoco fue únicamente un levantamiento de la población. La razón principal: la incapacidad de la Dictadura para tratar el problema de la invasión del ejército turco en Chipre, consecuencia de su intento de derrocar al presidente de la isla y el consecuente abandono del poder. El 23 de julio de 1974, el entonces “presidente de la República”, el general Gizikis, después de los sucesos en Chipre, llamó a los políticos más importantes del periodo anterior a 1967, con la finalidad de discutir una solución. En esta reunión, los políticos involucrados, entre ellos el primer ministro del gobierno al que los coroneles habían derrocado siete años antes, dijeron al presidente que el ex primer ministro Konstantinos Karamanlís era la persona adecuada para gestionar el restablecimiento de la democracia. En cuestión de horas, Karamanlís regresó a Atenas en el avión personal del presidente de Francia, después de once años en el exilio (de 1963 a 1974).”

Tras el colapso de la dictadura, el gobierno que se formó no tenía la legitimidad de un gobierno democrático elegido por el pueblo. En los primeros meses de la transición, la tolerancia hacia las fuerzas armadas fue importante, y el gobierno siguió un camino hacia la democratización bastante cuidadoso, en el cual se cambiaron poco a poco los altos cargos de las fuerzas armadas.

El proceso de transición del régimen militar a una democracia pluralista resultó exitoso. Durante este período de transición, Karamanlis legalizó el Partido Comunista de Grecia (KKE) que estaba prohibido desde la guerra civil (1946-1949). Esa legalización fue considerada por muchos como un gesto de inclusión política y acercamiento. Al mismo tiempo, liberó a todos los presos políticos e indultó todos los crímenes políticos contra la junta. Igualmente, adoptó un enfoque mesurado para eliminar a los colaboradores y designados de la dictadura de puestos que ocupaban en la burocracia gubernamental, y declaró que se celebrarían elecciones libres en noviembre de 1974, cuatro meses después del colapso del régimen de los coroneles.

Las elecciones fueron seguidas por el plebiscito de 1974 sobre la abolición de la monarquía y el establecimiento de una República Helénica, los juicios televisados de 1975 (Juicios de la Junta Griega) de los antiguos dictadores (que recibieron sentencias de muerte por alta traición y motín que luego fueron conmutadas por cadena perpetua) y la redacción de la nueva Constitución. Los historiadores consideran que la transición griega se había consolidado en 1977 o 1981, en ambos casos, el crecimiento de la influencia política del PASOK (Partido Socialista) se considera clave. 

Sin embargo, el historiador Dimitris Kousouris subraya que «tras la caída de los coroneles, existe prácticamente una impunidad generalizada. La depuración del aparato estatal fue muy parcial y a excepción de algunos juicios, la estructura permaneció intacta. Varias personalidades de la dictadura se incorporaron a grupos políticos de la derecha”.

En estos dos últimos ejemplos, España y Grecia, “los procesos de transición a la democracia fueron protagonizados por fuerzas conservadoras que tenían vínculos con los regímenes políticos anteriores”, como lo señala Kostis Kornetis.

En América latina

Como lo señala el sitio DemoAmlat: “Desde mediados de los sesenta hasta mediados de los setenta, América Latina fue escenario de una cadena de golpes de estado que se extendieron por la región: Brasil 1964, República Dominicana 1965, Argentina 1966 y 1976, Panamá y Perú 1968, Bolivia 1971, Ecuador 1972, Uruguay y Chile 1973. Por fuera de esta gran ola, hubo otra serie de países que no siguieron el itinerario de golpes de estado-transición restauradora del régimen poliárquico, sino que construyeron regímenes alternativos basados en los modelos autoritarios de la órbita soviética: Cuba 1959, Nicaragua 1979 y Venezuela 1999”. Y añade: “Estas décadas estuvieron signadas por una guerra fría que empujó al desarrollo del campo científico-tecnológico en el hemisferio norte, que fue escenario de la expansión de los derechos laborales y previsionales y de la consagración de nuevas prácticas sociales como el divorcio o el aborto libre. […] La respuesta en Latinoamérica fue retroceder al siglo XIX y buscar en los militares una suerte de salvación nacional concretada en los numerosos golpes de estado que dieron las fuerzas armadas en las décadas de 1960 y 1970 en toda la región. Pero la tendencia se revirtió a mediados de los setenta en Europa del sur primero y unos años más tarde en América Latina.”

