Por Clara Burbano Herrera
En este artículo, Clara Burbano Herrera, catedrática de Derecho Internacional de los Derechos Humanos de la Facultad de Derecho y Criminología de la Universidad de Gante e investigadora visitante del Instituto de las Américas de la UCL, analiza qué nos puede enseñar el caso de Nicaragua sobre la importancia para los derechos humanos de las medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Más allá del cumplimiento: Por qué las medidas de precaución siguen siendo importantes en Nicaragua.
¿Qué valor tiene un mecanismo de protección internacional cuando un gobierno se niega sistemáticamente a cumplir con sus decisiones o simplemente las ignora? Esta pregunta ha cobrado mayor relevancia en los debates sobre las medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en relación con Nicaragua. A primera vista, la respuesta puede parecer sencilla: si un Estado incumple sistemáticamente las solicitudes destinadas a proteger a las personas que enfrentan riesgos graves y urgentes, podría parecer razonable concluir que el mecanismo en sí ha fallado. Sin embargo, mi investigación me lleva a una conclusión diferente.
Durante décadas, académicos y profesionales han tendido a evaluar el papel de las medidas de precaución principalmente desde la perspectiva del cumplimiento estatal. Este enfoque es comprensible. El propósito inmediato de dichas medidas es prevenir daños irreparables al exigir a los Estados que adopten acciones de protección urgentes. Por lo tanto, el cumplimiento parece ser el criterio definitivo de éxito. Sin embargo, la experiencia nicaragüense sugiere que este criterio por sí solo ofrece una visión incompleta. En contextos autoritarios, donde las instituciones nacionales ya no funcionan como controles efectivos del poder ejecutivo y los gobiernos rechazan abiertamente el escrutinio internacional, las medidas de precaución cumplen funciones que van mucho más allá de la mera cuestión del cumplimiento.
Este argumento surge de mi proyecto de investigación en curso, IMPACTUM, financiado por el Consejo Europeo de Investigación (ERC) mediante una beca Consolidator Grant. El proyecto examina el impacto de las medidas urgentes, incluidas las medidas cautelares y provisionales, adoptadas por organismos internacionales de derechos humanos para proteger a las personas privadas de libertad en seis países latinoamericanos. Nicaragua ofrece uno de los ejemplos más claros de los desafíos que enfrenta la protección internacional de los derechos humanos en contextos autoritarios contemporáneos.
El deterioro del Estado de derecho en Nicaragua desde abril de 2018 ha sido profundo y está ampliamente documentado. Lo que comenzó como una respuesta violenta a las protestas contra las reformas propuestas a la seguridad social se convirtió rápidamente en una política sistemática de represión dirigida contra opositores políticos, periodistas, estudiantes, defensores de derechos humanos, miembros de la Iglesia Católica, académicos, organizaciones de la sociedad civil y, en general, contra cualquier persona considerada crítica con el gobierno. Las instituciones nacionales independientes han perdido progresivamente su capacidad para brindar una protección efectiva, mientras que el sistema de justicia penal se ha utilizado cada vez más como instrumento para silenciar la disidencia en lugar de defender el Estado de derecho.
El costo humano de esta represión es impactante. Al menos 355 personas han muerto, más de 2000 han sido detenidas arbitrariamente y más de 2000 han resultado heridas desde las protestas de 2018. El gobierno ha despojado a 453 nicaragüenses de su nacionalidad, confiscado sus bienes y forzado al exilio. Más de 5000 organizaciones de la sociedad civil han perdido su estatus legal y 26 universidades han sido clausuradas. Se estima que 800 000 nicaragüenses han abandonado el país desde 2018, en una nación de aproximadamente siete millones de habitantes, lo que equivale a cerca del 12 % de la población total.
Las reformas constitucionales adoptadas en 2024 han consolidado aún más el poder ejecutivo al permitir la reelección presidencial indefinida, extender los mandatos presidenciales a seis años y eliminar salvaguardias constitucionales clave contra la detención arbitraria y la prohibición absoluta de la tortura.
En este contexto, la CIDH ha recurrido cada vez más a las medidas cautelares para proteger a las personas privadas de libertad. Según el artículo 25 de su Reglamento, las medidas cautelares tienen por objeto prevenir daños irreparables en situaciones de gravedad y urgencia, al exigir a los Estados que adopten medidas de protección inmediatas. Si bien no prejuzgan el fondo del asunto ni establecen responsabilidad internacional, siguen siendo uno de los instrumentos preventivos más importantes de la Comisión.
