El dictador Daniel Ortega envió a sus diputados de facto en la Asamblea Nacional, una iniciativa de reforma parcial a la Constitución Política de Nicaragua, cuyo contenido no se ha hecho público, lo que ha generado incertidumbre entre la población nicaragüense.

La iniciativa fue presentada por la abogada Claudia Curtis, miembro del equipo jurídico de la “Secretaría de la Presidencia”, quien la entregó al presidente de facto de la Asamblea Nacional, el sancionado Gustavo Porras.

Según Curtis, la reforma busca “actualizar” la Carta Magna para reflejar los avances y desafíos del país, aunque no especificó qué cambios incluirá.

Por su parte, Porras mencionó la importancia de esta reforma, asegurando que se trata de una “actualización y modernización” de la Constitución para adaptarla a los “nuevos tiempos” del país.

“Estos tiempos deben estar cubiertos por una nueva Constitución, atravesada en su totalidad por el elemento principal: la lucha contra la pobreza. Así nos lo ha indicado el Presidente y la Vicepresidenta de nuestro país”, dijo Porras.

“Vamos a trabajar rápidamente esta semana para tener listo esto, porque es fundamental para el proceso de transformación de nuestro país, un proceso que une a todos los nicaragüenses alrededor de los principios y elementos forjados día a día en nuestra lucha diaria”, añadió.

Sin embargo, la falta de transparencia ha sido una constante en el manejo de las reformas constitucionales. Ni los medios de comunicación oficialistas ni el sitio web de la Asamblea Nacional han publicado el texto de la reforma.

Este secretismo en torno al contenido de la propuesta ha generado dudas sobre las verdaderas intenciones del régimen, especialmente considerando que en el último año la Asamblea Nacional ha modificado la Constitución en varias ocasiones sin un proceso claro ni abierto de consulta pública.

Los orteguistas en la Asamblea Nacional aseguraron que trabajarán para aprobarla “rápidamente”.