A juicio del economista Maykell Marenco, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo es el responsable del aumento de la criminalidad y violencia en el país, y por lo que Nicaragua ya no es considerado como “el país más seguro de Centroamérica”.
Esto último, –precisó Marenco—ya es un mito, pues Nicaragua es “el país menos inseguro”, lo que no es lo mismo que la primera afirmación y más con las estadísticas actuales.
En entrevista con La Mesa Redonda, sostuvo que el Índice Global de Criminalidad de 2015, ubicó a Nicaragua en el puesto 51. Pero, ahora en el 2020 nos ubicamos en el número 68.
“(El responsable) es el gobierno de Nicaragua, que ha venido deteriorando la calidad educativa, ha propiciado la destrucción del sistema judicial, la falta de credibilidad en las instituciones del Estado, el hecho que hay un centralismo absoluto (…) Todo esto ha provocado el aumento de la delictividad en Nicaragua”, aseguró.
El economista hizo un estudio sobre la incidencia del delito en Nicaragua, las acusas del aumento de la criminalidad y la violencia, encontrando cinco factores determinantes: deterioro acelerado de la economía, deterioro de la educación, la pérdida de la institucionalidad democrática, el deterioro del sistema judicial y la corrupción gubernamental.
Sobre el deterioro acelerado de la economía, Marenco aseveró que “al final del día, no es la pobreza lo que provoca la delincuencia, porque entonces se podría decir que ‘todos los pobres son potencialmente delincuentes’ no”.
“Cuando se produce un deterioro económico acelerado, se exacerba la brecha existente en la distribución del ingreso y el factor riesgo por no disponer de rentas suficientes recae con mayor fuerza sobre las clases medias y bajas, que además poseen menos mecanismos para soportar estos shocks. Se genera entonces una especie de movilidad social negativa, donde el deterioro de la actividad económica aumenta la tasa de desempleo y reduce los ingresos esperados de las familias que ahora perciben rentas insuficientes para adquirir sus bienes y servicios habituales para sobrevivir, generándose así mayor desigualdad y es este aumento de la desigualdad a su vez, el que impulsa el crecimiento de la delictividad”, dice un reporte elaborado por Marenco.
Sobre el deterioro de la educación, indicó que “Nicaragua tiene la asignación promedio más baja de escolaridad y la asignación presupuestaria para la educación es una de las más bajas de la región”. Al mismo tiempo que cuatro de cada cinco niños que ingresan a la primaria no la concluyen.
Según el estudio del experto, el deterioro educativo en el país “es uno de los factores que guarda una estrecha relación negativa con la delictividad, porque a medida que hay más educación en el tejido social, se reduce el atractivo de dedicarse al crimen. Así, entre más y mejor educada es una sociedad, se generan dos efectos: se desarrollan capacidades en los individuos para dedicarse a actividades que orbiten dentro de la legalidad y, por otro lado, se desarrolla en el fuero interno de los individuos una escala más alta de valores morales. De manera que una mayor cobertura en educación sirve de freno contra aumento de la criminalidad”.
En el factor del deterioro del Sistema Judicial, Marenco subrayó que en los últimos meses el régimen de Daniel Ortega ha liberado a más de 22.000 reos comunes. “Esto tiene un impacto fuertísimo, considerando que el sistema judicial no está abocado a reformar a los ciudadanos que delinquen, sino que está abocado al castigo”.
En ese sentido, “la liberación de estos reos comunes representa un grave peligro para la población, porque salen más peligrosos y con mayor estabilidad para delinquir”, advirtió. “Por eso tenemos registrados índices de violencia más siniestros”, agregó.
Marenco señala que el sistema judicial y policial “protegen y premian el delito, se genera un clima de impunidad y debilitamiento de las instituciones que terminará multiplicando el crimen”.
Sobre la institucionalidad democrática, “alude a un concepto de libertad, si nosotros como ciudadanos no nos sentimos seguros, nos restringimos en movimientos, por lo cual sin libertad es imposible hablar de democracia”, apuntó.
Añadió que hay ausencia de un Estado de Derecho que proteja a las personas.
“Si no existen libertades civiles y derechos políticos, es imposible hablar de democracia, por ende, tampoco de reglas del juego claras, lo cual actúa en detrimento de la sociedad, socavando su confianza y destruyendo los incentivos para otorgar credibilidad a un posible contrato social que garantice el cumplimiento de los derechos individuales y el resguardo de la seguridad”, reza su reporte.
Y por último, la corrupción gubernamental, donde Nicaragua se encuentra en las primeras posiciones. “Las personas perciben que hay niveles de corrupción bastante altos e internalizan estas prácticas y comienzan a delinquir”, alertó Marenco.
En este aspecto, una de las instituciones más corruptas en Nicaragua es la Policía Orteguista.
El deterioro de estos cinco factores tiene relación directa con las políticas que ha implementado el régimen de Ortega a lo largo de estos años, concluyó.