Por Miguel España | 01 de agosto 2025
Resumen
Que la libertad religiosa no haya sido un tema de primer orden en la construcción de una sociedad democrática en Nicaragua, quizá se deba a la histórica hegemonía católica en el país centroamericano y a sus relaciones normalizadas con los diferentes gobiernos, a excepción de dos ocasiones: el liberal entre 1893-1909 y el sandinista 1981-1989. Actualmente existe una crisis sociopolítica en la que al centro aparece un conflicto político-religioso, principalmente con la iglesia católica, y de una forma un poco más velada, con sectores evangélicos. Diversos informes revelan un sistemático asedio y violencia institucional contra las iglesias, principalmente contra la católica. ¿Se puede justificar desde el principio de «regulación razonable» el hostigamiento y asedio religioso? ¿Es posible la plena libertad religiosa en un contexto de violación de los derechos políticos fundamentales? ¿Acaso no es la voz profética inherente a la identidad, creencias, convicciones y praxis cristiana, por lo que no puede acusarse de politiqueros a sacerdotes y pastores críticos de un poder despótico?
Introducción
En la historia de Nicaragua tres han sido los momentos en que la idea de libertad de religión ha tenido algún protagonismo en la construcción de ciudadanía: En la revolución liberal (1893- 1909) con la promulgación de leyes modernizadoras del Estado, entre ellas, leyes de laicidad (Tijerino, 2012. 194); en 1966 la Iglesia Católica propuso remover el artículo 100 de la Constitución que trataba de la educación laica, a fin de que se introdujera la educación católica y así rebatir el Estado laico. «Las Iglesias Evangélicas organizaron un Comité Pro-Educación Laica, y emitieron el primer manifiesto en favor de una educación laica y reafirmaron la separación entre iglesia y Estado» (España, 2021. p.120). Por último, en el contexto del gobierno sandinista de los años 80.
Desde muy temprano sectores católicos y protestantes expresaron su simpatía con el proceso insurrecciona! contra la dictadura somocista (España, 2020). Muy pronto las tensiones entre el gobierno y la institución católica y sectores evangélicos trajeron al centro de las luchas el tema de la libertad religiosa, ante acciones del gobierno sandinista que atentaban contra la libertad religiosa, como el caso del padre Bismarck Carballo, el cierre de una radio católica, el asedio a templos católicos, toma de templos evangélicos y de organizaciones religiosas como la de los Testigos de Jehová y Mormones. En el caso de sectores evangélicos el gobierno acusaba a altos líderes de ser agentes de la CIA, colaboradores de la Contrarrevolución o del IDR (Equipo Envío, 1982).
Todo esto ocurrió a pesar del comunicado que emitió el gobierno en 1980, donde expresaba lo común y fundamental entre cristianos y no cristianos: la revolución, un proyecto de liberación donde se integran valores esenciales del cristianismo. En lo fundamental el comunicado apunta; Los sandinistas afirmamos que nuestra experiencia demuestra que cuando los cristianos, apoyándose en su fe, son capaces de responder a las necesidades del pueblo y de la historia, sus mismas creencias los impulsan a la militancia revolucionaria. Nuestra experiencia nos demuestra que se puede ser creyente y a la vez revolucionario consecuente y que no hay contradicción insalvable entre ambas cosas. (España, 2020. p. 79-80)
Si bien no se dio una persecución religiosa de forma abierta y amplia, sí se atentaba contra la libertad religiosa de sectores que no comulgaban con la adopción y adaptación de la ideología marxista-leninista a los ideales nacionalista -sandinistas. Las cosas eran muy complejas, porque también, amplios liderazgos evangélicos adoptaron un lenguaje religioso-político anticomunista y antiecuménico proveniente de sectores conservadores de Estados Unidos. Las visiones políticas y las visiones religiosas en la historia de Nicaragua siempre se han entrecruzados con los diversos proyectos políticos y culturales. Las ideas o perspectivas, tanto políticas como religiosas, no han desarrollado la capacidad de análisis de la cuestión laica vinculada a la construcción de una sociedad democráticamente plural, donde las tensiones sean gestionadas en favor de un proyecto nación.
En 1990 el FSLN entrega el poder a un gobierno de transición, el cual había ganado las elecciones en noviembre de 1989. En el año 2007 el FSLN regresa al poder, se da una escalada del autoritarismo y deterioro del Estado de derecho y la democracia, hasta el estallido sociopolítico del año 2018, en que la mayoría de la población nicaragüense rechazaba la represión y autoritarismos del gobierno sandinista (Chamorro et al., 2020). La dirección del desarrollo de la escalada represiva (Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos [oacnudh], 2022) nos hace considerar que se está llevando a cabo, además del deterioro de la libertad religiosa, la construcción de las posibilidades, inicialmente de facto, luego político-jurídica, del control religioso en Nicaragua. Lo dicho no es gratuito, y al parecer no se circunscribe únicamente al contexto de crisis sociopolítico 2018- 2023, sino que tiene sus síntomas desde 2015.
