El observatorio ciudadano Urnas Abiertas denunció este martes al régimen de Daniel Ortega por violaciones al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos durante la sesión evaluativa 136 que realiza el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Ginebra.
Urnas Abiertas, es parte de una delegación de la sociedad civil nicaragüense que denunció al régimen de Daniel Ortega con el objetivo de contribuir a la revisión del cumplimiento de las obligaciones contenidas en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (ICCPR, por sus siglas en Inglés).
Entre los aspectos abordados están: marco constitucional y jurídico de la aplicación del Pacto (arts. 1 y 2), condiciones de los privados de libertad (arts. 6, 7 y 10), Derechos de los pueblos indígenas y otras minorías (arts. 2, 26 y 27), Corrupción (arts.14 y 25), Participación en asuntos públicos (art. 25), entre otros.
Olga Valle, directora de Urnas Abiertas, expresó la preocupación que existe ante las graves violaciones de Derechos Humanos que se viven en Nicaragua y las violaciones a los derechos reconocidos en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en el contexto de las elecciones generales de noviembre de 2021 y municipales de noviembre de 2022.
“Las elecciones de 2021 y 2022 han sido lideradas por un Consejo Supremo Electoral (CSE) conformado por magistrados militantes y aliados del FSLN. La autoridad electoral no garantiza la independencia, imparcialidad y transparencia requerida por los principios democráticos, por el contrario, sus acciones limitan el sufragio universal, igual, directo, libre y secreto al que tienen derecho las y los nicaragüenses”, dijo Valle.
Añadió que “las libertades fundamentales y el derecho a la participación política han sido conculcados de manera sistemática en los procesos electorales mediante la manipulación excluyente del padrón electoral, la persecución judicial de opositores, la exclusión de candidaturas y el uso ilegal de recursos del Estado con fines proselitistas”.
Valle mencionó las reformas electorales ordenadas por Ortega, las cuales “únicamente favorecieron la hegemonía del partido de gobierno y limitaron las oportunidades para unas elecciones libres, democráticas y transparentes”.
“La reforma atenta contra la libertad y acceso de la prensa, de opinión y expresión, de reunión y asociación pacífica, y movilización. Tal como la Organización de Estados Americanos indicó la aprobación de dichas reformas fue insustancial y representó ‘un claro retroceso para el ejercicio de los derechos políticos de los nicaragüenses, al incorporar, entre otras, disposiciones contrarias a los estándares internacionales en materia electoral’”, anotó.
Asimismo, Valle denunció que Ortega eliminó en 2021 a tres partidos políticos opositores y en este año, el régimen se tomó ilegal, arbitraria e inconstitucionalmente cinco alcaldías opositoras.
Advirtió que “la violencia política será de igual o peor magnitud que en las elecciones del pasado 2021, lo que nos hace temer que veremos una nueva escalada de violencia estatal en las elecciones municipales de este año”.
Urnas Abiertas pidió al Comité de la ONU que exhorte al Estado de Nicaragua a garantizar el desarrollo de elecciones libres y transparentes en consonancia al artículo 25 del Pacto, “para esto es necesario el cese inmediato de la represión, la libertad plena de las personas presas políticas, el nombramiento de nuevas autoridades electorales, la devolución de la personería jurídica de los partidos arbitrariamente cancelados, la derogación de las reformas electorales aprobadas en 2021 y 2022, principalmente la legislación para inhibir y restringir la competencia electoral”.
“Es urgente que el Estado propicie un entorno habilitante para el ejercicio del derecho de reunión y asociación y respete el derecho a elegir y la preferencia del votante”, finalizó Olga Valle.