La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo envió a la Asamblea Nacional una amplia iniciativa de reforma que modifica cinco leyes fundamentales del sistema penal, financiero y administrativo del país, en una nueva ofensiva legal que fortalece las facultades del Estado para inmovilizar, decomisar y administrar bienes, mientras amplía los mecanismos de vigilancia financiera y persecución bajo el argumento de combatir el terrorismo y el lavado de dinero.
La propuesta, enviada el 15 de junio de 2026 al presidente de facto del Parlamento, Gustavo Porras, plantea modificaciones a la Ley No. 977, Ley Contra el Lavado de Activos, el Financiamiento al Terrorismo y el Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva; a la Ley No. 976, Ley de la Unidad de Análisis Financiero (UAF); a la Ley No. 641, Código Penal; a la Ley No. 406, Código Procesal Penal; y a la Ley No. 735, Ley de Prevención, Investigación y Persecución del Crimen Organizado y de la Administración de los Bienes Incautados, Decomisados y Abandonados.
Aunque el régimen presenta los cambios como una adecuación a estándares internacionales, el paquete legislativo llega en momentos en que Nicaragua vive uno de los períodos de mayor concentración de poder estatal y después de años de confiscaciones masivas contra opositores, medios de comunicación, universidades, organizaciones civiles, empresarios, religiosos y ciudadanos expulsados del país.
La consolidación jurídica de las confiscaciones
Uno de los aspectos más relevantes de la iniciativa es el fortalecimiento de las facultades estatales para congelar, inmovilizar, decomisar y administrar bienes.
Las reformas otorgan mayores herramientas a las instituciones del Estado para actuar sobre fondos, propiedades y activos vinculados a investigaciones por lavado de dinero, financiamiento al terrorismo o delitos relacionados con el crimen organizado.
En la práctica, organizaciones defensoras de derechos humanos han advertido que conceptos como terrorismo y amenazas a la seguridad nacional han sido utilizados por la dictadura para justificar la persecución de opositores y críticos del régimen.
Amplían el concepto de terrorismo
La iniciativa introduce modificaciones a las definiciones contenidas en la Ley 977, incluyendo cambios en la conceptualización de los actos terroristas.
Aunque el documento argumenta que se trata de armonizar la legislación nacional con convenios internacionales, la ampliación de estas definiciones genera preocupación debido al historial del régimen de utilizar leyes antiterroristas para criminalizar protestas, actividades cívicas y expresiones de oposición.
Desde las protestas de abril de 2018, centenares de nicaragüenses han sido acusados de terrorismo, conspiración o delitos contra la seguridad nacional en procesos cuestionados por organismos internacionales.
La nueva reforma profundiza ese marco jurídico y amplía las herramientas disponibles para investigaciones y sanciones basadas en esas figuras legales.
Más vigilancia sobre ciudadanos, empresas y organizaciones
La propuesta también endurece los mecanismos de supervisión financiera.
Entre los sectores sometidos a mayores controles aparecen organizaciones sin fines de lucro, abogados, notarios, contadores, corredores de bienes raíces, comerciantes de vehículos, proveedores de activos virtuales, casinos y otros actores económicos.
Las nuevas obligaciones incluyen procedimientos más estrictos de identificación de clientes, beneficiarios finales y monitoreo de operaciones financieras.
En un país donde miles de organizaciones civiles han sido canceladas y donde el régimen mantiene una política sistemática de vigilancia sobre la sociedad civil, estas reformas podrían traducirse en un incremento del control estatal sobre actividades económicas y movimientos financieros de ciudadanos y entidades independientes.
Más poder para la Unidad de Análisis Financiero
La iniciativa fortalece además las facultades de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), una institución que en los últimos años ha adquirido un papel cada vez más relevante dentro del aparato de control estatal.
Las reformas facilitan el intercambio de información entre instituciones nacionales y extranjeras, así como el acceso a datos financieros considerados de interés para investigaciones.
Diversos sectores han denunciado anteriormente que la UAF ha sido utilizada como instrumento para presionar, investigar o bloquear operaciones de organizaciones y personas consideradas críticas del régimen.
Cambios al Código Penal y Procesal Penal
La reforma no se limita al ámbito financiero.
También modifica el Código Penal y el Código Procesal Penal, ampliando los mecanismos disponibles para las autoridades durante investigaciones relacionadas con lavado de dinero, terrorismo y crimen organizado.
Los cambios buscan agilizar procedimientos de investigación, aseguramiento de bienes y ejecución de medidas cautelares.
Sin embargo, en un sistema judicial ampliamente señalado por su falta de independencia, estas reformas podrían fortalecer aún más la capacidad del régimen para utilizar el aparato judicial como herramienta de persecución política.
Un nuevo paso en la concentración de poder
Desde 2018, la dictadura ha construido un entramado legal que incluye leyes sobre ciberdelitos, agentes extranjeros, defensa de la soberanía, control de organizaciones sin fines de lucro y seguridad nacional.
A través de ese conjunto de normas, el régimen ha encarcelado opositores, cerrado medios de comunicación, cancelado más de cinco mil organizaciones, confiscado propiedades y despojado de su nacionalidad a centenares de nicaragüenses.
La reforma enviada ahora a la Asamblea Nacional se suma a ese proceso de consolidación de poder. Con un Parlamento completamente controlado por el sandinismo, la aprobación de la iniciativa parece un trámite seguro.