Autocracia, dictadura, dinastía en construcción; todos son términos ajustados a la realidad que el pueblo nicaragüense soporta bajo la férrea mano de la criminal pareja que se ha convertido en objeto de condenas, sanciones, aislamientos y acusaciones de gobiernos, organismos internacionales, asociaciones políticas, intelectuales, gremiales y un largo etcétera, pero a pesar de esas condicionalidades, la concentración de poder, expresado en el desmantelamiento de la institucionalidad, la destrucción del sistema de justicia y el aniquilamiento de todo vestigio que signifique separación de poderes, avanza a paso firme y sin tregua, y es que para un régimen totalitario, que se sabe repudiado, y que tiene asegurado un final dramáticamente impredecible, el término “suficiente”, no existe.
Las pequeñas economías de Nicaragua y Honduras, no son nada comparables con la economía venezolana, coronada por sus enormes reservas petroleras, pero sus administradores, encabezados por dos malignos matrimonios, no tienen nada que envidiar en materia de crímenes y maldades al torpe dictador venezolano, de hecho, el chavismo ha importado eficientemente muchas de las medidas represivas del sandinismo y, a decir verdad, con buen suceso.
Ambas administraciones -nicaragüense y hondureña- apuntalan sus ilícitos en extemporáneos preceptos ideológicos, carentes de toda validez y credibilidad, a la vez que mantienen una relación tensa, pero efectiva, con los agentes económicos, internos y externos, que les proporcionan una relativa estabilidad económica. El caso Nicaragua en este sentido, se desmarca del caso hondureño al tener una política “coordinada” con la administración Biden, que consiste en desterrar nicaragüenses hacia EE. UU, sea voluntaria, a través del parole humanitario, o forzadamente, al desnacionalizar a opositores secuestrados y liberarlos bajo el patrocinio del Departamento de Estado; dicha expulsión migratoria representa un ingreso anual estimado en 5 mil millones de dólares, inyectados directamente a la dinámica económica del día a día, lo cual representa una efectiva válvula de escape al estallido social, que pudiera gestarse como producto de la tensa situación, que en el plano económico se expresa a través de la elevada tasa de desempleo, el encarecimiento sistemático de alimentos y otros bienes y servicios sustantivos, así como la paralela ampliación del subempleo y autoempleo en condiciones de precariedad, sin obviar el estrangulamiento en materia política, religiosa y de libertades públicas ejercida por los aparatos represivos del régimen.
Convertir a Nicaragua en un agente patrocinador de múltiples acciones dirigidas a socavar la frágil estabilidad socioeconómica y política regional, parece ser la piedra angular de la actual reedición sandinista, al ofrecer su territorio, en una actitud vendepatria sin precedentes, a los servicios de espionaje rusos, a las concesiones extractivistas concedidas a empresas chinas, así como el servil culto a gobiernos antidemocráticos como Cuba, Irán y Corea del Norte, entre otros.
Reforzando esa deriva, la dictadura confiscó recientemente, 12 pistas de aterrizaje distribuidas en los departamentos de Chinandega, Boaco, Río San Juan, León, Matagalpa, Granada y Chontales, las que bajo su control, y coincidentemente con el destape del narco-escándalo protagonizado por altos funcionarios de la administración de Xiomara Castro en Honduras, podría tratarse de una maniobra destinada a convertir a Nicaragua en centro de trasiego regional de drogas, en su tránsito hacia Estados Unidos. Recordemos que Nicaragua, normalmente incauta droga, la cual se desconoce su destino, así como dinero en efectivo y otros recursos, de los que tampoco se rinde cuenta, y muy raras veces son capturados los delincuentes a cargo de las operaciones ilícitas en territorio nacional.
La puerta hacia la vulneración de la paz regional y la creación sistemática de condiciones que consoliden la influencia de China y Rusia en la región, está en proceso de ampliación, y no parece existir voluntad alguna de poner freno a dichas amenazas. La caída de la dictadura sandinista es un imperativo de carácter urgente para frenar esas perniciosas injerencias extra regionales. El diseño e implementación de una agenda única de acción de las fuerzas opositoras, encabeza la lista de demandas ciudadanas, pero los cacicazgos no parecen ceder.
Septiembre 19, 2024
Ezequiel Molina
Profesor, geógrafo e investigador.