Excesos religiosos e intervención del estado
Por lo menos dos sucesos sirven de antecedentes inmediatos en las intenciones del gobierno sandinista de intervenir para regular las prácticas religiosas en Nicaragua. En el año 2015 se dio a conocer un fenómeno atípico en El Viejo, ciudad de Chinandega, donde en un campamento religioso un grupo de personas esperaba el fin del mundo. Este grupo se conformaba de aproximadamente 650 personas provenientes de Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua, de los cuales 300 eran niños y niñas en situación de desnutrición y sin el derecho de ir a la escuela o recibir cuidados médicos (BBC Mundo, 2015). Otro caso sucedió el 21 de febrero del 2017 en el Corteza!, al norte de Nicaragua, en el que la hermana evangélica Vilma Trujillo fue sometida a un exorcismo que terminó en tragedia: Vilma fue echada a las llamas de una hoguera en un ritual llevado a cabo por un pastor laico y otras líderes locales, lo cual acabó con su vida (Baker, 2018; BBC Mundo, 2018).
Ante el primer suceso, el gobierno decretó una normativa que restringía la entrada de misioneros. Por tanto, pastores de varias denominaciones solicitaron al gobierno la derogación de la normativa que restringe a los misioneros ingresar a Nicaragua en labores pastorales y sociales (M. Chamorro, 2016). Cinco razones adujeron los líderes pastorales, pero solo traeremos una por estar relacionada directamente con el tema de este texto, la libertad religiosa:
5. La iglesia Cristiana Evangélica trabaja de acuerdo con la ley, la normativa, por lo tanto atenta contra la libertad religiosa e instrumentos jurídicos. En su totalidad dicha normativa invalida los artículos 5, 14, 27, 29, 30, 31, 45, 46, 53 y 54 de la Constitución Política de Nicaragua, por cuanto, atenta contra la libertad religiosa de los nicaragüenses y líderes cristianos extranjeros, además contradice el tratado centroamericano (CA4) de la libre movilización y la Declaración Universal de los Derechos Humanos, asimismo la Ley 147 de registro y control de asociaciones religiosas sin fines de lucro y la Ley 761. (Baltodano, 2016)
Observamos que cuando se trata de posibles lesiones a la libertad religiosa, cosa que atenta contra la capacidad de acción de las organizaciones religiosas, los liderazgos religiosos se informan y organizan para defenderse.
Frente al segundo caso, personeros del gobierno iniciaron conversaciones con los principales liderazgos nacionales para que se creara una oficina de asuntos religiosos y la solicitud de que los ministros evangélicos estudiaran teología formalmente, en los que se enseñara ética y la legislación nicaragüense. Para muchos sectores evangélicos esto significaba un entrometimiento del gobierno en asuntos de competencia religiosa.
La coyuntura política y religiosa de la crisis sociopolítica
Las relaciones entre los principales liderazgos evangélicos y el gobierno no podían ser mejores antes del 2018 por tres razones fundamentales: 1. El gobierno ha cumplido con las promesas hechas al construir la Plaza Parque la Biblia en el año 2008 (Hernández, 2008) y la legalización de los terrenos donde se ubican muchos templos evangélicos (Guevara, 2019a); 2. Apoyo económico por parte del gobierno a proyectos y ministerios cristianos a través del Presupuesto General de la República (Guevara, 2019b); 3. Ser reconocidos ante el gobierno como iguales respecto a la iglesia católica, lo que equivale a conquistar espacio de poder.
Existía una mesa de diálogo entre el gobierno y «las vacas sagradas», llamados así los principales liderazgos evangélicos del país, para mutuo beneficio. Pero llegada la crisis del 2018 muchos de estos liderazgos le dieron la espalda al gobierno, cosa que causó mucha indignación a los personeros evangélicos políticos por «todo el apoyo que se les había dado».
De parte de sectores católicos las relaciones con el gobierno se venían degastando producto de que en múltiples ocasiones la jerarquía le reprochaba al gobierno el encaminamiento hacia un totalitarismo visible o encubierto (Lugo, 2022). «El año 2014 fue decisivo para la vida política y religiosa de Nicaragua, ya que marcó los primeros pasos de una Iglesia católica más abiertamente crítica y claramente posicionada ante el Estado» (Espinoza, 2021. p. 357). Podemos notar la estrategia: mientras el gobierno se distanciaba de la iglesia católica, se acercaba cada vez más a sectores evangélicos como una forma de obtener legitimidad social.
Las cosas se definieron en abril del 2018 ante el estallido social a causa de dos crisis mal gestionadas desde el gobierno: el incendio de la reserva Indio maíz, ante lo cual jóvenes universitarios salieron a las calles a protestar; y las reformas a la seguridad social que afectaba a las personas adultos mayores. Estos dos detonantes aparecen en un contexto de más de 100 marchas y protestas campesinas contra el megaproyecto del canal interoceánico. Este megaproyecto lesionaba la soberanía territorial nicaragüense y a las comunidades campesinas, en beneficio de una elite política financiera-empresarial nacional en contubernio con el grupo HKND, del cual era presidente Wang Jing (López y López, 2023), hoy acusado de estafa (Redacción Nicaragua Actual, 2021); Así también, en un contexto de serios deterioros de los derechos humanos, de la institucionalidad y el arrinconamiento de las expresiones opositoras y disidentes.