El 23 de agosto de 1973, el presidente de Chile, Salvador Allende, designa al general Augusto Pinochet, comandante en jefe del Ejército de ese país, en reemplazo del renunciado general Carlos Prats. El 11 de septiembre, Pinochet dirige un golpe de estado en contra del presidente electo que falleció cuando las tropas ingresaban al palacio presidencial de La Moneda. Los partidos políticos fueron suprimidos y se disolvió el Congreso nacional. Fueron años negros para el pueblo chileno por la represión sistemática contra los miembros de partidos políticos de izquierda, la desaparición de muchos de ellos y el exilio y la clandestinidad para otros. 

El proceso de transición a la democracia en Chile se inició con la realización de un plebiscito nacional, que tuvo lugar el 5 de octubre de 1988, en el cual los chilenos tuvieron la oportunidad de decidir si querían o no que el dictador Augusto Pinochet continuara en el poder por otro período de ocho años. La opción del «No» a la continuidad de Pinochet obtuvo una amplia mayoría, con un 55,99% de los votos, frente al 44,01% que apoyó la opción del «Sí». Esto marcó un hito en la historia de Chile, ya que fue la primera vez que el régimen militar era derrotado en las urnas.

El plebiscito fue el resultado de una intensa movilización social y política que se había venido gestando durante los años previos. La oposición al régimen de Pinochet se había organizado en diferentes frentes y había logrado establecer una amplia coalición que buscaba poner fin a la dictadura y abrir paso a un gobierno democrático. Tras el contundente triunfo del «No» en el plebiscito, se abrió un proceso de transición que llevaría a la recuperación de la democracia en Chile. Este proceso incluyó la redacción de una nueva Constitución, la realización de elecciones presidenciales y parlamentarias, y la instalación de un gobierno democrático encabezado por Patricio Aylwin. Pinochet se quedó como jefe de las fuerzas armadas hasta el 10 de marzo de 1998 y al día siguiente asumió como senador vitalicio. 

Es interesante regresar sobre unos aspectos anteriores al plebiscito. Como lo señala Cristina Moyano Barahona, “la labor intelectual fue una de las pocas formas de oposición tolerada por la Dictadura. Diversos espacios académicos no tradicionales, aglutinaron a numerosos cientistas sociales que se dieron a la labor de comprender las razones del Golpe de Estado, las transformaciones sociales, económicas y culturales, que trajo consigo el proyecto refundacional neoliberal de la Dictadura. Para luego discutir los caminos posibles para transitar hacia un gobierno democrático.”

Y añade: “Las jornadas de protesta social, iniciadas en mayo de 1983, tuvieron un fuerte impacto, respecto a “la conciencia” de la oposición social. Desatadas por la dura crisis económica que azotó al país y las políticas de control de la inflación y la cesantía, se generó un fuerte descontento social que se tradujo en un rechazo político al régimen. Los intelectuales de oposición debatieron largamente sobre este proceso, con distintas visiones respecto a su significado; sin embargo, dada la escalada de violencia que experimentaron las protestas y la incapacidad de la oposición de sacar provecho político a estos actos de concertación social por las bases, comenzaron a predominar tres ejes centrales, en sus análisis sobre la democracia y el futuro de transición. 

El primero de ellos fue el concepto de “consenso”, que contenía tres sentidos: 1. “como preferencia compartida de los participantes de evitar una guerra civil”; 2. “acuerdo sobre los procedimientos válidos en la toma de decisiones” y 3. “como concepto límite para discernir las condiciones del disenso”. […] Como planteaba Norbert Lechner, era necesario enfatizar que el consenso “no apunta a un contenido específico sino al modo en que se produce”, es decir, a la acción concreta de reunir voluntades, movilización de expectativas para lograr acuerdos, más allá de los contenidos mismos de estos.” 

