*Por Enrique Sáenz
Comencemos por decir que el mes de mayo, desde el punto de vista legal, no tiene ninguna significación en materia electoral. En elecciones anteriores, tanto los que fueron legítimas como en las farsas electorales que montó Ortega, el año electoral comenzaba en noviembre del año precedente. Si repasamos un poquito hacia atrás nos percataremos que el calendario electoral se publicaba precisamente en noviembre del año anterior. Es decir, debió publicarse en noviembre del 2020. Sin embargo, esta vez, a estas fechas, no hay calendario.
En las elecciones del 2011, en las cuales fue despojado Fabio Gadea, tanto las alianzas políticas como las fórmulas presidenciales se inscribieron en marzo. Ahora, a estas fechas, no se sabe cuándo se inscribirán. Menos aún las de diputados.
En resumen, si estuviéramos hablando de un régimen de derecho, tendríamos que decir que el año electoral comenzó en noviembre del año pasado, pero estamos frente una dictadura que no respeta ni leyes, ni Constitución. Ortega dejó correr el tiempo, aplicando una de sus tácticas habituales, para arremeter contra el cacho y cerrar las opciones.
¿De dónde salió el mes de mayo como referente electoral?
Previsiblemente surgió de la resolución que adoptó la Asamblea General de la OEA en octubre del 2020, en la cual fijó el mes de mayo para evaluar si se estaban estableciendo condiciones electorales apropiadas para realizar elecciones democráticas. Ortega, ni corto ni perezoso, se agarró de esa fecha y jugó con los tiempos.
Para analizar el momento inmediato corresponde entonces recordar la citada resolución de la OEA. En su parte pertinente plantea que es crítico, así, con esa palabra, crítico, la adopción de, entre otras, las siguientes medidas:
a) La modernización y reestructuración del Consejo Supremo Electoral para garantizar que funcione de forma totalmente independiente, transparente y responsable.
b) Un proceso político pluralista que conduzca al ejercicio efectivo de los derechos civiles y políticos, incluidos los derechos de reunión pacífica y la libertad de expresión, y al registro abierto de nuevos partidos políticos.
c) Un examen técnico independiente, la actualización de los registros de votación y una auditoría independiente de las listas de votantes.
d) Una observación electoral internacional independiente, fidedigna y acreditada.
e) Un registro de votantes transparente y efectivo, la distribución de tarjetas de identificación y la gestión de centros de votación.
f) Un recuento y consolidación transparentes de los resultados y la publicación de los resultados en tiempo real.
g) Procedimientos adecuados para la presentación de quejas sobre la conducción de las elecciones y sus resultados, así como procedimientos para resolverlos.
¿Cuál de esas condiciones se ha cumplido a esta fecha? Ninguna.
Más bien, Ortega está colocando los últimos andamios de su circo electoral.
Los andamios del circo electoral
Más de cien prisioneros políticos, más de cien mil exiliados, encarcelamientos y allanamientos ilegales, juicios y condenas arbitrarias, aprobación de leyes represivas que gravitan sobre las cabezas de organizaciones políticas y de la sociedad civil, sobre precandidatos, candidatos, dirigentes políticos y gremiales, y ciudadanos en general, suspensión de los derechos y garantías constitucionales, paramilitares actuando impunemente, en fin, todo lo que ya sabemos.
Para los próximos días se prepara a designar un Consejo Supremo Electoral de fachada, compuesto de sirvientes y por uno que otro opositor de mentira, sirviente de verdad. Además, se prepara para imponer una ley electoral con cambios cosméticos, si acaso hace alguno. Y seguidamente va a imponer un calendario electoral «mata caballo» para impedir o entorpecer decisiones y acciones de las organizaciones opositoras.
¿Hay tiempo de impedir que Ortega termine de montar su circo electoral?
Está difícil, pero no hay peor lucha que la que no se hace.
Comencemos por el plano internacional: Corresponde al Secretario General de la OEA cumplir la disposición número 5 de la resolución de la Asamblea General de esa organización, que le encomienda informar periódicamente sobre la aplicación de las reformas electorales que conduzcan a elecciones libres, justas, competitivas, observadas y legítimas. Esta última frase es tomada literalmente: Elecciones libres, justas, competitivas, observadas y legítimas.
Hasta la fecha, Luis Almagro no ha presentado ni un solo informe, al menos que se haya conocido. Es urgente que lo haga. Y que ese informe no ande con medias tintas.
Además, el grupo de trabajo, integrado por gobiernos de estados miembros de la OEA, constituido para favorecer una solución política a la crisis nicaragüense, también debería presentar su propio informe.
Pero, sobre todo, corresponde que el Consejo Permanente sesione cuanto antes para considerar y debatir el informe que debe presentar el Secretario General. Esa sesión y la resolución que debiera adoptar puede ofrecer un marco político favorable y un incentivo para que a nivel bilateral los gobiernos más comprometidos con el restablecimiento de la democracia en Nicaragua, arrecien las presiones contra el dictador.
Naturalmente, las acciones internacionales deben ser acompañadas por nuevos pasos de concertación entre liderazgos y organizaciones nacionales opositoras, que se traduzcan en presiones al régimen.
¿Que esas acciones serán suficientes? No necesariamente. Pero lo peor sería dejar que el dictador imponga impunemente sus designios.
En cualquier caso, de esta vuelta lo menos que deberíamos sacar es la unidad de las fuerzas efectivamente comprometidas con el restablecimiento de la democracia. Unidad necesaria para las futuras batallas. Porque vendrán otras batallas.
Y quedemos claros: no todos los que se declaran opositores están efectivamente comprometidos con la democracia.