La Unión Europea (UE) anunció este lunes que sancionó siete personas más y tres entidades vinculadas al régimen de Daniel Ortega en Nicaragua, “en vista del empeoramiento de la situación en Nicaragua”.
Los siete sancionados son: Camila Ortega y Laureano Ortega, hijos de Ortega; Brenda Rocha, Cairo Amador, Lumberto Campbel, magistrados electorales; Nahima Janette Díaz, Directora Telcor e hija del jefe de la Policía Orteguista Francisco Díaz y nuera de Ortega; y Luis Ángel Montenegro, superintendente de Bancos.
Las instituciones sancionadas son: La Policía Orteguista, el Consejo Supremo Electoral y el Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos (TELCOR).
“El Consejo decidió hoy imponer medidas restrictivas a siete personas y tres entidades adicionales en vista del empeoramiento de la situación en Nicaragua. Los nuevos listados incluyen a familiares del presidente Daniel Ortega y la vicepresidenta Rosario Murillo, la Policía Nacional de Nicaragua, el Consejo Supremo Electoral y la empresa supervisora de los servicios postales y de telecomunicaciones”, indicó la UE en un comunicado.
La Unión Europea afirmó que los sancionados “son responsables de graves violaciones de derechos humanos, incluida la represión de la sociedad civil, el apoyo a elecciones presidenciales y parlamentarias fraudulentas y el socavamiento de la democracia y el estado de derecho” en Nicaragua.
Con estas nuevas medidas, se totalizan 21 personas y tres entidades las sancionadas por la UE.
Los sancionados están sujetos a una congelación de activos, y los ciudadanos y empresas de la UE tienen prohibido poner fondos a su disposición. Estas personas también están sujetas a una prohibición de viajar, que les impide entrar o transitar por los territorios de la Unión Europea.
“El 8 de noviembre de 2021, el Alto Representante para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad emitió una declaración en nombre de la UE en la que subrayó que las elecciones celebradas en Nicaragua el 7 de noviembre de 2021 se habían desarrollado sin garantías democráticas y que sus resultados carecían de legitimidad. Declaró que el gobierno de Nicaragua ha privado al pueblo de Nicaragua del derecho civil y político a votar en unas elecciones creíbles, inclusivas, justas y transparentes, así como de su libertad de expresión, asociación y reunión pacífica”, apuntó la UE.