Fuimos testigos de la represión contra los jóvenes universitarios por grupos de choque de la juventud sandinista, golpiza a personas adultos mayores en la ciudad de León ante la protesta contra el decreto de reforma a la Seguridad Social de Nicaragua (Niño, 2018). La escalada de la represión fue brutal, los informes de diversos organismos de derechos humanos así lo demuestran. Sergio Cabrales propone un modelo interpretativo que correlaciona el aumento de las protestas con la escalada represiva de parte del gobierno. Sergio Cabrales identifica tres momentos de las demandas: coyunturales, demandas revolucionarias y demandas adaptadas. Las demandas coyunturales fueron las protestas que exigían al gobierno una respuesta más beligerante ante el incendio de la reserva de la biosfera Indio Maíz y la revocación al Decreto 03- 2018 de reforma a la Seguridad Social; se eleva a la etapa revolucionaria debido a la represión e ilegitimidad, dando como resultado las masivas marchas, los tranques y enfrentamientos contra las fuerzas públicas respaldadas por fuerzas represivas irregulares. Las demandas adaptadas se dan cuando se negocia con el gobierno una salida a la crisis. Se exige en el diálogo nacional: libertad para los presos políticos, reformas electorales, respaldo a figuras perseguidas, democratización y justicia (Cabrales, 2020. p.79-96).
En esta coyuntura se da una guerra a nivel físico y simbólico. El nivel físico se daba a través de la policía y grupos de fuerzas irregulares de la juventud sandinista y del sandinismo histórico, con armas de fuego de alto calibre que dejó como resultado alrededor de 350 personas asesinadas y cientos de lesionados (Amnistía Internacional, 2018). A nivel simbólico las protestas se expresaban, por parte de los jóvenes protestantes, con el abatimiento de los árboles de lata que representan el poder de la vice presidenta Rosario Murillo, la quema pública de las banderas rojinegras y la destrucción de los carné de militancia sandinista (los mismos sandinistas declaraban así su rechazo a los asesinatos de hermanos nicaragüenses). La portación de banderas azul y blanco en protestas y espacios de actividades religiosas como procesiones, altares a la Virgen María y misas, significaba un posicionamiento de lucha del bien (la fe) contra el mal (la brujería y la represión). Sacerdotes fueron golpeados y asediados, monaguillos arrestados, parroquias fueron balaceadas, líderes evangélicos arrestados y amenazados.
De esta manera, la represión pasó de la agresión física y luchas simbólicas a la represión política y jurídica. Inicialmente a muchas organizaciones religiosas les fue retenida la Certificación, que es el permiso que da el ministerio de gobernación para que las organizaciones puedan funcionar jurídica y financieramente. Entre las múltiples formas de amenazas y represión político-jurídico se encuentra la instrumentalización de la ley 147, la cual contempla que las iglesias inscritas en el MIGOB (Ministerio de Gobernación) deben presentar informe financiero anualmente con el fin de estar certificadas legalmente, pero ahora lo están pidiendo cada mes, lo que además de ser ilegal, es una forma de mantener el control político de las organizaciones religiosas (Nicavisión, 2021). En la misma lógica, fueron presionadas para eliminar a miembros de juntas directivas y de puestos claves de organizaciones evangélicas por ser acusados de haber participado en las protestas, haber escrito opinión crítica contra el gobierno en las redes sociales, haber dicho una crítica en algún culto (en las iglesias hay informantes) o haber brindado auxilio a las personas manifestantes. Luego, con la aprobación de una ley espuria conocida como «Ley Soberana» (El19Digital, 2020) inventada como arma político-jurídica, se empezó a acusar a los sectores opositores de lesiones contra la soberanía nacional, terrorismo y lavado de dinero, con el fin de expropiarlos y procesarlos penalmente. Asimismo, se aplicaba a organizaciones religiosas tales como iglesias, oenegés, universidades, radioemisoras, etc.
Acciones gubernamentales que atentan contra la libertad religiosa entre 2018- 2023
El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH) en su informe «Ataques a la iglesia católica en Nicaragua, 2019-2020» registra 24 amenazas y hostigamientos contra sacerdotes, así como profanaciones contra lugares sagrados, principalmente relevante en el informe es el «atentado terrorista» perpetrado en la Catedral de Managua el 31 de julio del 2020, en el que alguien con una bomba molotov incendió la capilla de la Sangre de Cristo (Centro Nicaragüense de Derechos Humanos [CENIDHJ, 2020). La investigación de Martha Patricia Molina, Nicaragua, ¿Una iglesia perseguida? 2018-2023, es la fuente más exhaustiva que registra cada una de las profanaciones, sacrilegios, amenazas, hostigamientos, atentados, robos, discursos de odio, exilio o persecución contra la iglesia católica. El tercer informe entregado al público revela 529 ataques: 84 en el año 2018, 80 en el 2019, 59 en el año 2020; en el 2021 fueron 55, 161 en el año 2022 y en el año 2023 han sido 90. (p.7) En el informe citado se presentan 13 medios de comunicación cerrados, 10 organizaciones sociales sin fines de lucro cerradas por el gobierno, 6 proyectos de desarrollo, 2 universidades y 1 instituto (p.12.) Han sido expulsadas 32 religiosas, confiscados edificios, prohibidas 3176 procesiones en Semana Santa en 2023 (p.14-16).
