Según el diputado orteguista Carlos Emilio López, el régimen de Daniel Ortega instaurará en Nicaragua la prisión perpetua para crímenes de odio no de por vida ni de forma vitalicia, sino que la pena será “revisable” y “flexible”.
“Lo que se usa a nivel internacional es prisión perpetua, prisión de por vida, prisión indeterminada, prisión vitalicia (…). Nicaragua usa la figura prisión perpetua revisable. Nosotros estamos yendo por la figura más flexible”, dijo López, uno de los promotores de esa iniciativa de ley en una teleconferencia con el cuerpo diplomático acreditado en Nicaragua.
Una comisión especial de carácter constitucional, integrada en su mayoría por orteguistas, está a cargo de “estudiar, consultar y dictaminar” el proyecto que propone una reforma parcial al artículo 37 de la Constitución Política que fija en 30 años la pena máxima en Nicaragua.
La iniciativa fue presentada por el grupo parlamentario orteguistas y tendrá que ser aprobada en dos legislaturas.
La pena de prisión perpetua en Nicaragua será aplicada para la persona condenada por delitos graves, cuando “concurran circunstancias de odio, crueles, degradantes, humillantes e inhumanas, que por su impacto causen conmoción, rechazo, indignación o repugnancia en la comunidad nacional”, según el proyecto, que ha causado controversia entre la disidencia.
López, quien encabeza la comisión especial a cargo de analizar y dictaminar el proyecto de reforma, dijo que la flexibilidad se debe a que “su sanción perpetua será revisable, es decir, existe la posibilidad que esta persona pueda salir de la cárcel”, o sea, agregó, será aplicada de forma “excepcional”.
“Excepcionalmente se impondrá la pena de prisión perpetua revisable para la persona condenada por delitos graves”, señaló López, sin especificar los casos que serían excepcionales.
La falta de consenso social sobre qué son los “crímenes de odio” ha creado desconfianza entre los disidentes, incluyendo la Coalición Nacional, que aglutina a partidos políticos y movimientos opositores, quienes temen que el régimen de Ortega utilice dicha figura de forma discrecional para encerrar a quienes considere como una amenaza.
Grupos opositores han dicho que esa propuesta de cadena perpetua, más la ley de ciberdelitos y la de agentes extranjeros, son la “nueva modalidad de represión” estatal en el marco de la grave crisis que vive el país desde abril de 2018.
Según la oposición, Ortega está promoviendo leyes que serán usadas contra sus oponentes, críticos y prensa independiente, con el fin de intimidar, acallar y neutralizar la disidencia y las voces críticas de cara a las elecciones generales previstas para noviembre del próximo año.
*Con información de EFE