En la intelectualidad de centro izquierda chilena, la idea de un consenso social y político, estaba instalada con la urgencia de articular prácticas de consenso y acciones concertadas. Moyano insiste: “Fue en ese contexto donde emerge con fuerza, el concepto de realismo político y una redefinición de la política. Generar prácticas consensuales resultaba lo más pertinente y lo más realista, según los intelectuales políticos. Para ellos, las dinámicas sobre ideologizadas, debían desterrarse en función de un pragmatismo básico que permitiera tomar la iniciativa frente al régimen militar. Según Tironi, el centro de la acción política “reside en la capacidad de incidir en la coyuntura”, cualquier otro objetivo debía subordinarse a este principio fundamental. De allí, el llamado a un realismo político en la oposición y en particular en la izquierda, que para el sociólogo estaba “lejos siquiera de hacerse cargo del cúmulo inmenso de transformaciones que han caído sobre Chile. Repite propuestas para un país objetivamente inexistente, y en un lenguaje seguramente incomprensible para las nuevas generaciones, carentes de la tradicional “cultura política” chilena; y con el inconfundible objetivo de retrotraerla a una situación pasada que nadie quiere repetir, y que, en el mejor de los casos, no significa sino reiniciar un ciclo siniestro”. Este análisis era una crítica a las formas tradicionales de la política, en las que habría estado ausente el realismo y capacidad de consenso.

En Chile, se instauraron mecanismos de justicia transicional para investigar y sancionar los crímenes cometidos durante la dictadura. Entre ellos, destacan la Comisión Nacional de la Verdad y Reconciliación y la creación de tribunales especiales. El proceso de apertura política en Chile, durante la transición a la democracia, fue un periodo de cambios significativos que sentaron las bases para la construcción de un sistema más democrático.

La última transición a la democracia que se menciona es el caso de Argentina que fue víctima de un golpe de estado militar el 24 de marzo de 1976, que duró 7 años. Marina Franco escribe: “El proceso de «transición a la democracia» en la Argentina, es recordado por su ruptura con el régimen dictatorial (1976-1983) y, especialmente, por la investigación y juzgamiento de los comandantes militares, máximos responsables de las violaciones a los derechos humanos, cometidos durante la dictadura. En el contexto latinoamericano, ese juzgamiento y la ruptura con el régimen previo y la no negociación de condiciones de impunidad para los militares, es considerado un ejemplo de «justicia transicional».

En efecto, la transición argentina tuvo elementos fundamentales que la distinguen de los países de la región por variables históricas que permitieron una transición «por colapso» debido al derrumbe del régimen militar y la no negociación de condiciones de impunidad y/o permanencia en enclaves de poder para las Fuerzas Armadas. Los cientistas sociales que han analizado el proceso, desde el ángulo de los derechos humanos, han enfatizado que hacia el fin del régimen, se expandió un rápido clima antidictatorial fuertemente centrado en el rechazo masivo de los crímenes y del terrorismo de estado. En igual sentido, es recordada la voluntad política de Raúl Alfonsín – presidente electo en 1983, de la Unión Cívica Radical (UCR) – en cuanto a la necesidad de investigar y juzgar los crímenes militares como base imprescindible de reconstitución ética de la nueva democracia.”

Las actividades de los partidos políticos permanecieron formalmente suspendidas, y algunos fueron ilegalizados ya que “el perfil del enemigo que diseñaron las fuerzas represivas –“la subversión”, “el terrorismo”– incluía a militantes de organizaciones políticas no armadas, delegados sindicales y activistas estudiantiles, familiares o amigos de las víctimas, intelectuales sindicados como “ideólogos de la subversión”, tuvieran o no vínculos con los grupos guerrilleros. Así, la violencia represiva desbordó a estas organizaciones y se descargó sobre activistas y opositores políticos de distinto signo y otras expresiones de la izquierda” como le señala Gabriela Aguila.

