El observatorio ciudadano ‘Urnas Abiertas’ publicó este jueves su séptimo informe en el que presentó una cronología de hechos que “confirman la ilegitimidad de las próximas elecciones en Nicaragua”.
“La legitimidad es uno de los principales elementos del poder político, desde la aprobación de la reforma electoral, en mayo de 2021, el Gobierno de Nicaragua ha cometido acciones que evidencian la ausencia de voluntad para garantizar las condiciones necesarias para un proceso electoral libre, justo, creíble, legítimo, transparente y observado”, dijo el Observatorio en su informe.
Urnas Abiertas menciona la aprobación de una reforma electoral totalmente contraria a las demandas de la ciudadanía nicaragüense y la comunidad internacional, la cancelación de la personería jurídica a tres partidos, la persecución judicial como “estrategia represiva con el objetivo de eliminar toda competencia electoral”, la detención de aspirantes presidenciales y figuras de la oposición, la eliminación de más de 1.100 centros de votación, la cancelación de la personería jurídica a varias organizaciones no gubernamentales, el allanamiento ilegal a las instalaciones del diario La Prensa, entre otros.
Urnas Abiertas también apuntó que desde junio una centena de personas han sido citadas a la fiscalía, principalmente periodistas, “como estrategia de intimidación”.
“La violencia política y la persecución judicial ha generado una nueva ola de desplazamiento y migración forzada, y también un absoluto rechazo internacional al gobierno de Nicaragua. La estrategia represiva ha tenido por objetivo eliminar la competencia electoral, utilizando especialmente el derecho penal del enemigo; esta situación desemboca en un proceso sin condiciones mínimas para ser justo, creíble, legítimo, transparente y libre”, reza el documento.
ILEGITIMIDAD DE ORIGEN Y EN EL EJERCICIO DE PODER POLÍTICO
El observatorio también presenta un análisis sobre “la ilegitimidad de origen y de ejercicio en el poder político en Nicaragua”. Al respecto señala que, “el detrimento de la legalidad y la falta de independencia entre los Poderes del Estado ha conllevado a que tanto las instituciones, como las leyes y las estructuras coercitivas del Estado les sirvan únicamente a los intereses de la familia de gobierno”.
“Los niveles de corrupción son tan elevados que no existe prevalencia de la legalidad y respeto por los principios fundamentales de justicia que deberían regir a una democracia contemporánea. También, existe un grave problema con el uso excesivo de la fuerza por parte de las autoridades estatales”, anotó.
Otras acciones que “deslegitiman el ejercicio del poder político del gobierno de Ortega”, son: Cooptación del Poder Electoral, Fraudes electorales, Cooptación del Poder Legislativo a través de procesos electorales fraudulentos, Cooptación del Poder Judicial, Persecución a periodistas, antes y después de 2018, Reelección presidencial inconstitucional, inmediata e indefinida, Construcción de un Estado familiar nepotista, Control de la Policía Nacional, Control del Ejército de Nicaragua, Desviación de fondos cooperación internacional, Eliminación de la libertad de cátedra, Crímenes de lesa humanidad, Persecución política, represión policial y asedio, y Excesivo uso de la fuerza.
“Toda esta serie de acciones que rompen con el contrato social basado en la definición del Estado como una entidad Social de Derecho, eliminan toda señal de legitimidad, por categoría de ejercicio, en el gobierno de Nicaragua. El gobierno de Nicaragua, entonces, carece de legalidad y legitimidad de origen y de ejercicio, lo que pone a Nicaragua en una crisis grave de soberanía”, zanjó.
El observatorio manifestó que la sociedad nicaragüense “no es capaz de participar libremente en un proceso que le permita elegir a sus representantes políticos, definir sus marcos legales y sus normativas internas, ejercer su libre derecho a la libertad de expresión y participar activamente en ningún proceso político que no cuente con la aprobación del gobierno”.
“El régimen nicaragüense, al no contar con legitimidad, no cuenta con el derecho que la ley le confiere de hacer valer la soberanía nacional”, concluyó.
VIOLENCIA POLÍTICA
Asimismo, Urnas Abiertas detalló que entre el 16 de julio y el 15 de agosto de 2021 se registraron 214 hechos de violencia política en el contexto electoral.
“Entre el 1 de octubre de 2020 y el 15 de agosto de 2021 se han cometido 1.375 hechos de violencia política en el contexto electoral. Tal como se advirtió en informes anteriores, la represión focalizada contra integrantes de organizaciones sociales o políticas podía variar a medida que avanzaran las actividades previstas en el calendario electoral”, destacó.
El observatorio apuntó que la violencia ejercida en este período tiene como objetivo eliminar la competencia electoral, así como restringir los derechos políticos de las y los nicaragüenses que se oponen al régimen de Daniel Ortega.