Por: José Alberto Montoya | 07 abril 2025
La reciente imposición de aranceles del 18% a las exportaciones nicaragüenses por parte del gobierno de Donald Trump no es solo una medida económica, sino también un golpe a la estabilidad de una nación que ya enfrenta una grave crisis política y social. Este tipo de acciones, lejos de ser un triunfo para quienes se oponen a la dictadura de Ortega y Murillo, deben leerse como una advertencia de los peligros de la instrumentalización económica en contextos de conflicto político.
Es crucial que la oposición nicaragüense no caiga en la trampa de celebrar estos aranceles como una victoria contra el régimen. Las verdaderas víctimas de estas sanciones no serán los dictadores que se mantienen firmes en el poder, sino el pueblo nicaragüense, en especial aquellos sectores que dependen de la estabilidad del comercio exterior. Es momento de actuar con empatía, con visión y con estrategia. La tarea de la oposición debe ser construir una salida política viable, una transición que permita recuperar la institucionalidad, el Estado de derecho y la senda del desarrollo económico sostenible.
Las sanciones impuestas por Estados Unidos no están motivadas por un afán democratizador ni por una preocupación genuina por los derechos humanos. Son medidas propias de un gobierno imperial que utiliza la economía como herramienta de presión para sostener su propia estabilidad interna; y a su vez, mandar un mensaje, Trump al igual que Reagan en su momento, quieren hacerle ver al mundo que no hay más mundo que las imposiciones de las estrellas y las barras. Al encarecer los productos nicaragüenses en su mercado, el gobierno estadounidense no busca castigar a Ortega, sino proteger a sus industrias y contener amenazas geopolíticas en su patio trasero. No es solidaridad, es cálculo frío.
Nicaragua, según datos del Banco Central, exportó en 2023 cerca de 4,525 millones de dólares a Estados Unidos, lo que representó el 60% de sus exportaciones totales. En 2024, esa cifra bajó a 4,192 millones, un 38.7% del total, lo que evidencia una tendencia a la diversificación, pero sin perder de vista la enorme dependencia que aún se tiene con ese mercado. Los productos más relevantes son la carne de res, café, oro, textiles, tabaco, frijol y caña de azúcar, todos ellos ahora amenazados por el incremento arancelario. Esto repercutirá directamente en el empleo y en la actividad de las zonas francas, que hoy sostienen a unas 120,000 personas, en su mayoría mujeres.
Por otro lado, el gobierno de Ortega y Murillo ha contribuido activamente a este deterioro. Su decisión de retirarse del sistema interamericano de justicia en noviembre de 2023 y su reciente salida de la FAO demuestran una estrategia de aislamiento internacional que agrava la situación interna. La salida de la FAO implica la pérdida de asistencia técnica y financiera fundamental para el sector agropecuario, donde los pequeños y medianos productores quedan expuestos sin apoyo para mejorar sus prácticas ni enfrentar los efectos del cambio climático. Con un 19.6% de la población enfrentando hambre, esta decisión es una muestra de la desconexión del gobierno con la realidad del pueblo.
La credibilidad internacional de Nicaragua está por los suelos, y cada movimiento del gobierno va cerrando las puertas de la cooperación y el financiamiento. La dictadura ha eliminado los espacios gremiales, ha cooptado los movimientos financieros del país y ha debilitado a la empresa privada, impidiendo cualquier posibilidad de crecimiento económico real.
Así como, poco a poco alejándose más de los más cercanos, el conflicto que protagonizado la dictadura en Centroamérica pareciera más las patadas de un niño malcriado a quien se le quitó un juguete, que la de un Estado reclamando derechos, y es que están claros que han perdido cualquier oportunidad de reclamo, es decir, ¿cuánto puede reclamar un Estado que se ha permitido disminuir ha simples carteros a sus diplomáticos?
Si bien las medidas de Estados Unidos responden a una lógica imperial de contención y no a un verdadero interés por la democratización de Nicaragua, el gobierno de Ortega y Murillo ha demostrado no tener la capacidad ni la voluntad de encaminar al país hacia un modelo de desarrollo sostenible. La doble agresión: desde afuera por intereses económicos ajenos y desde adentro por un régimen autoritario, ha colocado a Nicaragua en una situación extremadamente vulnerable.