Con 74 votos a favor los diputados orteguistas y sus aliados aprobaron este miércoles la reforma a la “Ley de protección de los derechos de las personas consumidoras y usuarias”, que a juicio de los analistas, protegería al régimen de Daniel Ortega, sus funcionarios y sus instituciones, para que no se les cancelen contratos o transacciones a causa de las sanciones impuestas por Estados Unidos.
Ante de ser aprobada, la reforma fue interpretada como un nuevo intento para evadir las sanciones impuestas por Estados Unidos. El dictador Daniel Ortega, hizo una movida desde la Asamblea Nacional para obligar a las entidades financieras a mantener activas las cuentas bancarias de personas e instituciones públicas, a menos de que los cierres “estén legalmente justificados”.
La Asociación de Bancos Privados de Nicaragua (Asobanp) enfatizó en días recientes que aparte de violar la libre empresa, al impedirle a los bancos que de manera libre elijan con quien iniciar sus relaciones comerciales e igualmente decidir cuándo cancelar una cuenta, se expone al país a ser incluido en la lista negra que impone el grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
“Nos ponen en riesgo como país de pasar de la lista gris en que nos encontramos, a la lista negra que impone el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), lo que ocasionaría el cierre de las cuentas de corresponsalía bancaria, la imposibilidad de recibir remesas, de enviar o recibir transferencias internacionales. Esto implicaría que Nicaragua sea excluida del Sistema Financiero Global”, advirtió Asobanp.
La reforma fue impulsada por el diputado más recientemente sancionado por Estados Unidos, Wálmaro Gutiérrez, presidente de la Comisión Económica de la Asamblea Nacional, quien durante el debate arremetió contra la bancada del Partido Liberal Constitucionalista (PLC) a quienes llamó “mitómanos” y que deberían estos “buscar un psicólogo”.