Al menos ocho organizaciones de la oposición nicaragüense, integrantes de la Plataforma de Unidad por la Democracia (PUDE), condenaron este lunes la cancelación de la personería jurídica y la apropiación arbitraria de los bienes de INCAE Business School en Nicaragua por parte de la dictadura sandinista.
El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo a través del Ministerio de Gobernación, canceló hoy el INCAE, y ordenó decomisar sus bienes muebles e inmuebles, bajo el argumento de que incumplió con las leyes que lo regulan.
El INCAE, inscrito ante el Ministerio de Gobernación desde el 1 de enero de 2009, fue disuelto por supuestamente estar “en incumplimiento con sus obligaciones” ante la Dirección General de Registro y Control de Organismos sin Fines de Lucro de esa cartera, según el Acuerdo Ministerial número 106-2023, publicado en el Diario Oficial La Gaceta.
Para las organizaciones de PUDE, “este acto, que atenta contra la libertad académica y los derechos de propiedad, es un claro ejemplo de la creciente represión y autoritarismo que el régimen de Nicaragua ha impuesto sobre sus ciudadanos y la sociedad civil”.
“INCAE Business School ha sido un referente de excelencia académica y desarrollo empresarial en la región centroamericana y ha contribuido de manera significativa al crecimiento económico y la formación de líderes en Nicaragua y en toda América Latina. La cancelación de su personería jurídica y la confiscación de sus bienes representan un duro golpe no solo para la institución en sí, sino también para el futuro de la educación y el desarrollo empresarial en la región”, apuntaron las organizaciones opositoras.
“Este tipo de acciones arbitrarias y represivas solo sirven para socavar los principios fundamentales de la democracia y el respeto a los derechos humanos”, añadieron.
Asimismo, llamaron a la comunidad internacional, a los organismos de derechos humanos y a las instituciones democráticas a nivel global a “condenar enérgicamente estos actos de violencia y represión por parte del régimen sandinista y a tomar medidas concretas para exigir el respeto de los derechos fundamentales en Nicaragua”.
“Instamos al régimen nicaragüense a revertir de inmediato esta medida injusta y a respetar la independencia de las instituciones académicas y los derechos de propiedad”, finalizaron.