Pero añade: “A pesar de todo, las fuerzas de izquierda no desaparecieron y, adicionalmente, el trato que les dispensaron las autoridades militares fue diferenciado. Si bien restringieron o limitaron, a través de un conjunto de medidas legales y extralegales su accionar, no todas esas organizaciones sufrieron la ilegalización expresa. Este fue el caso del Partido Comunista. A diferencia del resto de la izquierda, el partido siguió siendo legal, mantuvo la estructura organizativa y transitó esos años con menos dificultades. Por su parte, su actuación ha sido analizada muy críticamente, en tanto la línea que asumió frente al régimen militar, fue calificada como moderada, complaciente e incluso de colaboración. Finalmente, la retórica fuertemente anticomunista de la dictadura argentina, no le impidió mantener relaciones económicas y diplomáticas privilegiadas con la Unión Soviética.” Ese partido, que fue uno de los partidos argentino de izquierda más importante durante gran parte del siglo XX, pagó fuertemente su actitud durante la dictadura, a pesar de haber tenido muchas víctimas, en el contexto de la transición a la democracia.

Paulatinamente y a medida que el régimen perdía legitimidad, iban recuperando terreno en el espacio político a través de algunos dirigentes y, posteriormente, como organizaciones. Se puede considerar el inicio del fin de la dictadura, a la derrota en la guerra de las Malvinas de junio 1982, en el marco de una grave crisis interna de la junta y de una crisis económica y social crítica.

En Argentina, el término democracia “se moduló en un tiempo rápido e intenso entre la “transición por colapso” iniciada con la derrota militar en la guerra de Malvinas y la crisis de las Fuerzas Armadas que determinó las tensas negociaciones con la dictadura para consensuar un calendario electoral firme, y el tiempo de las campañas electorales con las que comienza a reorganizarse el espacio público político clausurado […], y tendiente a desplazar, mediante elecciones, al gobierno de facto. La democracia continuó creciendo como expectativa política desde el triunfo electoral de Alfonsín, quien incrementó retóricamente el futuro de sus posibilidades, hasta por lo menos el año 1985 como momento cúspide, que concentra el juicio en tribunales civiles a los comandantes responsables del terrorismo de Estado, el plebiscito por el diferendo con Chile por el canal de Beagle, los sucesivos proyectos de reforma con sus debates parlamentarios, y el anuncio del plan económico Austral: el tiempo de una promesa que declina vertiginosamente” como lo señala Cecilia Lesgart.”

Lesgart sigue escribiendo, que 1985 fue un año decisivo ya que “es el año del juicio civil a la Juntas Militares. Cuya sentencia, que condenó a 5 de los militares acusados y absolvió a 4, se dictó el 9 de diciembre de 1985. […] Estos juicios usaron como prueba documenta,l el enorme trabajo de recepción de denuncias testimoniales de familiares y sobrevivientes, vecinos y testigos oculares, y pruebas sobre el funcionamiento de los centros clandestinos a lo largo de todo el país. Ese enorme trabajo había sido organizado y sistematizado por la Comisión Nacional de Desaparición de Personas, creada a sólo cinco días de asumido el nuevo gobierno por iniciativa del presidente.”

Videla y Massera fueron condenados a reclusión perpetua con destitución. Viola, a 17 años de prisión, Lambruschini a 8 años de prisión, y Agosti a 4 años y 6 meses de prisión; todos con destitución. Graffigna, Galtieri, Lami Dozo y Anaya fueron absueltos. El tribunal consideró que las juntas militares habían elaborado un sistema represivo ilegal, que incluyó la comisión de «gran número de delitos de privación ilegal de la libertad, a la aplicación de tormentos y a homicidios», garantizando su impunidad. El fallo ordenó también enjuiciar, a todas las personas que tuvieron responsabilidad operativa en las acciones criminales probadas en el juicio. Las llamadas Leyes de impunidad (1986-1990) cerraron los juicios por delitos de lesa humanidad y perdonaron a los miembros condenados de las juntas militares y a miles de eventuales culpables. A partir de 2003 con Néstor Kirchner de presidente: fueron anuladas las Leyes de Impunidad y los juicios fueron reabiertos, condenando y encarcelando a cientos de criminales.

Este juicio, que fue único en la historia, tuvo un alto impacto, tanto político como psicológico a nivel nacional y una increíble trascendencia a nivel internacional. Gracias a éste, después comenzaron a proliferar otros juicios a miembros del ejército y de la marina de menor rango.

