Un organismo defensor de los derechos humanos y opositores nicaragüenses en el exilio destacaron este martes el informe del Grupo de Trabajo de la ONU sobre Nicaragua, que concluyó que la persecución de la disidencia en el país centroamericano se ha recrudecido en el último medio año.
“Nos sumamos y acogemos al informe presentado por el Grupo de Trabajo de la ONU sobre Nicaragua”, dijo el abogado Yader Valdivia, defensor del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, un organismo integrado por activistas nicaragüenses exiliados en Costa Rica.
En un audio video enviado a la prensa, el defensor de DDHH dijo que el informe “es preocupante” porque sostiene “que en Nicaragua se siguen cometiendo crímenes de lesa humanidad y persecución por razones políticas”.
También que se ha privado de la nacionalidad nicaragüense a 317 opositores y críticos con el régimen de Daniel Ortega, así como de sus propiedades, incluido 222 excarcelados políticos que fueron expulsados a Estados Unidos.
CRIMEN DE LESA HUMANIDAD
En el segundo informe que ha presentado al Consejo de Derechos Humanos (instancia que acordó su creación), el grupo de expertos afirmó que nada ha cambiado con respecto a su hallazgo de que en Nicaragua se está cometiendo desde 2018 el crimen de lesa humanidad de persecución por motivos políticos.
Esta denuncia la hizo inicialmente el pasado marzo, cuando se responsabilizó a Daniel Ortega y a su esposa Rosario Murillo.
En esa misma investigación se determinó que ambos habían puesto a todo el aparato estatal al servicio de sus fines y de la impunidad que les rodea.
“ACCIONES DE REGÍMENES AUTORITARIOS”
Para el excarcelado político Juan Sebastián Chamorro, el informe del Grupo de Trabajo de la ONU sobre Nicaragua fue “contundente” porque expuso “los últimos atropellos de la dictadura de Daniel Ortega en contra de los derechos humanos”.
Valoró que el cierre y expropiación de la jesuita Universidad Centroamericana (UCA), ocurrida a mediados de agosto pasado, ayudó “enormemente a levantar el tema de la violación de los derechos humanos” en Nicaragua.
A juicio de Chamorro, el grupo “defendió la integridad de su trabajo y fue bastante categórico en afirmar de que esto que estaba viendo en Nicaragua es realmente políticas y acciones de regímenes totalitarios propios del inicio del siglo XX y no propios del siglo XX”.
“Llamó a la liberación inmediata de todos los presos políticos, a la restitución de la nacionalidades y que se devolvieran las propiedades”, resaltó.
La instancia investigadora instó a Ortega a permitir que sus miembros entren al país para ampliar sus indagaciones, y que autorice el acceso de organismos neutrales, como la Cruz Roja Internacional, a los centros de detención donde hay presos políticos.
El Grupo pidió a la comunidad internacional “ampliar las sanciones contra instituciones e individuos involucrados en la comisión de violaciones de derechos humanos y crímenes internacionales, incluidos aquellos dirigidos al sector universitario de Nicaragua”.