Pero no solamente la iglesia católica ha sufrido los embates del gobierno, también diversos sectores evangélicos. El portal digital de Confidencial (2023) informa que al menos 377 organizaciones católicas y evangélicas han cerrado en Nicaragua tras perder su personería Jurídica entre 2022 y lo que va de 2023. La mayoría de las organizaciones canceladas son de tipo evangélico, estas incluyen iglesias y ministerios, de origen nacional e internacional. Se debe sumar el cierre de la universidad Evangélica Nicaragüense (UENIC) y la Universidad Politécnica de Nicaragua (UPOLI) perteneciente a la Convención Bautista de Nicaragua. Así también han sufrido exilio más de 17 pastores evangélicos (Ramírez, 2019), y otros de la iglesia morava (Diario las Américas, 2023). Condenan a 12 años de prisión al pastor evangélico Wilber Pérez, el cual en diciembre de 2020 promovió la campaña «Navidad sin presos políticos» y fue secuestrado por agentes de la Policía para ser acusado de tráfico de estupefacientes (100%Noticias, 2021), en un claro montaje político; fueron detenidos muchos pastores y líderes evangélicos señalados de haber participado en las protestas o tranques, entre ellos el pastor Rudy Palacios (Nicaragua Investiga, 2021). Muchos de estos pastores fueron liberados posteriormente y hoy están exiliados, en otros casos fueron completamente silenciados.
Libertad religiosa en Nicaragua: ¿visiones confrontadas?
Lo dicho hasta este momento deja claro que existe un grave deterioro de la libertad religiosa en Nicaragua. La persecución religiosa la escamotea el gobierno a través de un discurso de odio que pretende desprestigiar a los sujetos religiosos críticos llamándolos «lobos vestidos de ovejas», «políticos», «vende patria», «golpistas», entre otros agravios. Ante la creciente visibilización del deterioro de la libertad religiosa, el gobierno ha puesto en marcha una maquinaria propagandística que tiene por objetivo desacreditar a los sujetos religiosos críticos, justificar las medidas represivas contra actores religiosos críticos y aparentar plena libertad religiosa.
Sobre el tercer dispositivo de la maquinaria propagandística podemos leer la encuesta de M&R Consultores Afiliación, Participación y Prácticas Religiosas en Centroamérica Correspondiente al 1er Semestre 2023, la cual muestra que el 82.6% de la población nicaragüense piensa que en Nicaragua existe libertad de religión (M&R Consultores, 2023). Hasta donde tenemos conocimiento no existe ninguna auditoría a los datos y fuentes que valide sus métodos y veracidad. Por lo que es muy difícil sustentar nuestra sospecha en datos y estudios sobre la validez científica de este estudio, pero podremos evaluar este dato sobre la libertad religiosa confrontándolo con otros estudios.
Un estudio llevado a cabo por el BID en 2020 (López y Ruiz, 2020) presenta que la percepción de la población nicaragüense sobre «el rumbo del país» es que va equivocado 71%, y entre el 31% y 16% dice que va por un correcto rumbo. Presenta un aumento de la criminalidad (robo o asalto) de 16% a 31%. (p.63). La situación económica respecto al año pasado (2019) está mucho peor con 81% (p.59). Las principales preocupaciones que se comentan en las redes sociales son la salud pública del 50% al 78%, crimen y violencia hasta el 50% (p. 58). El Principal problema del país para los nicaragüenses es el desempleo 34%, inseguridad 16%, corrupción 17% y costo de la vida 10% (p.57). La aprobación del presidente Ortega está entre el 33% y 35% y la desaprobación es del 57%. En el informe de Latinobarómetro 2021 la confianza en el presidente es del 38% y la confianza en el gobierno de 35%.
Latinobarómetro (2021) presenta que las garantías para participar en política en Nicaragua son de 35%, solo superada negativamente por Colombia con 32%. El 39% opina que hay libertad de expresión (p.56), la corrupción ha aumentado respecto al año anterior (2020) 44% (p.81). La percepción de las personas nicaragüenses es que el presidente y allegados son los más corruptos: 58%, luego la policía 46%, jueces y magistrados 32% (p.84). El 67% de las personas nicaragüenses no suelen usar su derecho a la libertad de opinión (p.98) porque tiene consecuencias negativas, opina el 63% (p.99). Lo gente no dice realmente lo que piensa en política 68% (p.100). Este dato es iluminador y está directamente relacionado con la libertad de religión en Nicaragua, ya que la misma está vinculada con la libertad de pensamiento, de consciencia, de expresión y de participación ciudadana; todo ello negado a la mayoría de los nicaragüenses y resguardado para los simpatizantes del gobierno. Según CID GALLUP, un mes antes de las elecciones presidenciales en Nicaragua del 2021 realizó un sondeo de opinión sobre la aprobación de la administración de Daniel Ortega, resultando que siete de cada diez nicaragüenses lo desaprueban (6.9%), y solo el 29% lo aprueba (Articulo 66, 2021). La situación económica precaria, la inseguridad ciudadana y la falta de empleos siguen siendo lo más sentido por la población a inicios del 2023, según informe de CID GALLUP (100%Noticias, 2023), que se refleja en oleajes masivos de migrantes y aumento de la tasa de suicidio (Nicaragua Investiga, 2023a).