El proceso final de la dictadura y los primeros pasos del gobierno democrático, no fue un camino lineal y ascendente de transformación en la esfera pública y en los consensos sociales; en favor de la justicia; la condena de la represión y de las violaciones hacia los derechos humanos, sino que se trató de un cambio más paulatino, irregular, plagado de continuidades en las antiguas representaciones sobre la violencia y la legitimidad de la represión. De otra manera, ¿cómo pensar que la percepción sobre la necesidad de la lucha antisubversiva y la represión estatal, que había contado con amplísimos apoyos sociales y políticos desde antes del golpe de Estado de 1976 y que fuera la base fundamental e inconmovible, del apoyo al gobierno dictatorial durante siete años, iba a desaparecer tan rápidamente de las percepciones sociales y los discursos públicos? 

A su vez, el cambio de representaciones en favor de los derechos humanos y la condena de la represión, también se venía gestando desde antes. Pero no fue una mera transformación por el crecimiento y mayor visibilidad de la denuncia de los crímenes, en un marco de menos censura y de derrumbe del poder militar, sino que fue parte de un clima general antidictatorial y antimilitarista que incluyó el descubrimiento de la represión atroz, como hecho condenable y meritorio de responsabilidades penales. A ese clima y al proceso que llevó a la justicia, contribuyeron no sólo la lucha de los organismos de derechos humanos, sus denuncias y la voluntad de figuras políticas como Alfonsín, sino, también, el propio cierre de filas de la corporación militar, que una y otra vez, optó por negar cualquier información y cualquier elemento para construir la tan ansiada «verdad» demanda por los afectados y algunos sectores políticos. Ante ese silencio y la reconfirmación de la legitimidad y legalidad de lo hecho, el camino que se fue construyendo fue el de la justicia. Esa justicia fue posible, entonces, no sólo por las condiciones de una transición por derrumbe donde las Fuerzas Armadas no tenían poder de negociación alguno, sino también, debido a una transición donde la institución castrense se mostró fuerte para no negociar ni reconocer responsabilidad real en aquello que había sido su misión fundamental: el aniquilamiento de la “subversión”.

La necesaria transición a la democracia en Nicaragua

El 19 de mayo 2024, el general en retiro Humberto Ortega Saavedra, hermano del presidente dictador de Nicaragua, dio una larga entrevista al medio argentino Infobae que fue comentada por varios actores políticos nicaragüenses. A partir de estas declaraciones, el general estuvo en casa por cárcel, su casa allanada y le fueron confiscados teléfono y computadoras y posteriormente, recluido en el Hospital Militar, sin derecho a visitas, hasta el día de hoy. 

Como lo escribe Oscar Rene Vargas, “en su entrevista, Humberto Ortega planteó cuatro posibles escenarios, como son la operación quirúrgica, el estatus quo, un golpe cívico militar y la sucesión”. La operación quirúrgica se refiere a una intervención militar rápida de Estados Unidos para instalar un nuevo gobierno que organizaría elecciones. El estatus quo, habla por sí mismo, esperar hasta que suceda algo. ¿Cuánto tiempo? Evidentemente, no se sabe. Un golpe cívico militar, que podría organizar elecciones libres, pero eso necesitaría un mínimo de negociación con la oposición. Y la sucesión dinástica con uno de los hijos, Laureano en particular, por la cual Humberto no ve ninguna posibilidad de éxito y de viabilidad. Por lo tanto, lo que queda es tratar de abrir negociaciones para las próximas elecciones generales de noviembre 2026 o eventualmente antes, como se hizo en 1990. Humberto lo plantea como una iniciativa que debería de tomar Daniel Ortega ya que parece considerar que los diferentes liderazgos (y egos) de la oposición en el exilio no lo pueden hacer.

Es este punto en particular, que queremos enfatizar. Los ejemplos anteriores y muchísimas de las transiciones que ocurrieron en el mundo, necesitaron que, en un momento dado, los diferentes actores o sus representantes se sienten alrededor de una mesa. Por tanto, es necesario que las presiones externas empujen a la necesidad de un diálogo, también es necesario que, dentro de Nicaragua, haya un nuevo despertar del movimiento social. Existe una resistencia pasiva, pero no es suficiente. Se necesita una movilización. No se trata de salir mañana a las calles sin preparación, sin seguridad. Esta movilización interna se tiene que construir poco a poco y el papel de las organizaciones que tienen todavía militantes dentro de Nicaragua, es esencial. Es la combinación de esta movilización, con la presión externa que puede llevar a imponer abrir un espacio de dialogo como ya ocurrió en Venezuela, o que ocurre en Colombia. Estamos conscientes que son procesos difíciles, pero es la única perspectiva que existe en el marco de una lucha cívica y pacífica.

