El Grupo de Reflexión de Excarcelados Políticos (GREX) denunció que los nueve prisioneros del denominado caso 19 de julio de 2014 cumplen 12 años privados de libertad, pese a que organizaciones de derechos humanos han cuestionado durante años la legalidad de sus condenas y las condiciones de su encarcelamiento.
Según la organización, los nueve hombres fueron condenados a penas que, en conjunto, superan los 130 años de prisión, en un proceso que califican como una “chapucería judicial”, responsabilizando a la entonces jefa de la Policía, Aminta Granera, y al juez Edgard Altamirano por las sentencias emitidas.
GREX sostiene que los reclusos fueron encarcelados como una medida para desalentar las protestas contra el presunto fraude electoral registradas en los municipios de Ciudad Darío, San Ramón y San Isidro entre 2011 y 2012, antes de las elecciones generales de 2016.
La organización afirma que los prisioneros son hombres de origen campesino y trabajadores de distintas ocupaciones, entre ellos un empresario del transporte, un ingeniero civil dedicado a la agricultura, albañiles, pequeños productores agrícolas y un vendedor ambulante. Cinco de ellos tienen actualmente 59 años o más, mientras que los otros cuatro tienen entre 41 y 54 años.
De acuerdo con GREX, todos presentan distintos padecimientos de salud debido a la edad y a la falta de atención médica adecuada.
Entre las enfermedades denunciadas figuran diabetes, hipertensión, problemas dentales y pérdida de la visión.
La organización asegura que uno de los reclusos ha quedado completamente ciego durante su permanencia en prisión.
Además, denuncian que ocho de los nueve permanecen desde hace once años en la Dirección de Máxima Seguridad, conocida como “La 300”, donde reciben las visitas familiares a través de una lámina de fibra de vidrio y únicamente pueden abrazar a sus seres queridos durante cinco minutos al mes, beneficio que les fue concedido hace pocos años.
GREX también destacó que varios de los presos tuvieron participación política en el Partido Liberal y que tres de ellos integraron la antigua Resistencia Nicaragüense. Uno incluso fue electo concejal, aunque rechazó asumir el cargo como protesta por el proceso electoral municipal de 2012.
La organización considera que los nueve hombres representan “un símbolo de la crueldad y la persecución política” ejercida por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, al sostener que fueron castigados por su participación en manifestaciones de rechazo al fraude electoral.
El Grupo de Reflexión de Excarcelados Políticos subrayó además el caso de José Olivar Meza Raúdez, quien fue condenado a diez años de prisión y, según denuncian, cumplió su condena hace dos años, pero continúa privado de libertad sin que las autoridades hayan ordenado su liberación.
El caso de estos nueve prisioneros ha sido señalado en diversas ocasiones por organizaciones defensoras de derechos humanos, que han solicitado su liberación y han advertido sobre el deterioro físico y psicológico que enfrentan tras más de una década de encarcelamiento.