El partido Unión Democrática Renovadora (Unamos), antes Movimiento Renovador Sandinista (MRS) presentó este martes ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para interponer un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley Especial de Ciberdelitos, conocida también como “Ley Mordaza” o “Ley del Bozal”, por considerar que esta es “ilegal”.
Suyén Barahona, Ana Margarita Vijil, Tamara Dávila, Julio Ricardo Hernández y Aura Aragón, todos miembros de Unamos, señalaron que la “Ley Mordaza”, violenta “las garantías, derechos y disposiciones constitucionales, incluyendo los de seguridad jurídica, garantías judiciales, derecho a ser juzgado por causa previamente establecida de forma expresa e inequívoca, privacidad y protección de datos personales, rendición de cuentas y transparencia de la información pública, así como derecho de brindar y recibir información sin censura, entre otros”.
Unamos indicó que la legislación, violenta además, los tratados internacionales en materia de derechos humanos suscritos y ratificados por el Estado de Nicaragua que forman parte de los derechos constitucionales de los nicaragüenses.
“Con esa ley, la dictadura de la familia Ortega Murillo continúa su campaña de persecución, asedio, hostigamiento, amenazas y judicialización de periodistas, comunicadores, ciudadanos y ciudadanas que hacen uso de su derecho de libre expresión y de libertad de prensa”, expuso Unamos.
“Lo que pretende el régimen es silenciar al pueblo nicaragüense, tratando de imponer una mordaza para impedir que la ciudadanía nos expresemos en resistencia frente al régimen autoritario y en demanda de nuestras libertades, de democracia y de justicia”, agregó.
Barahona, presidenta nacional de Unamos indicó que con el objetivo del recurso es dejar constancia de la ilegalidad de dicha legislación, de la violación a la Constitución y a los Tratados Internacionales de Derechos Humanos.
Añadió que Unamos no acatará la legislación por ser inconstitucional. “No nos vamos a callar”, concluyó Barahona.
Con la Ley Especial de Ciberdelitos, el régimen de Daniel Ortega plantea castigar con cárcel la propagación de “noticias falsas” a su criterio, para encarcelar a periodistas y críticos.
La legislación establece penas de dos a 10 años de prisión para quien “publique o difunda información falsa, tergiversada que produzca alarma, zozobra y temor en la población”, y una condena de hasta cinco años de prisión para quienes “inciten al odio y a la violencia”.