El Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más presentó este miércoles 24 de abril su tercer boletín sobre la “Libertad Religiosa en Nicaragua”, en el cual establece que “el destierro, encarcelamiento y criminalización contra la libertad de religión fue uno de los principales hechos represivos durante 2023”.
El informe detalla que hasta la fecha, el régimen de Daniel Ortega ha desterrado a 42 religiosos: “35 sacerdotes u obispos, a 4 seminaristas y a 3 laicos”, quienes previamente fueron detenidos arbitrariamente por su participación religiosa.
De los 42 religiosos, 11 fueron desterrados hacia Estados Unidos y 31 a la Santa Sede del Vaticano. “Estas deportaciones se hicieron a ciudadanos nicaragüenses arbitrariamente desnacionalizados, por lo que no cuenta con ningún asidero jurídico que sustente este acto constitutivo de un ‘destierro’ y por ende de un crimen de lesa humanidad, sobre el cual, las autoridades implicadas, tanto judiciales, legislativas y administrativas deben ser juzgadas”, señaló el Colectivo.
Asimismo, la dictadura ha impedido el ingreso a Nicaragua de decenas de religiosos, tanto nicaragüenses como extranjeros. “En general, se contabilizan al menos 170 personas religiosas que han sido desterradas, deportadas, exiliadas o impedidas de ingresar al país, incluyendo en estas personas al menos a 76 monjas expulsadas”.
“Este patrón se intensificó en 2023 y se mantiene en este primer trimestre de 2024. Uno de los últimos casos conocidos fue el del sacerdote Juan Ramón Montalván en febrero de este año”, precisa el informe.
La ONG anotó que en el 2023 se incrementaron las detenciones a personas religiosas, la persecución y detención contra la feligresía, el impedimento de realización de actividades masivas o públicas de índole religiosa, el congelamiento de activos a las diócesis y el aumento de los discursos de odio y estigmatización, principalmente contra miembros de la Iglesia católica.
“De enero de 2023 a marzo de 2024, al menos 317 personas fueron desnacionalizadas, entre estas 22 personas religiosas católicas del país”, alertó.
El Colectivo sostuvo que el despojo arbitrario de la nacionalidad nicaragüense en contra de 22 religiosos católicos, el destierro de al menos 42 religiosos o la criminalización a 65 personas de fe, “resulta contrario a las obligaciones internacionales de derechos humanos asumidas por Nicaragua al ratificar la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos”.
Cuatro crímenes de lesa humanidad
El informe afirma que “las personas religiosas en Nicaragua han sido víctimas de al menos cuatro crímenes de lesa humanidad contemplados en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional”.
Estos cuatro crímenes de lesa humanidad son: la deportación o traslado forzoso de población, la encarcelación u otra privación grave de la libertad física, la tortura y la persecución de un grupo o colectividad; siendo las personas religiosas uno de los principales grupos afectados por la represión en Nicaragua.
“Esta persecución contra la Iglesia católica y en la actualidad dicha persecución continúa agudizándose por hechos consistentes a la prohibición para la realización de actos religiosos y la celebración de misas; el cierre forzado de radioemisoras, centros de estudio y universidades vinculadas con distintas congregaciones católicas, la detención arbitraria, encarcelamiento, desnacionalización arbitraria y expulsión del país de sacerdotes y otras personas religiosas católicas, sin garantías del debido proceso”, denunció el Colectivo.
Finalmente, el organismo recalcó que “un espacio cívico abierto, libre y plural, constituye una condición fundamental para garantizar que las personas tengan la libertad de profesar, manifestar y practicar su religión o creencias sin discriminación”.