La democracia tiene dos componentes: la participación (elección) y la oposición (pluralismo). La transición a la democracia supone una competencia libre y pluralista de partidos políticos y la celebración de elecciones universales y libres para ocupar mandatos y funciones públicas. Los derechos humanos y su protección son un componente cualitativo necesario. El problema es que en la mayoría de los casos, por lo menos en América Latina, la democracia se ha introducido en países sin tradición democrática. Mientras que el establecimiento de un orden institucional democrático se puede dar de una manera relativamente rápida, la creación de una cultura democrática requiere periodos más prolongados. Existe un abismo entre el principio abstracto y la realidad democrática que está condicionado básicamente por los resultados en las áreas económica y social, en los cuales intervienen elementos como seguridad y subsistencia del individuo. 

El diálogo que mencionamos tiene que desarrollarse en territorio neutro, bajo supervisión internacional con representantes del gobierno y representantes de la oposición en el exilio y del interior. Representantes que se hayan preparado juntos anteriormente para esa tarea, que tengan unos objetivos mínimos comunes, discutidos y elaborados ampliamente con anterioridad y no su propia agenda: liberación de los presos políticos actuales, regreso de los desterrados, de los desnacionalizados y de los exiliados que lo desean, restablecimiento inmediato de sus derechos cívicos, restablecimiento de las libertades fundamentales de reunión, de expresión, de asociación, organización de elecciones libres y pluralistas a muy corto plazo. Es decir, la aplicación de los artículos 5, 20, 30 y 43 de la Constitución de Nicaragua. A estos puntos hay que añadir, justicia a través de la instauración de una comisión de la memoria y de la verdad. Parece que eso es lo mínimo, en el cual todos los opositores podrían estar de acuerdo.

Después de las elecciones uno verá y luchará por qué tipo de gobierno quiere y con quién. Ese programa incluye a todos los que quieren incorporarse, de dónde provienen, incluso ex miembros del FSLN que no tienen sangre en las manos.

La comisión de la memoria y de la verdad

La comisión de la memoria y de la verdad es el primer paso de lo que se llama justicia transicional. Este término se emplea generalmente para indicar al conjunto de medidas que un régimen nuevo, después de un conflicto o una crisis política, tiene que recurrir para enfrentar las violaciones de los derechos humanos que ocurrieron antes de la transición. El objetivo es promover la transformación de la sociedad, facilitar la reconciliación, y favorecer el establecimiento del estado de derecho y de la democracia.

La definición de justicia de transición adoptada por el secretario general de las Naciones Unidas, está escrita en un documento de 2004: “La noción de “justicia de transición” que se examina en el presente informe abarca toda la variedad de procesos y mecanismos asociados con los intentos de una sociedad por resolver los problemas derivados de un pasado de abusos a gran escala, a fin de que los responsables rindan cuentas de sus actos, servir a la justicia y lograr la reconciliación. Tales mecanismos pueden ser judiciales o extrajudiciales y tener distintos niveles de participación internacional (o carecer por completo de ella) así como abarcar el enjuiciamiento de personas, el resarcimiento, la búsqueda de la verdad, la reforma institucional, la investigación de antecedentes, la remoción del cargo o combinaciones de todos ellos.” Como se puede leer, este proceso tomará tiempo y nada tiene que ver con venganza.

“Mientras todo el mundo esperaba un baño de sangre en Sudáfrica, la sabiduría de un Nelson Mandela consistió en renunciar a las armas y aceptar la negociación. Si bien hubiera podido vengar los malos tratos sufridos en las cárceles del apartheid, hizo del penal de Roben Island un lugar de memoria. La violencia a la que hay que poner fin, no es de cualquier tipo: se trata de la venganza, es decir, de una réplica que se arriesga a inclinarse a uno u otro lado en una violencia infinita. Lo propio de la justicia es cerrar un ciclo […], es decir, acabar con una espiral infernal a través de la fundación de una nueva institución” acordaba Antoine Garapon. Tal vez el futuro de la cárcel del Chipote es también transformarse en un museo. 

