Al menos ocho organizaciones de la oposición nicaragüense, integrantes de la Plataforma de Unidad por la Democracia (PUDE), pidieron a la comunidad internacional “imponer sanciones al Ejército, a sus empresas y, a todos los responsables de la represión contra la población” en Nicaragua.
“Es imperativo que la comunidad internacional actúe de manera inmediata y decisiva para poner fin a esta situación inaceptable. Por lo tanto, hacemos un llamado para imponer sanciones al Ejército, a sus empresas y, a todos los responsables de la represión contra la población”, solicitaron las organizaciones opositoras.
Los opositores comentaron que todas las organizaciones internacionales y gobiernos de vocación democrática y comprometidos con la defensa de los derechos humanos, pueden contribuir “con el castigo a uno de los brazos represivos de la dictadura Ortega – Murillo, el Ejército Orteguista”.
Resaltaron que estas medidas “son cruciales para enviar un mensaje claro de que la violencia y la violación de los derechos humanos no son aceptables y mucho menos toleradas en Las Américas”.
“Nos dirigimos a ustedes con profunda preocupación y alarma debido a la escalada de violencia y represión que está ocurriendo en el país, en la cual queremos resaltar la complicidad del Ejército, en especial la de sus altos mandos. La agresividad de las fuerzas armadas y de seguridad ha llegado al extremo de amenazar de manera explícita a la ciudadanía en general, opositores, medios de comunicación independientes y autoridades eclesiásticas”, expresaron.
“Hemos recibido informes creíbles y evidencia que indican la participación de la institución castrense en graves violaciones a los derechos humanos, incluidas detenciones arbitrarias, torturas, maltrato y desapariciones forzadas, entre otros actos atroces”.
Las organizaciones exhortaron a todos los países y organizaciones a “unirse en esta causa y a tomar medidas inmediatas para asegurar la justicia y la protección de los derechos humanos en Nicaragua”.
Además, “instamos a llevar a cabo una investigación exhaustiva e imparcial para llevar ante la justicia a los culpables de estos crímenes. La impunidad no debe tener cabida en ninguna circunstancia. El tiempo apremia, y no podemos permitir que continúe la violencia y el sufrimiento en Nicaragua. La población nicaragüense merece vivir en paz y libertad”, concluyeron.
Ayer, el presidente del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua, creado por la ONU para investigar los abusos en el país centroamericano, recomendó un aumento de las sanciones desde la comunidad internacional a instituciones nicaragüenses.