Este domingo fue instalada la ilegítima Asamblea Nacional de Nicaragua, para el período 2022-2027, donde de 75 de los 90 diputados son orteguistas.
La sesión fue presidida por el pleno de magistrados del Consejo Supremo Electoral (CSE), encabezado por su presidenta, Brenda Rocha, que se encargó de hacer el juramento y entregar credenciales a los diputados, precisó EFE.
Posteriormente los legisladores eligieron por “unanimidad” al sancionado Gustavo Porras como “presidente de la Junta Directiva del Parlamento”, cargo que ocupó en el período anterior.
Porras, de 67 años, es uno de los tres diputados orteguistas sancionados por Estados Unidos y Canadá por promulgar “leyes represivas” en el marco de la crisis sociopolítica que vive el país desde abril de 2018.
Diputado desde 2002, Porras forma parte del círculo de poder del régimen de Daniel Ortega, y su esposa Rosario Murillo.
Estados Unidos acusa al médico y también dirigente sindical de ser el operador político más importante de Ortega y de ejercer un control significativo sobre el Instituto de Seguridad Social (INSS) y el Ministerio de Salud, con la aprobación de Murillo.
CONTROL ABSOLUTO ORTEGUISTA
La Junta Directiva del Congreso, que fue elegida en pleno, estará presidida durante dos años por Porras y como vicepresidentas a las también sandinistas Arling Alonso y Gladdy Báez y la liberal María Haydee Osuna, todas diputadas “reelegidas”.
El régimen cuenta con 75 de los 90 escaños de la Asamblea Nacional, lo que le permite aprobar reformas a la Constitución y leyes ordinarias de forma unilateral.
El Partido Liberal Constitucionalista (PLC), considerado como aliado de Ortega, tiene nueve parlamentarios, más el que corresponde por ley al candidato presidencial que presuntamente quedó en el segundo lugar, que fue Walter Espinoza, que pertenece a ese colectivo.
Los minoritarios Partido Liberal Independiente (PLI) y Alianza Liberal Nicaragüense (ALN) tiene dos legisladores cada uno, y la Alianza por la República y el partido indígena Yatama uno cada uno.