El Servicio Jesuita para Migrantes (SJM) de Costa Rica anunció este jueves que hará una “revisión exhaustiva y rigurosa” del contenido de los dos decretos firmados ayer por el gobierno de Rodrigo Chaves, referente al tema migratorio en ese país, y adelantó que impugnará tales medidas migratorias “si estas atentan contra la normativa costarricense y los instrumentos suscritos a nivel internacional, en materia de Derechos Humanos”.
“Nuestro objetivo es proceder oportunamente con la activación de los mecanismos legales de impugnación de las medidas que puedan atentar contra la normativa costarricense y los instrumentos suscritos a nivel internacional, en materia de Derechos Humanos. Además, estaremos muy al pendiente de los procedimientos, directrices u otros mecanismos que se establezcan para la operacionalización de los dos decretos indicados, con el fin de valorar y actuar frente a disposiciones que no estén debidamente aparejadas con el debido proceso y las normativas que sostienen el sistema democrático de Costa Rica”, informó el Servicio Jesuita para Migrantes.
Esta organización “lamentó” que “el modo intervención del gobierno del señor Chaves esté orientado a la represión, mediante disposiciones que -a todas luces- afectarán a personas con necesidades de protección que llegan a Costa Rica en circunstancias de alta vulnerabilidad y que son víctimas de múltiples formas de violencias y persecución en sus países de origen”.
“Un Estado que se precia de pacífico, democrático y respetuoso de los Derechos Humanos, debiese atender de una manera distinta estas problemáticas, pues son crisis que no pueden ser resueltas por un país en solitario”, sostuvo.
Para el SJM, la administración de gobierno costarricense “está dejando de lado la valiosa oportunidad que tiene de liderar el tema de la movilidad forzada de personas, en los espacios o foros internacionales en los que participa”.
“Las medidas de contención, rechazo, represión nunca ofrecerán una salida sostenible para ningún país en el mediano plazo”, apuntó.
Insistió que se sumará activa y colaborativamente a otras iniciativas nacionales e internacionales que impulsen de cara a la urgencia de “enfrentar cualquier iniciativa del gobierno actual que pueda atentar contra los Derechos Humanos de personas en movilidad que atraviesen o busquen protección en nuestro país”.
“En lo inmediato, nos ocuparemos de seguir orientando a las personas -que con justa razón están temerosas, carecen de información detallada sobre los alcances de las disposiciones anunciadas y velaremos para que los anuncios no generen ‘el envalentonamiento’ de grupos hostiles y xenófobos en Costa Rica que, aunque son minúsculos, pueden tornarse peligrosos”, agregó.
LOS DECRETOS
Ayer, el gobierno de Costa Rica anunció una serie de cambios a los reglamentos migratorios con el fin de evitar lo que considera “abusos” en las solicitudes de refugio por parte de migrantes que no reúnen las características para optar por ese estatus.
“Estamos cerrando el abuso de una vez por todas. Costa Rica seguirá siendo un faro de seguridad y esperanza para aquellos que de verdad necesitan protección”, declaró el presidente Chaves, en la conferencia de prensa semanal posterior al Consejo de Gobierno.
Chaves firmó un decreto que reforma el Reglamento de Refugio y que establece que no se otorgarán permisos laborales a las personas solicitantes de refugio de forma inmediata, sino que deberán cumplir con un procedimiento interno de estudio.
A los migrantes solicitantes de refugio que ya cuentan con permiso de trabajo, se les renovará ese permiso solamente si se inscriben como trabajadores y cotizan ante la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS).
Otro cambio es que toda nueva solicitud de protección internacional deberá ser presentada dentro de un mes natural a partir del día del ingreso de la persona a Costa Rica y que si el solicitante sale del país, las autoridades darán por terminado el proceso.
Asimismo, las personas solicitantes de refugio ya no podrán salir de Costa Rica por ningún motivo, mientras su solicitud se encuentra en trámite. De hacerlo, se entenderá como un abandono del proceso y se archivará en forma definitiva.
El presidente firmó otro decreto acerca de la Categoría Especial Temporal para Personas Nacionales de Cuba, Nicaragua y Venezuela, la cual entraría a regir el 1 de marzo del 2023 y que dará un plazo a las personas de estas nacionalidades que no califican como refugiados o que tienen mucho tiempo en el país, para que regularicen su estatus migratorio en Costa Rica.