El Departamento de Estado de Estados Unidos aseguró que hoy en su informe anual sobre la “Trata de personas 2020” que Nicaragua “es un destino para turistas sexuales con niños de los Estados Unidos, Canadá y Europa occidental”.
La afirmación de Estados Unidos se argumenta porque el régimen de Daniel Ortega “no cumple completamente con los estándares mínimos para la eliminación de la Trata de Personas y no está haciendo esfuerzos significativos para hacerlo”, es por ello que el Departamento de Estado degradó al país al Nivel 3.
El documento detalló que “a pesar de la falta de esfuerzos significativos”, el régimen Ortega-Murillo no condenó a ningún traficante, y los esfuerzos de identificación de víctimas continuaron siendo inadecuados. Incluso señaló que hay empleados estatales cómplices de delitos de trata.
“El gobierno no informó de ninguna investigación, enjuiciamiento o condena de empleados del gobierno cómplices de delitos de trata, a pesar de la corrupción endémica y la complicidad generalizada entre funcionarios gubernamentales. El gobierno no cooperó con las ONG en la Coalición Nacional Contra la Trata de Personas (CNCTP) o la prestación de servicios a las víctimas. Los esfuerzos de enjuiciamiento, protección y prevención en las dos regiones autónomas caribeñas de Nicaragua continuaron siendo mucho más débiles que en el resto del país”, reza el informe.
Sobre el turismo sexual con infantes, Estados Unidos indicó que los traficantes de personas explotan a las víctimas nacionales y extranjeras en Nicaragua, y a las víctimas de Nicaragua en el extranjero. “Los grupos considerados en mayor riesgo para la trata de personas en Nicaragua incluyen mujeres, niños y migrantes. Los traficantes someten a mujeres y niños nicaragüenses al tráfico sexual dentro del país y en otros países de América Central, México, España y los Estados Unidos”, detalló.
El informe sostiene que las autoridades nicaragüenses informaron haber iniciado seis investigaciones en 2019, todas por tráfico sexual, en comparación con cuatro investigaciones en 2018 y cinco en 2017, realizó cinco arrestos asociados con el tráfico, pero sólo procesó a un traficante, acusado de tráfico sexual y laboral. Sin embargo, en 2019, el régimen no condenó a ningún traficante por segundo período de informe consecutivo.
El Departamento de Estado aseguró que, funcionarios de al menos cuatro de las agencias gubernamentales intengrantes en la CNCTP han perpetrado o autorizado violaciones de derechos humanos, creando un ambiente de impunidad y posiblemente disminuyendo la probabilidad de que las víctimas denuncien la trata de personas.
“El gobierno informó que no hubo víctimas adicionales identificadas por las ONG y otras organizaciones; sin embargo, datos externos indicaron que había al menos varias docenas de víctimas de trata identificadas por ONG en 2019. Aunque el gobierno afirmó que no había víctimas de trata extranjeras en 2019, una organización internacional organizó la repatriación de tres víctimas de Guatemala, Panamá y Costa Rica”, revela el informe.
Asimismo, criticó que el régimen no comparte detalles de protocolos para identificar a las víctimas de trata de niños y adolescentes, tampoco proporcionó atención médica y psicológica, asesoramiento legal y medidas de protección para las víctimas, no proporcionó servicios especializados o refugios y no reveló una cifra para estas asignaciones.
“El gobierno colocó a dos víctimas adolescentes en refugios no especializados y devolvió a las otras dos víctimas adolescentes a sus hogares, a pesar del riesgo de revictimización. El gobierno no priorizó la accesibilidad para víctimas de trata con discapacidad en centros de atención. No había refugios disponibles para hombres”, apuntó.
Pese a que el régimen de Ortega estableció un fondo dedicado para actividades de protección y prevención de víctimas mediante la Ley 896, por quinto año, no hay indicios de que ponga en funcionamiento dicho fondo.
RECOMENDACIONES DE EEUU:
Ante el grave panorama en Nicaragua, Estados Unidos brindó recomendaciones al régimen de Ortega sobre el manejo de la trata de personas:
- Aumentar significativamente los esfuerzos para identificar a las víctimas de la trata sexual y laboral, incluidos los extranjeros.
- Investigar, procesar y condenar a los traficantes, incluidos los funcionarios cómplices.
- Implementar enérgicamente la Estrategia Nacional para la Atención Integral a las Víctimas de la Trata de Personas mediante la identificación de víctimas, incluso entre las poblaciones vulnerables, y remitir efectivamente a las víctimas a los servicios adecuados.
- Asociarse con ONG para proporcionar a las víctimas atención a corto plazo, atención a largo plazo y servicios de reintegración.
- Enmendar la ley de 2014 contra el tráfico de personas para incluir una definición de tráfico consistente con el derecho internacional.
- Aumentar la financiación para la protección de las víctimas, financiar el fondo de la trata y proporcionar servicios especializados para las víctimas de trata.
- Cumplir con el requisito de la Ley 896 de incluir a la Federación Coordinadora Nicaragüense de ONG que trabajan con la Niñez y la Adolescencia (CODENI) para representar a las ONG en la Coalición Nacional contra la Trata de Personas (CNCTP).
- Aumentar la capacitación de los funcionarios gubernamentales, incluidos los trabajadores sociales, los inspectores del trabajo y los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, para facilitar una mayor identificación y asistencia a las víctimas, incluida la obtención de restitución.
- Fortalecer la aplicación de la ley y los esfuerzos de protección de las víctimas en las regiones autónomas del Caribe, especialmente a través del aumento de personal y financiamiento.
- Informar anualmente sobre el progreso en la implementación del plan de acción nacional.