Destacados / Nacionales · 25/04/2024

Universidades europeas expresan “máxima preocupación” por ataques a la libertad académica en Nicaragua

La red internacional de universidades europeas ‘Grupo Coimbra’, compuesta por 40 instituciones de 22 países, expresó su “máxima preocupación” y repudio frente a la represión de la libertad académica en Nicaragua, destacando el cierre de la Universidad Centroamericana (UCA) y las detenciones arbitrarias de su comunidad académica. 

El grupo, que tiene entre sus miembros a las universidades de Barcelona, Salamanca y Granada, indicó a través de una declaración que, en agosto de 2023, el régimen de Daniel Ortega cerró la UCA, una institución privada dirigida por los jesuitas, y confiscó todos sus bienes e infraestructuras.

El Grupo Coimbra llamó a la comunidad internacional a tomar medidas para “proteger, salvaguardar y restaurar de manera inmediata la libertad académica y la autonomía de los centros de educación superior” y a garantizar la seguridad y los derechos del personal de dichas instituciones y de sus alumnos.

En la declaración, se solidariza con los centros del país centroamericano “en estos tiempos difíciles” y pidió a las redes universitarias de todo el mundo a que ofrezcan su respaldo a estudiantes, profesores y personal de las universidades nicaragüenses y, siempre que sea posible, les ofrezcan oportunidades para finalizar sus estudios y continuar trabajando, ya sea mediante formación digital, un sistema especial de admisión o cualquier otra forma de colaboración”.

En su escrito, el Grupo Coimbra citó un informe del Observatorio de Derechos Humanos (Human Rights Watch) que señala al régimen orteguista de haber suspendido las actividades de 28 universidades desde 2018, como parte de la represión contra organizaciones creadas por representantes de la sociedad civil, así como más de 3.000 organizaciones no gubernamentales.

Es por ello que evocamos la Declaración de Lima de 1988 sobre la Libertad Académica y la Autonomía de las Instituciones de Educación Superior, que establece que las instituciones de educación superior deben actuar de manera crítica ante cualquier situación de represión política y de violación de los derechos humanos dentro de su propia sociedad”, señaló esa red.