Los diputados de facto en la Asamblea Nacional de Nicaragua aprobaron el miércoles en segunda legislatura, una reforma a la Constitución Política y otra a la Ley Orgánica del Poder Judicial que elimina el porcentaje mínimo del 4% del Presupuesto General de la República que, por ley, se asignaba al Poder Judicial.
La reforma constitucional, aprobada por los 91 orteguistas y sus aliados, establece que el Poder Judicial recibirá una partida del Presupuesto General de la República para el cumplimiento de sus funciones, la cual estará sujeta a la discreción del “Poder Ejecutivo”, es decir por Daniel Ortega.
Según el orteguismo, la reforma busca “homologar la disposición sobre la asignación de recursos de los Poderes del Estado y suprimir la rigidez presupuestaria”.
En 2023 el Poder Judicial recibió 154,21 millones de dólares, equivalente al 4% del Presupuesto General de la República.
Un porcentaje igual, del 4% (196,03 millones de dólares), tiene proyectado recibir en el 2024, según la Ley Anual del Presupuesto de la República.
En noviembre pasado, los diputados también reformaron la Ley orgánica del Poder Judicial para incluir los cambios realizados en la Carta Magna.
En esa ley, el orteguismo reformó el artículo que establecía que la modificación de las partidas presupuestarias se originaba únicamente por solicitud de la Corte Suprema de Justicia y que era aprobada luego por el Parlamento.
Además se eliminó la facultad que tenía la Comisión de Administración del Poder Judicial de supervisar la ejecución del presupuesto.
La reforma constitucional y la nueva ley fueron aprobadas en ese entonces en primera votación en momentos en que la Corte Suprema de Justicia se encuentra intervenida por la Policía Orteguista.
*Con EFE