El dictador Daniel Ortega envió con “trámite de urgencia” a la Asamblea Nacional cuatro iniciativas de ley para crear cuatro empresas estatales que operarán en cuanto a la importación, almacenaje, distribución y comercialización de hidrocarburos que antes realizaba la sancionada Distribuidora Nicaragüense de Petróleo (DNP).
Esta movida de Ortega busca evitar las sanciones que el gobierno de Estados Unidos impuso a DNP, y así poder seguir administrando el multimillonario negocio ligado a su familia.
Las iniciativas son la Ley creadora de la Empresa Nicaragüense del Gas (Enigas), Ley creadora de la Empresa Nicaragüense de planteles de almacenamiento y distribución de hidrocarburos (Eniplanh), la Ley Creadora de la empresa nacional de exploración y explotación de hidrocarburos (ENIH) y la cuarta es la Ley creadora de la empresa nicaragüense de importación, transporte y comercialización de hidrocarburos (Enicom).
Las nuevas empresas estatales serán creadas este martes 11 de febrero al ser aprobadas por la aplanadora orteguista de la Asamblea.
Los textos legales las definen como empresas públicas descentralizadas del Estado, con autonomía técnica, administrativa y financiera, de giro comercial y del dominio del Estado nicaragüense… bajo la rectoría sectorial del Ministerio de Energía y Minas, (MEM).
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Para la diputada opositora Azucena Castillo, la empresa Enicom es la sucedería a Albanisa puesto que, según la iniciativa se crea “una empresa exclusiva para las labores de importación, transporte y comercialización de hidrocarburos”.
Un economista consultado por el medio Confidencial coincide con Castillo, pues advierte que “la producción de gasolinas y diésel están casi al máximo de la refinería”, lo que es insuficiente para satisfacer el consumo actual, por lo que es necesario que las capacidades de almacenamiento de DNP pasen a otra empresa, razón exacta por la que se crea Enicom.
En el caso de Enigas, se señala específicamente que esta será la “sucesora legal sin solución de continuidad de Petrogas”, en referencia a la unidad de negocios y marca comercial del mismo nombre, propiedad de la Empresa Nicaragüense de Petróleos (Petronic), que distribuye gas licuado de petróleo (GLP).
Cada empresa tendrá una junta directiva integrada por un presidente, un secretario (que también será su director ejecutivo), un tesorero y un vocal. Todos serán nombrados por Ortega, con la distinción que el presidente de la junta directiva tendrá rango de ministro.
Las cuatro empresas nacen con un blindaje fiscal en apariencia inexpugnable, toda vez que se advierte que su patrimonio “es inembargable y está exento del pago de todo tipo de tributos, tasas, cánones, derechos, regalías, contemplados en la legislación nacional, sea ordinaria o especial; sean estos nacionales, municipales y de cualquier tipo, tanto en sus bienes muebles o inmuebles, rentas participaciones, utilidades, compraventa que realice, y servicios prestados”.
También se detalla que están exentas “de todos los tributos y derechos que graven la importación o compra local de maquinarias, equipos, materiales, insumos y demás bienes destinados exclusivamente al cumplimiento de sus objetivos y funciones”.
De paso, se ordena traspasarles todo el personal que requieran, “de cualquier institución o empresa del Estado”, los que, se aclara, no recibirán liquidación de prestaciones, aunque pasarán a la nueva empresa “gozando de los derechos salariales y de antigüedad laboral adquiridos previamente”.
Para el jurista Eliseo Núñez, que el régimen se ve forzado a crear cuatro empresas como son Enigas, Enicom, Eniplanh y ENIH, “es otro intento de capitalizar su negocio petrolero utilizando al Estado”.
“Necesitan hacer todas las cadenas de distribución para seguir controlando el mercado de los hidrocarburos. Es el imperio petrolero que construyeron la familia Ortega Murillo a costa de los nicaragüenses, y ahora están trasladando al Estado en otro esquema oscuro, porque los que se nombren en esas empresas seguramente serán los mismos allegados al orteguismo. Trasladan su imperio hacia el Estado y es para tratar de esquivar las sanciones que los golpearon ya pero también intentan protegerse de futuras sanciones”, refirió Núñez al diario La Prensa.
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