El informe del 2019 sobre Situación socioemocional en Nicaragua (Carrión, 2019), elaborado por FUNIDES muestra datos alarmantes respecto a los niveles de ansiedad, depresión y agobio en el nicaragüense, producto de la crisis sociopolítica y sus derivadas, como la económica y migración. En este informe señalamos las respuestas que los nicaragüenses dan a la consulta sobre el grado de agobio que pudieran sentir ante la petición de firmas: El 66.4 por ciento de mujeres y el 60.8 por ciento de hombres que podrían firmar peticiones como una forma de participación ciudadana tienen sentimientos de agobio. Por su parte, un alto número de mujeres (64.9%) y hombres (58.6%) que nunca firmarían peticiones también expresan tener sentimientos de agobio (p.17). Esto nos dice que, ante una llamada telefónica para encuestar, las personas que sufren agobio pueden falsear la información a favor del gobierno como forma de autoprotección.
Ahora, en lo específico del estado de la libertad religiosa
El Observatorio de la Libertad Religiosa en América Latina señala que en Nicaragua, de 2018 a la actualidad, se ha perpetrado el silenciamiento de líderes religiosos, se han impuesto restricciones a las manifestaciones religiosas y ha habido represión, limitaciones, cancelación de señales televisivas y radiales, encarcelamiento, discursos de odio contra líderes religiosos, así como detención arbitraria y sentencia de cárcel, expropiación, intervención, espionaje y hostigamiento a líderes religiosos (Observatorio de la libertad religiosa en América latina [olire], 2024). El sitio Aciprensa registra una breve cronología de la sistemática persecución y deterioro de la libertad religiosa en Nicaragua desde el 2018 a la fecha y en lo fundamental concluye: La Iglesia y las organizaciones internacionales han condenado el ambiente de miedo y violencia, denunciando que se están violando los derechos humanos, incluido el de libertad religiosa. La situación de este derecho fundamental se ha deteriorado claramente en Nicaragua y la perspectiva para el futuro es sombría. (Suzuki, 2021)
Según todos los datos aportados es notaria la inconsistencia respecto a la percepción de un 82.6% de libertad religiosa entre los nicaragüenses. Claro que, también pueden cruzarse otras causas, como la casi nula discusión sobre la correlación entre democracia y estado laico en relación con la libertad religiosa, por lo que en general, la persona nicaragüense no se perciba portadora de este derecho fundamental, entendiéndolo como algo privado. Más, la fe cristiana tiene una dimensión pública; además, el derecho a tener una religión tiene una implicación para la vida pública.
Es importante traer a la reflexión lo invocado por el gobierno para legitimar su actuar ante la opinión pública: que sus actos son para mantener «la paz» y el orden social frente a grupos «golpistas» que han querido desestabilizar al gobierno.
La Constitución Política de la República de Nicaragua en el art. 69 establece que «todas las personas, individual o colectivamente, tienen derecho a manifestar sus creencias religiosas en privado o en público, mediante el culto, las prácticas y su enseñanza. Nadie puede eludir la observancia de las leyes, ni impedir a otros el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus deberes, invocando creencias o disposiciones religiosas.» Esta última idea sobre la ineludibilidad de las leyes que pretende hacer coherente el derecho de las personas religiosas con el cumplimiento de todas las leyes y disposiciones legales, tendría que pensarse desde el principio de proporcionalidad o de legitimidad de los fines (Pinto, 2011.p.104), y no desde la discrecionalidad interpretativa y ejecutiva de un bando político, por muy fuerte que sea.
El gobierno trata de justificar su actuación represiva invocando el orden interno del país y la paz, refiriendo que todos los nicaragüenses, sean religiosos o no, deben someterse a las leyes del país. Para que este discurso sea legal y legítimo debe entrar en coherencia con el principio de proporcionalidad que establece que, es legítimo cierto grado de regulación razonable de prácticas religiosas para proteger la seguridad, el orden, la salud o la moral públicas, o los derechos y las libertades fundamentales de los demás, como fue en el caso de Vilma Trujillo o del grupo llamado Cuerpo Místico de Cristo, anteriormente señalados. La invocación legítima del principio de proporcionalidad debe contar con tres condiciones: idoneidad, necesidad y ponderación (Cárdenas, 2014). Según los datos proporcionados en este escrito, la actuación del gobierno de Nicaragua no cumple con ninguna de las tres condiciones, ya que su proceder se enmarca en actos que lesionan los derechos humanos y los derechos fundamentales de los y las nicaragüenses, según se consignan en la Carta Magna, y en el caso particular de la libertad religiosa en actos tales como restringir, amenazar, encarcelar, golpear, asediar, etc., a líderes religiosos, peor aún, apropiarse de rituales y prácticas religiosas claramente reguladas por la calendaridad y autoridad religiosa como las griterías, procesiones, concentraciones y marchas del día de la Biblia, etc.
