Destacados / Nacionales · 25/07/2023

Régimen busca reemplazo de la sancionada Fiscal General, Ana Julia Guido

Los diputados de facto en la Asamblea Nacional aprobaron este martes 25 de julio, una supuesta convocatoria para la presentación de candidatos y candidatas para ocupar el cargo de Fiscal General y Fiscal General Adjunto de Nicaragua, que actualmente ostentan la sancionada Ana Julia Guido y Julio González, respectivamente.

Ante el cumplimiento del periodo para el que fueron electos el Fiscal General de la República y Fiscal General Adjunto de la República del Ministerio Público. La Asamblea Nacional resuelve, primero convocar al presidente de la república y a los diputados y diputados de la Asamblea Nacional para que presenten candidatos y candidatas para ser electo como Fiscal General de la República y Fiscal General Adjunto de la República”, señalaron los orteguistas en el Parlamento.

Según el documento aprobado, las propuestas de los candidatos y candidatas deberán ser presentadas “con los documentos necesarios que demuestren la idoneidad para ocupar los cargos ante la secretaría legislativa de la comisión especial de carácter constitucional, dentro del plazo de 15 días a partir de la publicación de la presente resolución de convocatoria en La Gaceta, diario oficial”.

Ana Julia Guido es Fiscal General de Nicaragua desde 2014, propuesta por Ortega ante la Asamblea Nacional. Antes fue Fiscal Adjunta, también a propuesta de Ortega en 2007.

La Ley Orgánica del Ministerio Público dice en el artículo 23 que para ser Fiscal General o Fiscal General Adjunto, es necesario ser nicaragüense, ser abogado de moralidad notoria y haber ejercido la profesión por lo menos durante 10 años o haber sido magistrado del Tribunal de Apelaciones por cinco años. Guido fue policía toda su vida y no ejerció como tal esta profesión.

La Fiscal General está sancionada por Estados Unidos, la Unión Europea, Suiza y Canadá, por coordinar la realización de más de 700 acusaciones a manifestantes que protestaron en contra del régimen orteguista en 2018, por contribuir al continuo deterioro de los derechos humanos, la democracia y el Estado de derecho en Nicaragua.