Al menos 15 relatoras y relatores de las Naciones Unidas, alertaron este viernes sobre el “cierre arbitrario” de cientos de organizaciones de la sociedad civil en Nicaragua, señalando que “es muy preocupante y tendría un efecto amedrentador en activistas y personas defensoras de derechos humanos en todo el país”.
En una carta dirigida al régimen de Daniel Ortega el lunes, las y los expertos de la ONU aseguraron que la cancelación de la personalidad jurídica de cientos de asociaciones “representa un claro patrón de represión del espacio cívico”.
Las y los expertos se hicieron eco de una declaración de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos de principios de año, respecto a la represión de la sociedad civil en Nicaragua.
Además, expresaron conmoción sobre el alcance de las clausuras por parte de la Asamblea Nacional a petición de Ortega. Contabilizaron el cierre de más de 700 organizaciones, 487 de ellas solo en el mes pasado.
Si bien el cierre del espacio cívico se ha observado desde la crisis de 2018, el cierre de organizaciones se ha acelerado como consecuencia de la Ley sobre Regulación de Agentes Extranjeros (2020) y la Ley General de Regulación y Control de Organismos sin Fines de Lucro (OSFL) que entró en vigor recientemente.
En anticipación a la entrada en vigor de la Ley OSFL, las y los expertos proveyeron su análisis legal y expresaron sus preocupaciones. En particular, la Ley OSFL impone amplios procedimientos administrativos y de registro, la divulgación de los datos de beneficiarios/as, y limita significativamente el financiamiento externo. Hasta ahora, las y los expertos no han recibido una respuesta a sus observaciones.
“Lamentamos observar, nuevamente, el uso indebido de leyes anti-terroristas y anti-lavado de dinero para restringir innecesaria- y desproporcionadamente las actividades de la sociedad civil y las libertades fundamentales”, dijeron las y los expertos, haciendo referencia a una tendencia mundial.
Detallaron que las clausuras no solo afectaron organizaciones de derechos humanos, incluyendo aquellas que trabajan para los derechos de las mujeres y de los pueblos indígenas, sino también aquellas que promueven valores democráticos y que luchan contra los efectos negativos del cambio climático.
Las clausuras también afectan asociaciones que proveen ayuda humanitaria y servicios médicos, así como instituciones educativas, culturales y artísticas, y fundaciones religiosas.
“Esta situación tendrá consecuencias aún más devastadoras sobre personas y grupos en situación de marginalización que dependen de estos servicios para su supervivencia, por ejemplo, comunidades rurales e indígenas, niños/as y jóvenes, mujeres y solicitantes de asilo”, dijeron las y los expertos.
Las y los expertos de la ONU expresaron preocupación sobre el efecto disuasivo que estas clausuras tienen sobre actores de la sociedad civil. Cientos de activistas ya han huido el país para buscar refugio en Estados vecinos dado el riesgo de represalias, agregaron.
“Instamos al Estado a abstenerse de decretar más cierres y de revocar inmediatamente estas restricciones sobre las asociaciones. Un espacio cívico y político funcional, sólido y diverso es crucial para cualquier país democrático” finalizaron las y los expertos.
*Las y los expertos: Clément Nyaletsossi Voule, Relator Especial sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y asociación; Mary Lawlor, Relatora Especial sobre la situación de las personas defensoras de los derechos humanos; Irene Khan, Relatora Especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión; Francisco Cali Tzay, Relator Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas; David R. Boyd, Relator Especial sobre los derechos humanos y el medio ambiente; Saad Alfarargi, Relator Especial sobre el derechos al desarrollo; Michael Fakhri, Relator Especial sobre el derecho a la alimentación; Tlaleng Mofokeng, Relatora Especial sobre el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental; Grupo de Trabajo sobre la discriminación contra las mujeres y las niñas: Melissa Upreti (Presidenta), Dorothy Estrada Tanck (Vicepresidenta), Elizabeth Broderick, Ivana Radačić y Meskerem Geset Techane; Fionnuala Ní Aoláin, Relatora especial sobre la promoción y la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo; Alexandra Xanthaki, Relatora Especial sobre los derechos culturales.