Y Garapon añade: “La justicia teje un lazo entre el horror del crimen y el presente; un presente dirigido hacia un futuro mejor, hacia un más allá. El pasado no vuelve a ser un síntoma que nos late en las sienes como en una terrible jaqueca: su poder es desactivado por un relato; más que esconder esta cárcel, signo de la infamia, celebrarla como el templo del nuevo pacto constitucional”.

Como lo señala Tamara Belén Rogers “En 1998 comenzaron a realizarse en Argentina los denominados ‘Juicios por la Verdad’. Ellos fueron una forma sui generis de procesos penales que no buscaron la sanción penal de los responsables, ya que se encontraban vigentes en ese momento histórico las leyes de impunidad, sino que su objetivo era conocer la verdad sobre lo ocurrido durante la última dictadura militar, y de esta manera recuperar el derecho a la memoria. […] La idea de un Juicio por la Verdad, constituyó una acción estratégica inscrita en una nueva interpretación de los cambios políticos nacionales e internacionales tendiente a buscar la verdad e instalar en la esfera pública, un relato legitimado por el escenario judicial, acerca de lo acontecido en la dictadura”.

Y añade “que en todo momento los organismos de derechos humanos tomaron estos juicios, como una alternativa para eludir la impunidad; por otra parte, se trataba de la posibilidad de reunir información y prueba con el fin de hacerlas valer en su oportunidad para perseguir penalmente; por otra, jamás se conformaron sólo con la verdad, fue sólo una vía para continuar el trabajo y en muchos casos, de esos mismos juicios se iniciaron procesos penales”.

En un trabajo de 2014, Sujian Guo y Gary Alex Stradiotto escribían “En la definición del proceso de transición democrática, el traspaso de poder es un elemento clave, además de la política, la autoridad se deriva de la libre decisión de un electorado. La transición se refiere a la fase intermedia que comienza con la disolución de un antiguo régimen y termina con el establecimiento de uno nuevo. Las transiciones democráticas consisten en dos procesos simultáneos, pero hasta cierto punto autónomos: un proceso de disolución del régimen autoritario y un proceso de emergencia de instituciones democráticas”.

Y tomaban en consideración lo que ocurrió en tres países diferentes: “Las transiciones democráticas rara vez son fáciles y no ocurren rápidamente. La vía de transición tiene consecuencias para el éxito de la democracia en el entorno posterior a la transición. Las revoluciones, por ejemplo, como la de Irán en 1979, la de Filipinas en 1986 y la de Rumanía en 1989, fueron abruptas y se caracterizaron por un efecto de bola de nieve. Una vez que se produce una apertura política, a menudo a través de protestas masivas y/o deserciones de las fuerzas armadas que ganan impulso, el objetivo de la revolución se vuelve claro: eliminar el ancien régime. El asunto pendiente es, ¿qué debería reemplazar a la dictadura? Todas las partes interesadas en Irán, Filipinas y Rumania acordaron que los gobernantes en ejercicio debían ser destituidos y los manifestantes se unieron para expulsarlos. Sin embargo, no había consenso sobre qué debía reemplazarlos: democracia, teocracia o un nuevo dictador”.

Y en el caso de transiciones pactadas: “Por otra parte, las transiciones pacíficas y negociadas se caracterizan por una dualidad de propósitos: eliminar o reformar el régimen existente y sustituirlo por la democracia. El propósito y el resultado de las mesas redondas (como la de Hungría en 1989-1990) fueron la transición del Estado a la democracia, en donde todas las partes negociadoras estuvieron de acuerdo. Tanto las transiciones violentas como las pacíficas, coinciden en que el régimen actual, debe ser derrocado o reformado, pero sólo, en las transiciones pacíficas está claro que el reemplazo, debe ser democrático”. Y mostraban que “que las transiciones cooperativas también se asocian con una duración democrática más larga”.

