El régimen de Rosario Murillo y Daniel Ortega otorgó seis nuevas concesiones mineras a cielo abierto a la empresa china Thomas Metal S.A., con una extensión total superior a 62.000 hectáreas en cuatro departamentos del país.
Con esta nueva asignación, la compañía chin acumula más de 119.000 hectáreas de territorio minero en lo que va de 2025, según el Diario Oficial La Gaceta.
En los últimos siete días, Thomas Metal S.A. ha recibido ocho concesiones por un total de 67.014 hectáreas, todas aprobadas por el Ministerio de Energía y Minas (MEM).
La empresa, inscrita en el Registro Público de la Propiedad de Managua y representada por Xiaocun Bao, empresaria de origen chino con residencia nicaragüense, ha pasado a ser una de las principales beneficiarias del auge extractivo impulsado por la dictadura.
Según la publicación oficial, los nuevos lotes —Río Coco I, La Coyotera, El Salto, Kukalaya, El Bongo de Hidalgo y La Perla— se ubican en los municipios de Quilalí y Nueva Segovia, y abarcan en conjunto más de 62.189 hectáreas.
En los últimos dos años, el régimen ha otorgado más de 20 concesiones mineras a empresas chinas, que cubren más de 500.000 hectáreas, incluidas zonas de alto valor ecológico como la Reserva de la Biosfera del Río San Juan.
El ambientalista y presidente de la Fundación del Río, Amaru Ruiz, denunció que este proceso de expansión minera viola la Ley del Régimen de Propiedad Comunal de los Pueblos Indígenas y Comunidades Étnicas de la Costa Atlántica.
“El régimen Ortega-Murillo entregó hoy seis nuevas concesiones mineras a la empresa china Thomas Metal S.A. Los lotes suman más de 62.000 hectáreas”, publicó Ruiz en su cuenta de X.
El activista también recordó que en mayo pasado el régimen derogó el decreto que regulaba las áreas protegidas, tras aprobar la Ley de Áreas de Conservación Ambiental y Desarrollo Sostenible, lo que dejó sin amparo legal a decenas de zonas de conservación.
La Fundación del Río ha advertido que el avance de la minería industrial y artesanal en zonas ecológicas sensibles podría legalizar actividades extractivas dentro de reservas naturales, profundizando la deforestación y el desplazamiento de comunidades indígenas.
Hasta finales de 2023, Nicaragua había otorgado 299 concesiones mineras, de las cuales 172 eran para minería metálica y 127 para no metálica.