El Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) publicó el miércoles 7 de julio, el informe “Nicaragua: una crisis de derechos humanos sin resolver: análisis de las detenciones arbitrarias, procesos judiciales sin garantía y persecución política’”, en el que señaló que el dictador Daniel Ortega ejerce “total control” sobre los poderes del Estado e instituciones del país, lo que se hizo más evidente con el estallido de las protestas en su contra a partir de abril de 2018.
El informe, tiene como objetivo “dar a conocer los resultados de una exhaustiva investigación sobre las violaciones cometidas contra las personas presas políticas” en el marco de la crisis que vive Nicaragua desde 2018, así como durante sus procesos judiciales, según la nota de prensa del Instituto.
“Hemos señalado que el Poder Ejecutivo (Ortega) ha ejercido total control en los demás poderes del Estado e instituciones con autonomía funcional. A partir de la crisis social y política de abril 2018, el nivel de control se hizo más evidente debido a que las entidades del MIGOB, la PN, el MP y el PJ en general, han ejercido un rol determinante en las detenciones, acusaciones y enjuiciamientos contra las y los presos políticos. De esta forma, estas instituciones han sido una pieza clave en el esquema de represión y de violación de los derechos humanos de las personas detenidas”, reza el informe.
Raza e Igualdad identificó que, entre el 18 de abril de 2018 y el 13 de febrero de 2020, un total de 657 personas fueron detenidas arbitrariamente, dentro de las cuales 565 fueron acusadas formalmente en 279 procesos penales; en cambio, 92 fueron privadas de libertad durante lapsos de seis días hasta cuatro meses, a pesar de nunca haber sido acusadas formalmente, ni puestas a disposición de un juez. “Todo lo anterior confirma la arbitrariedad e ilegalidad de dichas detenciones”, apuntó.
El Instituto, indicó que “es sumamente preocupante que la falta de independencia judicial en Nicaragua ha derivado en graves violaciones a los derechos de las personas presas políticas, quienes han sido sometidas a procesos en los que no se respetaron las garantías judiciales, el debido proceso y derechos humanos”.
“Estas violaciones incluyen la falta de publicidad de los procesos, la obstaculización y hostigamiento a sus abogadas y abogados defensores; la utilización de testigos y víctimas falsas, el uso excesivo y generalizado de la prisión preventiva, entre otros”, zanjó.
La Oficial Senior del Programa Legal para América Latina de Raza e Igualdad, Ana Bolaños, concluyó que “El Estado de Nicaragua es responsable de la actuación de las autoridades policiales, así como la de los grupos parapoliciales y civiles armados que actuaron de forma coordinada con las autoridades, gozando de total impunidad”.
Para la presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Antonia Urrejola, el informe es un gran aporte para la comunidad internacional porque visibiliza “los antecedentes políticos e institucionales, que sirvieron de base al actual deterioro que ha permitido la crisis que hoy en día presenciamos”, y además “realiza un exhaustivo análisis a las violaciones cometidas en contra de las personas presas políticas en el marco de sus detenciones y durante sus procesos judiciales, así como los desafíos que enfrenta la institucionalidad en Nicaragua”.
Raza e Igualdad incluyó en el informe una serie de recomendaciones para el régimen de Ortega, entre las cuales destacan:
1. Liberar de forma inmediata a todas las personas aún detenidas por hechos vinculados a las protestas de abril e incluso a aquellos que estuvieren siendo procesados por delitos comunes como represalia por su disidencia.
2. Cesar el asedio policial y parapolicial, así como cualquier otra represalia en contra de las personas que fueron detenidas, procesadas y excarceladas por las protestas de abril 2018; sus abogados defensores, las organizaciones que acompañan su defensa y el periodismo independiente que informa respecto de la situación de las personas en prisión.
3. Adoptar todas las medidas necesarias para determinar responsabilidades penales, civiles y administrativas, sobre las detenciones ilegales, abusos de autoridad, torturas y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes cometidas por autoridades.
4. Permitir el retorno de los mecanismos internacionales de protección y garantía de derechos humanos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas (OACNUDH).