La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha prohibido las ordenaciones de sacerdotes y diáconos en cuatro diócesis de Nicaragua cuyos obispos permanecen en el exilio, una medida que amenaza con profundizar la crisis pastoral que vive la Iglesia católica en el país y que podría derivar en el cierre progresivo de parroquias, aunque las vocaciones sacerdotales continúan surgiendo.
La prohibición afecta a las diócesis de Jinotega, Siuna, Matagalpa y Estelí, todas ellas sin obispo en el territorio nacional tras una serie de expulsiones y destierros que han marcado la relación entre el régimen sandinista y la Iglesia desde la crisis política de 2018.
Decenas de seminaristas que ya concluyeron sus estudios de Filosofía y Teología permanecen ahora en un limbo canónico, a la espera de poder recibir la ordenación.
El último obispo expulsado fue Carlos Herrera (obispo de Jinotega), también presidente de la Conferencia Episcopal de Nicaragua, quien fue desterrado en noviembre de 2024 después de denunciar públicamente que un alcalde afín al régimen interrumpió una misa con música a alto volumen.
Meses antes, Herrera había presidido en Matagalpa la ordenación de un sacerdote y siete diáconos, una celebración que la investigadora Martha Patricia Molina calificó como un “oasis litúrgico”.
La situación se agravó tras la expulsión en enero de 2024 de Rolando Álvarez, obispo de Matagalpa y administrador apostólico de Estelí, junto con Isidoro Mora, obispo de Siuna.
Vigilancia policial y presión sobre el clero
Sacerdotes nicaragüenses en el exilio señalaron que el régimen interviene directamente para impedir las ordenaciones, utilizando a la Policía para vigilar al clero y evitar celebraciones religiosas que impliquen la presencia de obispos de otras diócesis.
Uno de ellos atribuyó la situación especialmente a lo que describió como el “odio de la dictadura contra monseñor Rolando”, mientras otro explicó que en las diócesis sin obispo la vigilancia es aún más estricta para impedir que otros prelados viajen a realizar ordenaciones.
En la diócesis de Siuna, por ejemplo, al menos siete seminaristas que terminaron su formación en 2025 —además de otro grupo graduado en 2024— siguen sin poder ser ordenados.
Un bloqueo con trasfondo político
Desde el punto de vista canónico, el procedimiento para una ordenación requiere que el obispo de la diócesis emita una carta de autorización, incluso si se encuentra en el exilio. Sin embargo, según fuentes eclesiales, el régimen interpreta ese permiso como una interferencia política.
De acuerdo con sacerdotes consultados, el régimen considera esas cartas como una “intromisión en la soberanía” del país, al permitir que un obispo fuera de Nicaragua continúe gobernando su diócesis.
Mientras tanto, las ordenaciones continúan únicamente en las jurisdicciones donde los obispos permanecen en el país: la Arquidiócesis de Managua y las diócesis de León, Juigalpa, Granada y Bluefields.
En estas circunscripciones se han realizado algunas ordenaciones recientes de diáconos y sacerdotes, aunque bajo un perfil considerado prudente por parte de los obispos.
Un clero reducido y comunidades sin sacerdote
Las consecuencias pastorales ya se sienten con fuerza. Según la investigadora Molina, autora del informe Nicaragua: Una Iglesia perseguida, la diócesis de Matagalpa funciona actualmente con apenas el 30% de su clero activo, debido a expulsiones, destierros y exilios forzados.
En diócesis como Estelí y Jinotega la reducción pastoral alcanza hasta el 50%, lo que deja a numerosas comunidades sin la celebración regular de la Eucaristía ni acompañamiento pastoral.
“La ausencia del sacerdote significa para los fieles la pérdida del acompañamiento social y del auxilio sacramental”, advirtió la investigadora, quien alertó de la posibilidad real de un cierre progresivo de parroquias si no se logra reemplazar a los sacerdotes expulsados o exiliados.
Vocaciones que no se detienen
Pese al escenario de persecución, los testimonios recogidos coinciden en que las vocaciones sacerdotales no han disminuido. Jóvenes continúan ingresando a los seminarios y avanzando en procesos de discernimiento vocacional.
Incluso en medio de las restricciones, la Iglesia ha buscado vías alternativas para ordenar sacerdotes fuera del país.
En febrero, dos nicaragüenses fueron ordenados sacerdotes en la diócesis de Limón, Costa Rica.
Un sacerdote resumió la situación con una imagen que refleja la resistencia de la Iglesia nicaragüense: “La Iglesia en Nicaragua está crucificada, pero no está inmovilizada. La cruz sigue dando frutos porque la Iglesia no está estática, está en movimiento”.