La organización Sano y Salvo de Nueva Guinea en la Región Autónoma del Atlántico Sur, denunció que la Policía Orteguista y el comisionado departamental, Otto Nicolás Portillo, le prohibió a sus miembros el derecho a reunirse en una asamblea anual el domingo pasado, bajo el argumento que “estamos en año electoral y que tales eventos están prohibidos”.
A través de un pronunciamiento, la ONG dedicada a la producción ecológica en la Biósfera Sureste del país, relató que el sábado 13 de febrero, la maestra Elba Rivera, socia de la organización fue llamada telefónica del comisionado Norvin Díaz Somoza de Nueva Guinea, para preguntarle sobre la actividad y si esta era de índole político.
Rivera confirmó la reunión y le aclaró al jefe policial que el evento no era político, sino que era una asamblea de las personas asociadas procedentes de varios municipios de la RAAS y Río San Juan.
La ONG agregó que el domingo, el comisionado Díaz junto a varios antimotines detuvo a los productores socios que llegaban a la reunión.
“Hoy (domingo) cuando iniciaron a llegar las y los productores y querían entrar a la calle que va a dar a la finca La Esperancita, y cuando ya se llevaba la provisión y las sillas en una camioneta de acarreo, estos fueron detenidos por el comisionado Díaz y más policías y antimotines”, denunció.
La maestra Rivera llamó al comisionado unas tres veces para explicar nuevamente el objetivo de la reunión; pero nunca respondió. Por lo que fue personalmente a hablar con él y este le manifestó que, “por mandato superior, no se podía dar el permiso” de la reunión.
Minutos más tarde, llegó el comisionado Portillo, quien habría dicho que no permitiría la actividad, porque “estamos en año electoral y que tales eventos están prohibidos”.
“Las y los productores vienen de toda la Región Autónoma del Atlántico Sur y de Río San Juan, de Bluefields, El Rama, Kukra Hill, Laguna de Perlas, Nueva Guinea, El Castillo y de la comunidad Rama Cay. Este hecho, constituye una grave violación y ocasiona daños a más de 80 campesinos mestizos e indígenas que vinieron desde todas esas comunidades lejanas, donde unos tienen que viajar hasta dos días para participar en su asamblea”, sostuvo la ONG.
“Como campesinado, nos sentimos violentados en nuestros derechos constitucionales y nos afecta gravemente en lo económico. Los socios y socias son de todas las tendencias políticas, y nuestra asamblea nunca se habla de política partidaria, por la diversidad religiosa y partidaria que hay en la asociación”, agregó.