El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo celebró este jueves que la Corte Internacional de Justicia (CIJ) le haya dado la razón a Nicaragua en su litigio con Colombia, lo que le permitirá al país extender permisos de pesca “y cualquier permiso de exploración y explotación de los recursos en sus áreas”.
La CIJ consideró válidas las denuncias de Nicaragua sobre la violación por parte de Colombia de su “soberanía y jurisdicción” con su permiso de pesca a buques colombianos y su “interferencia” con las tareas nicaragüenses de investigación científica marina en aguas de Managua.
“El día de hoy la Corte ha dictado sentencia firme, definitiva y de obligatorio cumplimiento en la que da la razón a Nicaragua al confirmar que Colombia implementó una política de Estado que ha violado la jurisdicción y los derechos soberanos de Nicaragua”, señala una declaración firmada por Ortega y su mujer Murillo.
Según Managua, el tribunal de la ONU determinó que Colombia intervino con las actividades de pesca, investigación científica marina y operaciones navales de Nicaragua en su zona económica exclusiva, reporta EFE.
Además, intentó imponer medidas de conservación a los recursos naturales y medio ambiente marino de Nicaragua, autorizar actividades de pesca en la zona económica exclusiva nicaragüense, y emitir el Decreto Presidencial 1946 del 9 de septiembre de 2013 que desconocía una sentencia de la CIJ.
“La sentencia ha dejado en claro explícitamente que Nicaragua es el Estado soberano para extender permisos de pesca, y cualquier permiso de exploración y explotación de los recursos en sus áreas”, dice el texto.
También para “conservar el medio ambiente marino de toda su zona económica exclusiva, entre otros, de acuerdo al derecho internacional, la Convención de Cartagena y el Protocolo relativo a las áreas y a la flora y fauna silvestres especialmente protegidas”, agrega.
Según el régimen quedó “confirmado que la Reserva de Biósfera del Caribe Nicaragüense, creada en el 2021, se encuentra dentro de las áreas jurisdiccionales de Nicaragua en conformidad con las normas internacionales”.
Asimismo, adelantó que “tomará los pasos necesarios para ajustar su legislación con respecto a sus líneas de base recta en el mar Caribe para que las mismas puedan cumplir a cabalidad con las recomendaciones del alto tribunal”.
El régimen aseveró “su firme compromiso con el Estado de Derecho a nivel internacional y la solución pacífica de las controversias entre los Estados”.
Este fallo tiene sus orígenes en una sentencia de la CIJ emitida el 19 de noviembre de 2012, por la que Colombia mantuvo la soberanía sobre el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, así como de los cayos que lo integran, y conservó 12 millas náuticas del agua que rodea estos territorios, pero perdió con Nicaragua casi 75.000 kilómetros cuadrados de mar.
Nicaragua denunció entonces ante la CIJ, con sede en La Haya, que Colombia había violado el derecho internacional por no aplicar esa sentencia porque su Armada hace operaciones en aguas caribeñas que no le corresponden y Bogotá expidió el decreto que estableció una “zona contigua integral”.