Libertad religiosa o selectividad estratégica
¿Libertad religiosa es la condición de libre práctica religiosa de quienes son afines al gobierno, pero no de quienes son críticos? ¿Brindar ciertos tipos de ayuda a algunos sectores religiosos por ser afines al gobierno y al mismo tiempo no incluir a otros sectores más críticos, o peor, utilizar las instituciones del estado con una lógica premio-castigo, es libertad religiosa? ¿Cuál es la relación porcentual respecto al mundo religioso para determinar cuándo hay persecución religiosa? ¿Todos los religiosos deben ser perseguidos indistintamente para considerarse violación a la libertad religiosa de forma abierta? ¿Cuántas faltas a la libertad religiosa país? ¿Puede haber libertad religiosa sin libertades ciudadanas, políticas, de consciencia o de expresión? ¿En un contexto donde las formas intimistas y espiritualizantes de religión son las únicas que se permiten oficialmente con el fin de reprimir las expresiones más sociales y públicas de las mismas, puede decirse que es un contexto de libertad religiosa?
Abundan los portales digitales de noticias en los que el gobierno aparece sosteniendo diálogos o entregando regalías a algunas iglesias o líderes religiosos, tanto católicos como evangélicos, lo que nos hace preguntarnos si esto representa libertad religiosa, pero sin estado laico, o si es libertad religiosa o clientelismo religioso-político. Esta situación de relaciones a distintos niveles entre estado y religión en la historia de Nicaragua es común, aún en los usos estratégico-utilitario para fines de legitimación de regímenes, pero lo que tratamos de señalar aquí es si en contexto de cese de las garantías ciudadanas y creciente deterioro de la libertad religiosa es legítimo tomar como indicador de libertad religiosa las relaciones normalizadas entre ciertos grupos religiosos y el gobierno (Nicaragua Investiga, 2023b).
Lo público como espacio del ejercicio de libertad religiosa y profética
Hemos sido herederos de una tradición en torno a lo religioso en muchos sentidos reduccionista. En lo que respecta a la esfera pública, lo religioso se nos enseñó que pertenece a la esfera privada e individual. Este mandato tiene su origen en el trabajo que realizaron los pensadores ilustrados para eliminar el poder de lo religioso o su influencia en el ordenamiento sociopolítico, ya que la reciente historia había demostrado que lo religioso se había convertido en fuerza destructiva en las sociedades europeas de los siglos XVI-XVIII, principalmente por las guerras de religión. En tierras de Abya Yala lo religioso tuvo un doble fin: legitimar el poder de los reyes y dominar las subjetividades indígenas y negras. La piedad religiosa se convirtió en el principal dispositivo de dominación, en la que las imágenes y discursos político-religiosos tenían la función de someter la conciencia rebelde indígena y deshacer las solidaridades sagradas y comunitarias. En el caso del protestantismo, principalmente las misiones estadounidenses del siglo XIX (Misiones de Santidad y Pentecostales) y las de las décadas de 1950 a 1980 (evangelicales neoconservadores y neopentecostales) también reforzaron ciertas concepciones intimistas y espiritualistas de la vivencia de lo religioso.
Gracias a los movimientos emancipadores de hay violación a las libertades religiosas en un los años 60, 70 y 80, y su correlato en el pro ceso de latinoamericanización y nacionalización de las obras evangélicas misioneras, fue gestándose una espiritualidad, pastoral y teología liberadora en América Latina. Los compromisos con la defensa de los derechos humanos, la educación liberadora y las reivindicaciones de las comunidades y grupos vulnerabilizados por parte de agentes pastorales, ha significado el rescate de la dimensión pública de la fe, desde una relectura contextual y liberadora de la Biblia. Biblia y defensa de los pueblos indígenas, fe y negritudes, teología feminista, ecoteología. Biblia y defensa de la tierra en favor de comunidades originarias y campesinas, etc. Se pasó de la fe subjetivista del individuo burgués o alienado, a la construcción de sujetos religiosos en el marco de los procesos históricos y sociales. Lo personal y subjetivo mantenían una tensión creadora respecto a lo público, porque en la espiritualidad cristiana bíblica lo personal, espiritual y comunitario están entrelazados.
Lo religioso tiene un elemento individual, eso es fundamental, pero no debe pensarse que lo religioso se reduce a la mera subjetividad e intimidad individual, sino que tiene relaciones complejas con la matriz histórico-cultural en su relación e interacción con otros campos sociales. Poner exclusivamente el énfasis en lo individual, según Nicolás Panotto (2019), significaría la pérdida de la relación entre creencias y el campo más amplio de derechos, especialmente los derechos humanos. O peor aún relegar lo religioso al ámbito moralista (p.22). Para Panotto «es necesario suscribir una práctica democrática radical como un proyecto de libertad religiosa que debe enmarcarse en una agenda de derechos humanos» (2019. p.28).
