Jared Genser, abogado internacional de los aspirantes presidenciales Juan Sebastián Chamorro y Félix Maradiaga, denunció este viernes que el régimen de Daniel Ortega a través de su Poder Judicial cometió 35 violaciones al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en el juicio de siete días contra ambos presos políticos.
“El ‘juicio’ de Chamorro y Maradiaga es espeluznante tanto por la cantidad como por la gravedad de las violaciones sustantivas y al debido proceso exhibidas, y demuestra cómo el régimen de Ortega ha tomado el control total de la policía, la fiscalía y el poder judicial para promover sus intereses autocráticos. En efecto, el régimen de Ortega cometió 35 violaciones al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en el juicio”, señaló Genser a través de un informe en el que ilustró que el “proceso judicial” que se llevó a cabo a puerta cerrada en la cárcel de El Chipote, es para “castigar a los críticos, silenciar la disidencia y mantener su control absoluto en el poder”.
El 3 de marzo pasado, el juez Félix Ernesto Salmerón Moreno, Juez Quinto de Distrito para lo Penal de Managua condenó a ambos líderes de la oposición a 13 años de cárcel por el cargo de “conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional”, basada en la recomendación de Heydi Estela Ramírez Olivas, Fiscal Auxiliar del Ministerio Público de Nicaragua.
Chamorro y Maradiaga fueron declarados “culpables” el 23 de febrero, luego de siete días de audiencias que comenzaron el 15 de febrero de 2022.
Genser denunció que el juicio se llevó a cabo en la cárcel El Chipote “y no en una sede de la corte como lo exige la ley”.
“Tanto el público como la prensa no pudieron asistir al juicio. Antes del juicio, a los presos políticos se les negó la oportunidad de reunirse con sus abogados para preparar una defensa. Para la mayoría de los presos, fue solo la primera o segunda vez que se reunían con sus abogados. En el caso de Maradiaga, el abogado que lo representó en la audiencia inicial del 3 de septiembre de 2021 (la única audiencia desde que fue detenido), fue obligado a huir al exilio. Su segundo abogado fue detenido. Un otro abogado también huyó al exilio. Entonces la actual abogada de Maradiaga es su cuarta, y se encontraron por primera vez el día del juicio”, precisó.
Agregó que “ni a los presos ni a sus abogados se les proporcionó ninguna prueba documental relacionada con los supuestos cargos que se les imputan, ya sea antes o durante los juicios, ni se les ha notificado con antelación a los testigos que se presentarán contra ellos”.
Además, “se consideró demasiado peligroso para los presos llamar a testigos en su propia defensa, por temor a que los testigos también fueran detenidos o perseguidos, violando el principio de igualdad de armas”.
El juicio contra Chamorro y Maradiaga fue “dentro de la prisión, el juicio tuvo lugar en un grande auditorio. A cada preso político se le permitió tener presente a un miembro de la familia, pero se les prohibió traer cualquier artículo o material, tampoco papel y lápiz para tomar apuntes”.
Asimismo, se pidió a los miembros de la familia que se sentaran en un área a un lado y se les permitió hablar con sus seres queridos detenidos por no más de 10 minutos. “Solo se les permitió hablar con sus familias mientras comían durante el almuerzo, todo bajo la supervisión de la policía”.
El abogado sostuvo que los platos de los que comían “eran rojos y negros, los colores de la bandera sandinista”.
“Según familiares presentes en el juicio, los presos políticos ingresaron al auditorio de uno en uno, con cabezas gachas, vestidos con ropa de preso y esposados, cada uno escoltado por policías. Estaban sentados en una hilera de sillas a un costado del auditorio, y un oficial de policía separaba a cada preso para evitar que hablaran entre sí”, describió.
Entre otras violaciones a lo largo del juicio, Genser sostuvo que los presos tuvieron “muy poco o ningún contacto con sus abogados”.
“El primer día del juicio, los presos pudieron hablar con sus abogados durante dos minutos antes de 10 que comenzara el juicio, bajo vigilancia policial. Durante unos días del juicio, no se les permitió hablar con sus abogados en ningún momento. Durante todo el juicio, los presos fueron sentados separados de sus abogados para impedir cualquier comunicación. A los abogados también se les impidió dirigirse libremente al tribunal durante el juicio y se les impidió hablar en varias ocasiones”.
Los presos políticos escucharon las acusaciones en su contra por primera vez el primer día del juicio, cuando la fiscal leyó la acusación.
“Los familiares en la galería observaron que los presos escuchaban con los ojos muy abiertos por la conmoción al escuchar los delitos que se les acusaba de cometer. A Chamorro y Maradiaga se les impidió hablar en cualquier momento de su juicio; solo se les permitió indicar ‘si’ o ‘no’ con la cabeza e incluso fueron castigados por hacerlo con demasiado entusiasmo. El último día de su juicio, a cada uno se le permitió hacer una breve declaración de tres minutos, pero fue la primera vez que se les permitió hablar durante el proceso entero de siete días”, apuntó.
“PRUEBAS” CONTRA PRESOS POLÍTICOS
El abogado señaló que durante el juicio, la fiscalía presentó a 27 agentes de la policía como “testigos” en contra los siete presos políticos.
“La única prueba que se les imputaba era su participación a un grupo de WhatsApp y unas entrevistas de televisión. También presentaron la presupuesta evidencia material, incluyendo objetos que fueron obtenidos durante los allanamientos ilegales a las casas de los presos”.
Sin embargo, “la evidencia material presentada nunca fue directamente relacionada con el presunto delito: por ejemplo, una unidad USB se presentó como ‘evidencia’ y la fiscalía alegó que contenía documentación de actividad ilegal, pero la documentación en sí nunca se presentó”, indicó.
Genser subrayó que la Constitución Política de Nicaragua indica explícitamente que “[e]n el territorio nacional toda persona goza de la protección estatal y del reconocimiento de los derechos inherentes a la persona humana, del irrestricto respeto, promoción y protección de los derechos humanos, y de la plena vigencia de los derechos consignados en […] el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de la Organización de las Naciones Unidas”.
Entre las violaciones ocurridas en el juicio contra Juan Sebastián Chamorro y Félix Maradiaga, así como las violaciones pertinentes del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos están: prohibición de detención o prisión arbitraria, derecho a la libertad de expresión, derecho a la presunción de inocencia, derecho a un juicio en plazo razonable o a libertad (presunción de fianza), derecho a defenderse mediante la asistencia legal de su elección y a ser informado de este derecho y provisto de la asistencia legal que se le asigne en todo caso cuando así lo exija el interés de la justicia, derecho a un juicio justo, entre otras.
El juez que presidió el juicio contra ambos aspirantes presidenciales fue el juez Félix Ernesto Salmerón Moreno, Juez Quinto de Distrito para lo Penal de Juicio de Managua. La fiscal fue Heydi Estela Ramírez Olivas, Fiscal Auxiliar del Ministerio Público de Nicaragua. Su jefa es la Fiscal General de Nicaragua, Ana Julia Guido Ochoa.
