Nacionales · 12/03/2020

Ortega tomará control del sistema de pensiones de la Policía

La noche de ayer el régimen orteguista envió “con trámite de urgencia” a la Asamblea Nacional una iniciativa para reformar la Ley del Instituto de Seguridad Social y Desarrollo (ISSDHU) para quitarle el control administrativo a la Policía Orteguista, y pasarlo a manos del dictador Daniel Ortega, en un intento de proteger el sistema de pensiones de la institución, luego de las sanciones de Estados Unidos.

Dicha reforma será probablemente aprobada este jueves por la aplanadora orteguista de la Asamblea Nacional.

El 5 de marzo el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a la institución policial por “ser responsable o cómplice, o haber participado directa o indirectamente en graves abusos contra los derechos humanos en Nicaragua”.

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Aunque la sanción no incluía directamente al ISSDHU, ya que este es una entidad autónoma del Estado de Nicaragua, los analistas y expertos previeron que a corto plazo el instituto se vería afectado, por estar adscrito a la Policía.

La iniciativa de Ley, en su artículo 4, ratifica al ISSDHU como un “ente autónomo del Estado de Nicaragua”, pero ordena que ahora estará “adscrito a la Presidencia de la República”.

Aunque Ortega le quita el control administrativo a la Policía, mantiene en el consejo directivo del ISSDHU a tres representantes de la jefatura policial, junto al Ministerio de Gobernación, el Ministerio de Hacienda y de los pensionados y jubilados.

Instituto de Seguridad Social y Desarrollo (ISSDHU) / Foto cortesía

El ISSDHU brinda beneficios y maneja las futuras pensiones de los trabajadores de: la Policía; la Dirección General Sistema Penitenciario Nacional; la Dirección General de Migración y Extranjería; la Dirección General de Bomberos de Nicaragua; los órganos centrales del Ministerio de Gobernación; y el personal que conforma el ente autónomo y que no está afiliado al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS).

El régimen orteguista tiene hasta el próximo 6 de mayo como fecha tope para hacer cambios en las relaciones de la Policía con otras instituciones y empresas privadas, incluidos bancos.