La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo creó nuevas estructuras dentro del Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP) para supervisar la administración, clasificación, subasta y venta de bienes estatales, una decisión que cobra especial relevancia en un contexto marcado por las confiscaciones masivas ejecutadas contra opositores, organizaciones civiles, medios de comunicación, universidades y empresarios críticos del régimen.

La medida fue oficializada mediante el Acuerdo Ministerial No. 006-2026, firmado el pasado 5 de junio por el viceministro de Hacienda, Nicolás Espinoza Rivera, y publicado el martes 16 de junio en La Gaceta.

El acuerdo crea un Comité de Bienes del Estado (CBE) de carácter permanente y un Comité Técnico Ad Hoc de Subasta Pública, encargados de revisar, aprobar y ejecutar los procesos relacionados con la disposición final de bienes bajo control estatal.

Aunque el documento no menciona expresamente las propiedades confiscadas en los últimos años, la creación de estas instancias ocurre en momentos en que el régimen acumula centenares de inmuebles, vehículos, equipos y otros activos arrebatados a ciudadanos y organizaciones declaradas enemigas políticas.

Un comité permanente para decidir sobre los bienes del Estado

Según el acuerdo ministerial, el Comité de Bienes del Estado funcionará de manera permanente bajo la dependencia de la Dirección Superior del Ministerio de Hacienda.

La instancia estará integrada por la máxima autoridad del ministerio o su delegado, quien ejercerá la presidencia; la Dirección General de Contabilidad Gubernamental; la Tesorería General de la República; y la División de Asesoría Legal.

Por su parte, la Dirección de Bienes del Estado participará en las sesiones con voz, pero sin voto, presentando informes, expedientes y propuestas relacionadas con los activos administrados por el Estado.

La conformación del comité refleja una estructura orientada a centralizar las decisiones sobre los bienes públicos y aquellos que han pasado a manos estatales mediante confiscaciones, decomisos o procesos administrativos.

Facultades para aprobar subastas y ventas

Entre las principales atribuciones otorgadas al nuevo comité figura la facultad de aprobar las subastas públicas de vehículos y las ventas de bienes muebles declarados en condición de chatarra o dados de baja.

La normativa establece que el órgano podrá revisar, aprobar o rechazar las propuestas elaboradas por la Dirección de Bienes del Estado, así como autorizar los carteles, instructivos y fechas de realización de cada proceso de venta.

Asimismo, tendrá la responsabilidad de conocer los informes finales posteriores a las subastas y supervisar la liquidación de los bienes vendidos.

Otra de sus funciones será revisar las normativas relacionadas con la administración de bienes estatales y formular recomendaciones a la máxima autoridad del Ministerio de Hacienda para la toma de decisiones.

Un comité técnico para preparar cada remate

El acuerdo también crea un Comité Técnico Ad Hoc de Subasta Pública, que deberá constituirse para cada proceso de venta de bienes estatales.

Este grupo estará integrado por delegados de la Dirección de Bienes del Estado, la Dirección General de Contabilidad Gubernamental, la Tesorería General de la República y la División de Asesoría Legal.

Su misión será desarrollar la fase operativa previa a cada remate, incluyendo la preparación de expedientes técnicos, la documentación de respaldo, la organización administrativa de las subastas y la elaboración de informes finales.

Además, el acuerdo establece que cada miembro del Comité de Bienes del Estado deberá designar un representante para integrar este equipo técnico, que actuará como órgano auxiliar durante los procesos de venta.

Una reforma que coincide con la ola de confiscaciones

La creación de estos mecanismos ocurre después de años de confiscaciones sistemáticas impulsadas por la dictadura contra sectores considerados opositores.

Desde 2021, el régimen ha cancelado miles de organizaciones sin fines de lucro y posteriormente se apropió de muchos de sus inmuebles.

De igual manera, confiscó universidades privadas, medios de comunicación independientes, empresas y propiedades pertenecientes a líderes opositores, defensores de derechos humanos, periodistas, empresarios, sacerdotes y ciudadanos desnacionalizados.

Varias de esas propiedades han sido convertidas en instituciones estatales, centros de capacitación, universidades administradas por el régimen o sedes de entidades públicas.

Otras han sido puestas en venta o entregadas a organismos afines al sandinismo.

En los últimos años también se han documentado casos de viviendas y terrenos confiscados a opositores exiliados que posteriormente fueron ofertados en el mercado inmobiliario por medio de mecanismos administrados por el Estado.

Sustituyen el sistema vigente desde 2019

El acuerdo ministerial deroga expresamente los Acuerdos Ministeriales No. 013-2019 y No. 014-2019, que regulaban hasta ahora la administración de bienes estatales y los procedimientos de subasta pública.

Según el Ministerio de Hacienda, el cambio busca actualizar los mecanismos de control interno, fortalecer la supervisión sobre bienes dados de baja y mejorar la gestión de inventarios y activos estatales.

No obstante, la decisión se produce en un contexto en el que la administración de bienes confiscados se ha convertido en una de las herramientas más visibles de la política represiva del régimen.