Esta propuesta es coherente con la praxis de Jesús y las comunidades cristianas originarias. Los milagros de Jesús tienen el sentido de una revolución o subversión del orden político vigente, si entendemos que los huérfanos y viudas, enfermos y desvalidos, son producto de un sistema de dominación. Al centro del mensaje de Jesús está la dignidad de las personas aplastadas por los poderes de este mundo, ya que al destruir la dignidad humana se deshonra a Dios, porque Dios, aunque presente en toda su creación, lo está de forma especial en sus criaturas más débiles. Porque los más fuertes, fuerza originada en el proceso histórico de desempoderamiento de unos por otros, tienen cómo dar razón de su vida, pero los más débiles solo pueden recurrir a la solidaridad en el Dios encarnado. Por ello, el himno de la Carta a los Filipenses es claro al declarar que el Hijo de Dios se hizo humano y estando en esa condición se rebajó hasta la condición de esclavo. El Hijo de Dios asumió la condición más deshumanizada de ser humano para desde ahí reivindicar a los desechados, despreciados y aplastados.
Podríamos escribir mucho más sobre la justicia de Dios y la praxis de Jesús de Nazaret, pero bástenos con lo señalado para dejar patente que no puede haber fe o espiritualidad realmente cristiana en medio de la injusticia de los crueles, ni en la indolencia del resto de las personas. La indolencia no solo es pasividad, sino expresión de una sociedad fracturada y del individualismo narcisista. La indolencia es lo opuesto a la compasión y la misericordia que mueve a la experiencia profética en situación de crisis social.
La compasión es un rasgo fundamental de Dios (Éxodo 23: 9; 22: 25-26; Oseas 11: 3-4; lsaías 49: 15) y esta compasión está directamente relacionada con el respeto a la vida de las personas más vulnerables. «Los profetas, vinculan el conocimiento de Dios y la práctica de la justicia» (Giusti et al., 2015. p.579-580) (Jeremías 22: 13- 16).
La praxis de Jesús de Nazareth fue compasión entrañable (Splagxnizomai – Gr. LTTAayxví~oµai). Esta compasión no era un sentimiento pasivo, sino una orientación de toda la persona para responder de forma concreta a las situaciones que vulneran la dignidad humana. La compasión religiosa tradicional ha sido sinónimo de caridad asistencialista que ubica a las personas vulnerables en situación de dependencia, pero en el caso de la praxis de Jesús nos muestra que la compasión es fuerza liberadora y a su vez piedra de escándalo, porque subvierte la comprensión de las prácticas religiosas desde la compasión liberadora.
Estas reflexiones sobre el carácter público y de derechos humanos de la fe cristiana es para recordar que le es inherente la tradición profética que exige a todos, pero principalmente a los que tienen los aparatos del poder, el ejercicio de la justicia. Por ello, cualquier persona cristiana que alce la voz en denuncia contra el autoritarismo de gobiernos déspotas no debe ser acusada de ser un «político con sotana» o un político disfrazado de pastor, siempre y cuando lo haga por exigencia del Evangelio y en fidelidad a la comunidad, y no por otros intereses. Cuando la misma comunidad política y de fe a través de sus pronunciamientos y respaldo a los líderes religiosos legitiman su actuar profético, entonces debe tomarse como expresión creíble y legítima de la fe en su dimensión pública. Esto fue lo que sucedió en Nicaragua en 2018: la postura evangélica y profética de diversos sacerdotes y pastores fue legitimada por casi la totalidad del pueblo católico y por amplios sectores evangélicos.
Libertad de religión y problemas sociales en Nicaragua
Como en muchos ámbitos de la vida sociocultural nicaragüense necesitamos amplios espacios de reflexión y acción en favor de la construcción de una verdadera sociedad democrática, en la que lo religioso o las espiritualidades sean tenidas en consideración como elemento que aporte a la pluralidad, el diálogo y el respeto a la dignidad humana. Los acontecimientos del 2018 de alguna manera arrojaron a las calles y plazas públicas múltiples expresiones de fe, no producto de grandes reflexiones teológicas, sino a causa de las atrocidades del gobierno contra la población manifestante. Los sentidos y aprendizajes de estos hechos estamos apenas tratando de visualizarlos y comprender sus alcances para la configuración de una espiritualidad liberadora y dignificadora, que sea guardarraya de aventuras autoritarias futuras.
La cultura de debate público sobre temas importantes alrededor de la construcción de sociedad en Nicaragua nunca se ha visto como cosa fundamental, a excepción del intento fallido de la década de los años 90 bajo el elocuente eslogan «La Nicaragua Posible». Eran momentos de transición, negociación, reconstrucción y decisiones en el marco de la posguerra. Se desaprovechó esta rica oportunidad por dos razones fundamentales: fue un proceso de élites y no de consulta popular, además de quedar como un esfuerzo de élites intelectuales cada vez menos conjuntadas con las élites políticas y económicas. Los antiguos pactos oligárquicos que unían los intereses de élites políticas, económicas y religiosas, han sido hecho pedazos por históricos procesos que no han cuajado en proyectos alternativos desde el bien común y el desarrollo humano integral. Se han construido poderes estructurales, más no un poder orgánico, es decir, una fuerza de legitimación desde la propuesta de un proyecto de nación que surja de una amplia consulta popular. La crítica ética y política fundamental a esta enfermedad mortal se le ha llamado Síndrome de Pedrarias (Oscar René Vargas), facciosidad (José Coronel Urtecho), pactismo, caudillismo (Simeón Rizo Castellón) y providencialismo fatalista (Andrés Pérez Baltodano), etc.
