Diversos sectores han rechazado la propuesta de reforma a Ley General de Aguas Nacionales (Ley 620) presentada por el dictador Daniel Ortega ante la Asamblea Nacional, pues alertan que con ésta se pretende “privatizar” el agua potable de Nicaragua y seguir sangrando el bolsillo de los nicaragüenses.
La propuesta fue presentada el pasado 30 de octubre en la Primera Secretaría de la Asamblea Nacional. La reforma a la Ley 620 deberá ser consultada con diferentes sectores por la Comisión del Medio Ambiente y Recursos Naturales del Legislativo, para ser revisada antes de aprobarse.
Con este proyecto de ley, el régimen Ortega-Murillo desaparecerá al Instituto Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados (INAA), actual ente regulador del sector, y concentrará todas las funciones de regulación en la Autoridad Nacional del Agua (ANA).
Ortega argumentó la iniciativa de ley en “la necesidad de que la Autoridad Nacional del Agua (ANA) absorba por fusión al Instituto Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados (INAA) con la finalidad de contar con una sola instancia reguladora de los recursos hídricos a nivel nacional”.
Al respecto, el presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), Michael Healy, indicó el miércoles que una comisión jurídica de la patronal está analizando artículo por artículo dicha reforma; sin embargo, afirmó que la iniciativa está diseñada para “controlar” este recurso natural con fines recaudatorios e “intereses partidarios”.
Healy señaló que el régimen orteguista pretende “controlar, centralizar, polarizar y seguir institucionalizando conforme a sus intereses partidarios”.
“Son leyes para sacarle más dinero a los nicaragüenses y no agiliza la tramitología para esta situación”, dijo el dirigente empresarial.
“A nosotros nos preocupa porque se vuelve unilateralmente al gobierno a tomar decisiones que las vemos nosotros que serán más burocráticas y va a incrementar los costos va a poner cánones y van a pagar más los productores”, agregó.
PRIVATIZACIÓN DEL AGUA
Por su parte, Ruth Selma Herrera, coordinadora de la Plataforma Nacional del Agua, sostuvo que esta reforma “está hecha para construir las pistas y los caminos por donde va a circular la privatización del agua”.
“Es una ley para privatizar el agua, aunque no encontrés la palabra privatización, encontrás agentes privados”, manifestó Herrera a la plataforma Despacho 505.
“Les quitan funciones operativas a Enacal y le dan funciones normativas a la ANA porque le pasan todo lo que tenía Inaa pero también le dan funciones operativas a la Autoridad Nacional del Agua y le quitan funciones técnicas”, explicó.
Para Herrera el régimen irá creando “toda una falsa conciencia que es mejor que se lo pasen a los privados” para luego subir el costo de la tarifa al agua de manera ilegal.