En una lucha universal por el respeto a los derechos humanos, las libertades y la democracia, estas sanciones son una muestra de que los países democráticos del mundo están atentos a defender estos valores, y sirven para castigar, aunque parcialmente a los gobiernos y personajes represivos que cometen o contribuyen a las violaciones de derechos humanos, y las libertades de los pueblos.
El régimen de Nicaragua ha sido sancionado por Estados Unidos, pero también por la Unión Europea, y muchos otros países del mundo que ven a un régimen violador masivo de los derechos humanos nicaragüenses, comenzando por la muerte de 300 personas en el 2018, cienes de presos, centenares de miles de exiliados, y una represión permanente sobre el pueblo de Nicaragua.
Si bien es cierto estas sanciones no llevan el objetivo declarado de derrocar a la dictadura, sino para que tomen el camino de la libertad y la democracia para Nicaragua, son un castigo fuerte a funcionarios e instituciones corruptas, represivas y colaboradoras de la dictadura.
El pueblo no puede expresarse públicamente sobre las sanciones como las anunciadas por los Estados Unidos, hoy, por ejemplo, pero el pueblo ve con satisfacción el hecho que se castigue a los que lo tienen oprimido, y les niegan su derecho a la democracia y el desarrollo.
No son sanciones contra el pueblo, sino contra personeros del régimen y sus entornos, a quienes se les limita el espacio donde se movilizan, descubren su corrupción, y es una especie de vigilancia permanente contra la impunidad con que actúan.
Si bien es cierto que las sanciones emitidas hasta hoy, el régimen ha tratado de obviarlas con una serie de trucos administrativos y aprendido a sobrevivir a la sombra de testaferros, los sancionados de alguna manera quedan como parias internacionales, y ante el mundo es un castigo moral importante.
Es demasiado el daño por el régimen Ortega-Murillo al país, siendo uno de los más recientes capítulos la tenaz persecución a la Iglesia católica, que tiene asombrado al mundo, y por la que faltan probablemente más sanciones para castigar la oleada de represión contra la institución más sagrada, y de gran prestigio para los nicaragüenses.
Las sanciones son también una reacción a la repetición de cargos públicos ilegítimos que se auto recetan en los tres poderes del estado, con la complicidad de unas autoridades electorales que son ilegítimas y sin credibilidad, al no ser imparciales, y que boicotean así el funcionamiento de una verdadera democracia.