José Alberto Montoya | 20 noviembre 2024
Recientemente, el Dr. Gustavo Porras, presidente designado de la Asamblea Nacional anunció un iniciativa de reforma parcial a la Constitución Política propuesta por el presidente Ortega, sin anunciar cuáles artículos serían modificados, aseguró que la reforma era para que el país contara con una constitución “adecuada a los nuevos tiempos de amor y combate a la pobreza” – la experiencia nos dice que cuando el régimen anuncia de forma tan esquiva una reforma o una iniciativa de ley, el resultado es el debilitamiento al marco legal.
Sin embargo, siguiendo la retórica de la dictadura, un gobierno que tiene acaparadas en absoluto todas las instituciones del Estado tanto los poderes como las instituciones descentralizadas, así como las alcaldías del país, no puede argumentar que para el “combate de la pobreza” se requiere una modificación al texto constitucional, ya que, cuentan con el poder requerido para aprobar medidas que beneficien a las familias empobrecidas del país, claramente, el gobierno de Ortega y Murillo, toman ese argumento para quebrar cualquier rastro de lo que fue la institucionalidad nicaragüenses, ahora, asaltando la Constitución Política.
Según la CEPAL, aproximadamente un 82% de la población de América Latina vive en zonas urbanas, y no precisamente por beneficios territoriales, los desplazamientos internos en búsqueda de mejores oportunidades de subsistencia se encuentran en las capitales o zonas urbanas de mayor desarrollo; claramente, Nicaragua no es la excepción, si no, todo lo contrario, ya que el país según Naciones Unidas, cuenta con más de un 11% de su población viviendo en el exterior, lo que convierte el rubro de las remesas en uno de los principales ingresos de la economía nicaragüense; todo esto a diecisiete años seguidos de gobierno de Daniel Ortega, de los cuales ocho ha gobernado sin contrapesos institucionales.
Para el año 2023, la Inversión Extranjera Directa aumentó un 53,9% en comparación al año anterior y para el primer semestre del 2024 hubo un incremento del 11,3% lo que representó un 16,9% del Producto Interno Bruto, incentivando principalmente sectores como el industrial y financiero, esto, según datos del Banco Central. Se podría suponer una sanidad económica en el Estado, sin embargo, lo que sorprende es la nula distribución de riquezas, cuando la canasta básica sigue mayor a C$20.000,00 a pesar de que los ajustes salariales han sido mínimos.
Otra situación esbozada, han sido las afectaciones de la tormenta tropical Sara que dejó un saldo de dos personas fallecidas y alrededor de 1.800 viviendas afectadas en cincuenta municipios del país; las personas fallecidas fueron del Cua, Chontales y La Trinidad, Estelí – ¿Acaso el Estado ignoraba las dimensiones que dejaría esta reciente crisis climática?
El combate a la pobreza siempre ha estado en manos del único gobierno en la historia contemporánea que ha contado en absoluto con los recursos, control territorial y una clara estabilidad propia para lograr resultados tangibles para la población, sin embargo, los intereses del gobierno se han especificado en la centralización del poder y no en la mejora la calidad de vida de las familias nicaragüenses.