La magnitud de su uso en Nicaragua es notable. A lo largo de su historia, la Comisión ha otorgado 152 medidas cautelares relativas a Nicaragua, la gran mayoría de las cuales se han adoptado desde el inicio de la represión de 2018. Entre 2010 y 2017, solo se otorgaron cuatro medidas cautelares, ninguna de las cuales afectaba a personas privadas de libertad. En contraste, entre julio de 2018 y abril de 2026, se emitieron 145 medidas cautelares, de las cuales 61 (el 42 %) buscaban proteger a personas privadas de libertad. En conjunto, estas medidas han beneficiado a 218 detenidos, entre ellos 155 hombres, 57 mujeres, una mujer transgénero y cinco beneficiarios anónimos, así como a 26 unidades familiares, reconociendo que las consecuencias de la detención arbitraria a menudo se extienden más allá de quienes están directamente encarcelados. Mi análisis demuestra que estos casos revelan sistemáticamente tres patrones de abuso interconectados: violaciones del debido proceso y criminalización de la disidencia, condiciones de detención inhumanas y denegación de atención médica adecuada.
Desde la perspectiva de las respuestas estatales, se pueden identificar cuatro patrones principales en la aplicación de medidas preventivas por parte de Nicaragua. Estas respuestas no son mutuamente excluyentes y a menudo se superponen. En primer lugar, existe una negación categórica de la existencia de cualquier situación de extrema gravedad o urgencia. En los casos relacionados con el acceso a la justicia, las condiciones de detención y los riesgos para la salud, el Estado argumenta sistemáticamente que se respetan las garantías procesales, que las condiciones de detención cumplen con las normas constitucionales e internacionales y que se proporciona atención médica adecuada cuando es necesario. En esencia, la postura de Nicaragua es que no existe un riesgo real y, por lo tanto, no hay justificación para las medidas preventivas.
En segundo lugar, el Estado cuestiona la legitimidad de las medidas cautelares, argumentando que se utilizan para proteger a personas que han cometido delitos y que su adopción infringe la soberanía estatal. En tercer lugar, existe un intento más amplio de deslegitimar a la CIDH, presentándola como influenciada por intereses políticos externos, en particular los de Estados Unidos, y por lo tanto, carente de independencia. Esto desvía la atención de los casos individuales a la credibilidad de la institución en su conjunto. Finalmente, y quizás lo más llamativo, reina el silencio. Desde el 24 de marzo de 2022, Nicaragua ha dejado de responder a las solicitudes de información de la Comisión en el contexto de las medidas cautelares, dejando sin respuesta las últimas 42 solicitudes.
Podría concluirse, por lo tanto, que las medidas cautelares tienen poca relevancia en Nicaragua. No estoy de acuerdo. Si bien los niveles de cumplimiento son indudablemente muy bajos, y en muchos casos prácticamente inexistentes, su importancia no puede evaluarse únicamente en términos de cumplimiento. Basándome en mi investigación, que incluye entrevistas con beneficiarios de medidas cautelares, sostengo que dichas medidas, junto con la labor más amplia de la CIDH, siguen desempeñando un papel fundamental al reconocer a las víctimas y sus familias cuyas voces han sido silenciadas en el país, documentar patrones de abuso, mantener el escrutinio internacional y preservar el registro probatorio del cual pueden depender futuros procesos de verdad, justicia y reparación.
En contextos autoritarios, estas funciones simbólicas, jurídicas y documentales adquieren especial relevancia. El caso de Nicaragua nos invita, por lo tanto, a replantearnos cómo evaluamos el papel de los órganos internacionales de derechos humanos cuando los Estados incumplen deliberadamente sus obligaciones en virtud del derecho internacional de los derechos humanos. En lugar de limitarnos a preguntarnos si se cumplen las medidas cautelares, deberíamos también preguntarnos qué siguen logrando en ausencia de cumplimiento. Nicaragua demuestra que, incluso en las condiciones más adversas, estos mecanismos pueden proteger la memoria, mantener la atención internacional y sentar las bases para la rendición de cuentas futura.
Prof. Dra. Clara Burbano Herrera , Investigadora Principal de IMPACTUM, Directora de Human Rights in Context, Profesora Visitante de Investigación del Instituto de las Américas, University College London, Reino Unido, Profesora de Derecho Internacional de los Derechos Humanos, Facultad de Derecho y Criminología, Universidad de Gante, Bélgica. Para investigaciones relevantes, véanse Burbano y Haeck (2025) , Burbano (2026) y Haeck y Burbano (2026) .
Opinión publicada originalmente en UCL