Las tareas pendientes

Pero hay que considerar también otros aspectos importantes. Por ejemplo, parte de los jueces en función pueden estar comprometidos con el gobierno actual, lo que puede complicar una justicia justa, serena y sana. Eso significa que antes de empezar los procesos judiciales será necesario sustituir a varios jueces. El código penal actual de Nicaragua, no tiene artículos sobre violaciones a los derechos humanos. Tampoco los tiene la Constitución. Nicaragua no ha firmado ni ratificado el Estatuto de Roma y, por tanto, no participa en la Asamblea de los Estados Partes (el órgano legislativo de la Corte Penal Internacional). Un nuevo gobierno tendrá que hacerlo.

De la misma manera, se tendrá que reconstruir el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social y modificar eventualmente la Constitución, fomentar la inversión, que las grandes empresas paguen sus impuestos, etc. Como lo acordaba Oscar Rene Vargas “Nicaragua es el país de la región centroamericana con la brecha de desigualdad más grande, pues desde el 2007 a 2023 los ricos han incrementado sus fortunas y los pobres se acercan más a la miseria. […] Los ricos nicaragüenses gozan de grandes fortunas porque han disfrutado, entre otras prebendas, de un sistema tributario perfectamente funcional para eludir impuestos, lo cual ha permitido incrementar sus riquezas desproporcionadamente. 

La evasión de impuestos de la renta corporativa y personal ha sido un mecanismo permitido por el capitalismo de amiguetes. El alto nivel de evasión de impuestos que grava en base a los ingresos de las personas no sólo debilita la recaudación, sino también afecta la capacidad redistributiva en beneficio de la población más vulnerable”.

Y señalaba que “Las políticas económicas del régimen Ortega Murillo no han sido diferentes a las implementadas por los gobiernos neoliberales anteriores (1990-2006); entre otras cosas, porque las personas encargadas de diseñarlas y ponerles en práctica comulgan con las mismas ideas económicas neoliberales”. 

Además, los indicadores internacionales demuestran que en Nicaragua se ha incrementado la corrupción desde el 1998 a la fecha. Por ejemplo, el índice de percepción de corrupción de 1998 de Transparencia Internacional le asignó a Nicaragua una calificación de 30 puntos (en una escala de 0 a 100, donde 0 equivale a una total corrupción y 100 a una inexistencia de corrupción) y ocupaba el rango 61 de 85 países tomados en cuenta. Mientras que, en 2023, tiene una calificación de 17 puntos y ocupa el rango 172 de 180 país. Esos resultados están presentados en la figura 1.

Pero, como lo señala OR Vargas “existe una grave corrupción gubernamental a través de la asignación de contratos públicos millonarios a empresas vinculadas a miembros de la familia en el poder, al partido de gobierno, a altos cargos del Ejército y de la Policía activos y retirados, los cuales proporcionan la mayor parte de los servicios gubernamentales en sectores como la seguridad, la energía eléctrica, el combustible, la construcción y los productos farmacéuticos”.

El gobierno actual no tiene proyecto social, político y económico para el desarrollo del país y el mejoramiento de la situación de los más pobres y de la población en general. Su discurso es el odio hacia la oposición y la represión que toca a todo el mundo. “Por eso la oposición no puede tener un mensaje demagógico, fácil, de brochazos. Hay que respetar a las personas; y respetarlas es, entre otras cosas, no engañarlas y no decirles que con la caída de la dictadura se acaban todos los problemas” como escribe Vargas. Y añade “Para facilitar la implosión se debe de golpear los principales anillos de poder, con el objetivo de que la dictadura se derrumbe como las casas que han sido carcomidas por las polillas, las termitas. Las personas que abandonan las filas del orteguismo, de manera abierta o encubierta, deben de ser tratados con respeto para fomentar el abandono de su base social e incrementar la implosión”. 

Hay que tener también un discurso específico hacia los miembros de la policía y del ejército que son también víctimas de la situación económica creada por el gobierno y ayudar a los desertores.

Como lo hemos expresado anteriormente, las tareas de un nuevo gobierno serán enormes y tendrán que realizarse con la participación del pueblo a través de nuevas formas de organización colectiva. De esta manera no haremos lo que decía Platón en su época: “El precio de desatenderse de la política es el de ser gobernado por los peores hombres”.