El proceso histórico de construcción de la dominación en Nicaragua, sea por pactos de élites o por proceso de exclusión, siempre ha estado vinculado a discursos religiosos (España, 2020). Esto lejos de ser muestra del talante público y profético de la religión, mayoritariamente cristiana, ha sido síntoma de la construcción de la religión política en Nicaragua. La religión política es una institución al servicio de una ideología política partidaria, la cual trascendentaliza la visión política del estatus quo. Por otro lado, las religiones intramundanas son aquellas propuestas salvíficas y mesiánicas de las visiones ideológicas o partidarias que pretenden adhesión absoluta a sus principios, llámese liberalismo, socialismo, sandinismo, caudillismo, o doctrina de libre mercado. Ambas formas de religión son sustitutos patógenos de la espiritualidad humana, concretadas en tendencias destructivas que llevan a la repetición de la polarización y violencia social. No es posible una sociedad democrática, con su respectiva libertad religiosa, en sociedades dominadas por formas religiosas perversas; perversas en el sentido de Teilhard de Chardin, es decir, que son tendencias enfermizas de la sociedad que desorientan del proceso evolutivo hacia la noosfera.
No se trata de proponer una religión santa e inmaculada, sino una forma de religión en cuyo núcleo esté la preocupación última por la dignidad humana, la de todas las personas. Para ello es importante que, en el caso del cristianismo, recupere su núcleo profético. Esto significa que debe estar vigilante de las tendencias ad intra de perversión, es decir, cuando al centro no está la dignidad humana en sus diversidades sino dogmas, estructuras o formas de poder religioso; asimismo, estar vigilante ad extra de políticas que atenten contra la dignidad humana.
La libertad de religión no puede ser la libertad de cualquier forma religiosa, sino de aquella coherente con ciertos principios de justicia, bien social y comprensión de los derechos humanos. Pensamos que la libertad de religión no se trata de que una mayoría religiosa se imponga sobre otras minorías, ni que el estado imponga un espacio de tolerancia, sino de la existencia de derechos de todos los sujetos sociales y religiosos para aportar al desarrollo de la sociedad desde el debate en torno a las mejores formas de convivencia. Quienes estén en contra de las tendencias de políticas de reconocimiento, por sus posturas religiosas o morales, no deben ser silenciadas, pero sí se les debe exigir que den cuenta de sus posturas en el marco de la dignidad humana. De la misma manera, quienes se consideren progresistas deben dar razón de sus posturas ante la opinión pública.
Lo dicho tiene importancia para las reflexiones en torno a la libertad de religión en Nicaragua, porque estamos lejos de comprender la importancia de lo religioso para la construcción de una sociedad plural, de participación popular efectiva y en favor de la sostenibilidad ecosistémica. Por otro lado, las formas de religión no atinan a formas adultas de comprender y vivir la fe, sino que se han reducido a vivencias subjetivas y privadas, que luego pretenden ser la fuente del ordenamiento social. Si por un lado la religión institucional ha incidido en las formas de ordenamiento de la sociedad por medio de la construcción de las relaciones de poder sociopolítico y religioso en Nicaragua, las formas de experiencias religiosas populares han sido expresiones de una consciencia infantil. Claramente todo esto es parte de la construcción del poder y la dominación objetiva-subjetiva en Nicaragua.
Conclusión
Se requiere una amplia discusión sobre el tema de lo religioso en la esfera pública: de las historias de las relaciones entre lo religioso y la construcción del poder, de las relaciones entre diversas formas de religiosidad popular y espiritualidades, de las comprensiones en torno a las fuentes ética-teológicas de las tradiciones espirituales para contribuir a la formación de una sociedad realmente democrática, de la relación entre justicia, legalidad y legitimidad desde la perspectiva religiosa, asimismo de las relaciones entre religión y seguridad ciudadana y desarrollo humano integral.
Esta discusión es más que urgente hoy en Nicaragua, porque lo religioso no solo tiene grados de responsabilidad respecto a los acontecimientos del 2018, sino que tiene una responsabilidad desde sus fuentes de poder espiritual para la salud social y, la reconstrucción de los lazos sociales rotos por la imposibilidad de continuar en el camino de lo mismo en la historia de Nicaragua.
Sobre el autor: Master en teología sistemática y ciencias de religión por la Universidad Evangélica Nicaragüense, ha sido profesor de teología, filosofía y ética por más 14 años y escritor de temáticas vinculadas a la teología crítica latinoamericana y los fenómenos religiosos en Centroamérica. Es cofundador de la Red Centroamericana de Investigadores del Fenómeno Religioso (RECIFRE) y coordinador del núcleo de RECIFRE Nicaragua. Actualmente funge como docente en la Universidad Bíblica Latinoamericana (UBL), Costa Rica. ORCI D: https://orcid.org/0009-0008-6367- 747X. Correo: [email protected]